El director de los Mossos afirma que la Constitución no los limita
Inquietud por el papel de los servicios jurídicos de la Generalitat el 1-0
El flamante director general de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler Campins, reaccionó ayer afirmando que la Constitución no es su límite jurídico, ante la inquietud latente en el seno de la policía autonómica por la función que desde la Generalitat se le puede exigir el 1-0. Este sentimiento ha ido en aumento tras la reciente destitución del conseller Jordi Jané y del anterior director de la policía catalana, Albert Batlle .
En un mensaje en su cuenta de Twitter, y respondiendo a la información de
La Vanguardia sobre el malestar de los Mossos y su determinación de cumplir con la legalidad vigente, Soler afirmó: “Claro que los Mossos cumplirán la ley; ahora nuestro ordenamiento jurídico no se acaba con la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tiene primacía”. Un mensaje que no pasó desapercibido para los partidos de la oposición.
“Puigdemont seleccionó a Soler para saltarse las leyes, no para ser un buen director de los Mossos”, declaró el portavoz de Ciutadans, Fernando de Páramo. “Trasladar el falso debate del posible choque de legalidades al trabajo diario de los Mossos es una imprudencia y una irresponsabilidad”, afirmó David Pérez, diputado del PSC y secretario de la Mesa del Parlament, quien consideró que la “gravedad” de las declaraciones de Soler obligan al conseller d’Interior, Joaquim Forn, a “corregir o cesar” a su mano derecha.
“Soler se comporta como una versión cutre de Trump, provocando desde su Twitter. Ya dijimos que un hooligan está incapacitado para dirigir los Mossos”, declaró, a su vez, el portavoz parlamentario del PP catalán, Alejandro Fernández. Los partidos de la oposición ya censuraron la elección de Soler para dirigir a los Mossos tras conocerse una retahíla de mensajes en Twitter, con afirmaciones como “me dan pena los españoles”, que calificaron de xenófobos.
La inquietud que generan las consecuencias del choque institucional entre la Moncloa y el Palau no se limita a los Mossos y también preocupa a los servicios jurídicos de la Generalitat. El anuncio la semana pasada por parte del Govern de que, ante la investigación judicial abierta por el 1-0, la Generalitat garantizará el “derecho de defensa de los miembros del Ejecutivo de Puigdemont y altos cargos públicos que puedan ser imputados, ha puesto en alerta a los partidos de la oposición.
El primer movimiento al respecto fue la denuncia el pasado sábado, a través de los servicios jurídicos de la Generalitat, a los agentes de la Guardia Civil que están realizando, en su función de policía judicial, los interrogatorios, y por los que han sido imputados por sedición y otros delitos el secretario general de Presidència, Joaquim Nin, y el director de Comunicación, Jaume Clotet. Esta maniobra del Govern, entienden los partidos de la oposición, podría estar forzando a los servicios jurídicos de la Generalitat a traspasar su área competencial.
El artículo 9 de la ley de “organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalitat de Catalunya” señala que el abogado de la Generalitat puede asumir la defensa de los miembros del Govern, de altos cargos y de funcionarios “por actos u omisiones cometidos en el ejercicio del cargo que no puedan constituir delitos contra la Administración pública tipificados en el título XIX del libro II del Código Penal”. Y la ley orgánica 10/1995 del Codigo penal, recuerdan varias fuentes parlamentarias, tipifica como delitos contra la Administración pública la prevaricación, la malversación, la omisión de perseguir el delito, la desobediencia, la infidelidad de custodia de documentos, el cohecho y la sedición, entre otros delitos.
Cs, PSC y PP censuran las palabras de Soler y lo consideran incapacitado para dirigir la policía