El TC frena al Govern
Govern y Parlament serán requeridos para no tramitar las leyes de desconexión
El Alto Tribunal admitirá hoy a trámite el recurso contra la ley del Referéndum.
El Tribunal Constitucional (TC) decidirá hoy por unanimidad admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la reforma del reglamento del Parlament destinada a facilitar por vía exprés la aprobación de las leyes de “desconexión” con el Estado y la convocatoria del referéndum del 1-O. A finales de la semana pasada, el presidente del TC, Juan José González Rivas, llamó personalmente, uno por uno, a los once restantes componentes de la institución, que ya se hallaban de vacaciones, y les citó a las cinco y media de la tarde de hoy. El objetivo de la reunión extraordinaria del pleno es adoptar una primera resolución sobre la impugnación del Gobierno, que solicita expresamente en su escrito la suspensión automática de la citada reforma para la ruptura con España.
El Ejecutivo invoca el artículo 161.2 de la Constitución en relación con el artículo 30 de la ley orgánica del TC, “que establece que la interposición del recurso de inconstitucionalidad producirá la suspensión de la vigencia del precepto recurrido”. Dicha suspensión se entendería que ya entró en vigor desde la fecha de interposición de la impugnación, es decir, desde el viernes pasado.
La sentencia sobre el fondo del asunto llegará dentro de pocas semanas, probablemente a comienzos de septiembre. Lo que persigue el recurso es la anulación del artículo 135.2 del reglamento del Parlament, que prevé la aprobación de las leyes de desconexión por una vía exprés. Se trata de un procedimiento de lectura única que excluye la presentación y discusión de enmiendas a las leyes que propongan Junts pel Sí y la CUP para llevar a cabo sus planes de ruptura.
Como ponente del asunto ha sido designado, por el sistema de turno que rige en el Constitucional, el magistrado Ricardo Enríquez, elegido por dos veces para formar parte de esta institución a propuesta del PP. La primera, en el 2014, y la segunda en marzo de este año, en una renovación del TC pactada entre el PP y la gestora del PSOE.
En virtud de dicho acuerdo, cada uno de estos partidos propuso a dos magistrados. Los socialistas, al exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y la catedrática de derecho constitucional María Luisa Balaguer, próxima a la presidenta andaluza, Susana Díaz. Y el PP optó por la continuidad de Ricardo Enríquez y el acceso al TC de catedrático de derecho laboral Alfredo Montoya, próximo a su vez al ante- rior presidente de la institución, Francisco Pérez de los Cobos, también catedrático de la misma especialidad.
El PSOE se prestó de este modo a facilitar la renovación consciente de la relevancia que iba a tener el TC en los meses siguientes para detener las iniciativas de las fuerzas independentistas en Catalunya. El PP, a su vez, se mostró receptivo hacia los candidatos del PSOE precisamente para hacer más viable la continuidad de Enríquez, que de no haber sido reelegido antes de finalizar el mes de marzo, no habría podido seguir en la institución.
Este espíritu de consenso y colaboración entre los dos grandes partidos ha facilitado que el TC funcione engrasado frente a los proyectos de los partidos soberanistas. Y todo ello, a su vez, se ha traducido en que las resoluciones más relevantes relativas a las iniciativas de dichas fuerzas políticas para la ruptura con España hayan sido aprobadas por unanimidad.
En el TC no existe duda alguna de que esa unidad interna se va a mantener ahora para frenar la vía exprés hacia el referéndum del 1-O. El recurso del Gobierno afecta a materias constitucionales –los derechos de las minorías parlamentarias– , y la Constitución es taxativa en cuanto a la suspensión automática de las normas cuestionadas en cuanto la impugnación haya sido admitida a trámite. El pleno del Constitucional, en suma, no tiene por qué prolongarse ni un minuto más que el necesario para estas actuaciones. Pero en el Constitucional hay cierta preocupación por lo que pueda suceder inmediatamente después.
Los magistrados temen una escalada de la tensión hasta el próximo 1-O. Y que el recurso que hoy van a admitir a trámite no sea ni mucho menos el último de esta etapa en relación con los proyectos de ruptura. En este sentido, el TC realizará los requerimientos que la Abogacía del Estado le ha pedido para que advierta al Govern, a la Mesa del Parlament y sus altos cargos y funcionarios de las responsabilidades, incluidas las penales, en que pueden incurrir en caso de desobedecer la orden que sin duda recibirán para paralizar cualquier intento de aprobar las leyes de transitoriedad o la convocatoria del referéndum por la vía exprés que hoy quedará suspendida.
EL PONENTE La redacción del fallo ha sido encargada al juez conservador Ricardo Enríquez LAS CONSECUENCIAS El TC dejará en suspenso hoy mismo la norma prevista para acelerar la ruptura LAS ADVERTENCIAS La Generalitat será avisada de los efectos penales de la desobediencia