El Gobierno rehúsa pagar 450 millones a la gestora de El Pertús
La filial de ACS y Eiffage está en fase de liquidación desde finales del año pasado
España y Francia y TP Ferro –la concesionaria del túnel de El Pertús controlada por ACS y Eiffage– se verán las caras en el tribunal arbitral internacional para determinar si los respectivos estados deben compensar a la compañía, en liquidación desde finales del año pasado, por la resolución anticipada del contrato. Las discrepancias entre ambas partes son enormes, irreconciliables.
Por un lado, la administración concursal de TP Ferro cifró el pasado diciembre en 450 millones el valor teórico contable de los activos del túnel pirenaico y reclamó a los dos estados involucrados el pago de la pertinente compensación. Por otro, las dos administraciones –en el caso de España, el Ministerio de Fomento– ya avisaron desde el primer momento que veían totalmente fuera de lugar las reclamaciones de la compañía, aunque transcurrido más del medio año que preveía el contrato para dirimir amistosamente una eventual disputa, aún no han respondido oficialmente a la reclamación de la administración.
Fuentes del Ministerio de Fomento explicaron ayer el motivo del retraso en la respuesta: “Se ha pedido información complementaria que era imprescindible para el cálculo de la liquidación”. Tras obtenerla, continúan las mismas fuentes, “España y Francia están ultimando la documentación, para la que se ha contado con el parecer de expertos independientes, y próximamente se le hará llegar a la administración concursal con la liquidación correspondiente”. Obviamente, estará muy lejos de los 450 millones. La duda es si será cero o, incluso, si pedirá una compensación de la empresa a los estados.
La disputa entre España y Francia y la empresa radica en las causas que llevaron a TP Ferro a la quiebra en el 2016 después de ser incapaz de refinanciar una deuda financiera de 560 millones de euros. Las administraciones culpan a la compañía de mala gestión, mientras que en TP Ferro sostienen que el proyecto naufragó por la inacción de las respectivas administraciones, en especial por la tardanza en poner en marcha el corredor mediterráneo, del que debería nutrirse el tráfico de la concesión. El número de trenes que pasan por el túnel es bajísimo.
Nadie se responsabiliza del fiasco y, mientras se dirime si los estados deben correr con la responsabilidad patrimonial de la administración, la justicia acaba de eximir a los gestores: la ACS de Florentino Pérez y el gigante francés Eiffage, propietarios del 50% de TP Ferro, no se verán afectados por el concurso de acreedores.
Hace unas semanas, el juez del concurso archivó la llamada pieza de calificación del concurso, que se abre de oficio siempre que una empresa va a liquidación. Ni la administración concursal, ni la Fiscalía consideraron culpable el concurso y ningún acreedor presentó alegaciones para sostener lo contrario. En consecuencia, el juez mercantil de Girona calificó el concurso de fortuito, con lo que se ha exonerado definitivamente al consejo de administración y, subsidiariamente, a los accionistas de cubrir el elevado déficit concursal –la diferencia entre las deudas y los activos– de TP Ferro. ACS y Eiffage no deberán poner ni un euro.
Los dos grupos empresariales tampoco se beneficiarían de un eventual fallo favorable del tribunal arbitral, cuando se pronuncie. Como la compañía está en liquidación, cualquier ingreso que se produzca irá directamente a satisfacer los intereses de los acreedores. En este caso, la práctica totalidad de la deuda de TP Ferro está en manos de los bancos y de los fondos oportunistas que les compraron sus derechos de cobro en los últimos años. Es casi imposible –o imposible del todo– que la liquidación deje recursos económicos disponibles para repartir entre los accionistas que, por otra parte, ya lograron importantes beneficios cuando sus filiales constructoras se encargaron de la ejecución de las obras. Pero esto es otra historia. Ahora, en cuanto España y Francia presenten su informe, entrará en juego el tribunal arbitral. La batalla por la indemnización solo acaba de empezar.
EL GESTOR YA ES PÚBLICO La infraestructura ya está gestionada por las administraciones desde finales del año pasado ACS Y EIFAGGE, ABSUELTOS El juez exonera a ACS y Eiffage de cualquier responsabilidad en el concurso de TP Ferro