La realidad y los parches
Alfredo Pastor analiza la repercusión de la renta de ciudadanía aprobada por el Parlament: “Miremos de frente la enormidad de nuestros problemas sociales: muchos de nuestros conciudadanos no pueden satisfacer una necesidad vital como es tener un empleo con un sueldo decente; aquellos que pierden su puesto carecen de una formación que les facilite la recolocación; los servicios que deberían hacerlo sólo generan una parte ridícula de los nuevos contratos; los parados envejecen sin esperanza...”.
Es saludable confrontar, de vez en cuando, las declaraciones con los actos, ya se trate de una persona, ya de una sociedad entera, y a menudo son las cosas pequeñas en apariencia, los pliegues donde se cobija el diablo, las que mejor ponen de relieve las discordancias entre lo que se dice y lo que se hace. Tomemos, pues, como sujeto a la sociedad catalana, la nuestra, y como piedra de toque el acuerdo recién aprobado por el Govern de la Generalitat para poner en marcha, a partir del mes de septiembre, un programa de renta garantizada de ciudadanía (RGC en adelante). Descrito a grandes rasgos, el programa proporcionará una renta mensual algo inferior al salario mínimo interprofesional (664 frente a 707 euros) a los mayores de 23 años con dos de residencia en Catalunya y que no perciban otros ingresos. Puesta esta medida en su contexto, ¿qué nos dice sobre nosotros mismos?
El acuerdo tiene su origen en una iniciativa legislativa popular (ILP): un grupo de ciudadanos se tomó el trabajo de redactar una propuesta, recoger unos cuantos miles de firmas y presentarla, junto con las entidades sociales directamente interesadas en el asunto, al Parlament de Catalunya. Una acción que nos hace sentirnos orgullosos de nuestros conciudadanos. Por desgracia, han hecho falta tres gobiernos de la Generalitat para que la propuesta fuera tomada en consideración y se concretase en un acuerdo. Un hecho que contradice la sensibilidad por lo social de que nuestros dignos representantes suelen hacer gala en todo momento.
La medida tiene, claro está, sus riesgos: por ejemplo, es frecuente oír que con la implantación de la RGC muchos pueden preferir cobrarla sin hacer nada que ganar algo más trabajando a tiempo completo, de tal modo que acabemos por crear una clase de parásitos. Sólo estudios detallados permitirían averiguar si serían muchos los que elegirían vivir sin trabajar; sin embargo, los que trabajan sobre el terreno no vacilan en asegurar que son muy pocos los que desprecian la oportunidad de acceder a un empleo. Esta es una indicación de que, después de todo, nuestra sociedad goza de buena salud. A esta buena noticia hay que contraponer otra: la población a la que va dirigida la medida cumple el dicho según el cual hay mil maneras de ser infeliz, pues es extraordinariamente diversa, y por ello el diseño de un buen sistema de gestión para la prestación es algo poco menos que endiablado; y sin embargo, a escasas semanas de la puesta en marcha del acuerdo, casi nada se sabe de quién va a administrar la prestación ni de cómo se va a complementar la RGC con servicios de acompañamiento, ni de cómo y a quién habrán de rendir cuentas los responsables. Una medida de tanta trascendencia merecía más atención al detalle.
Queda la cuestión de los recursos. El presupuesto asignado, 600 millones de euros como objetivo que alcanzar en dos o tres años, es del todo insuficiente si se lo compara con la población de beneficiarios potenciales: unos 200.000 parados que han agotado la prestación; familias sin ingresos conocidos; hogares con riqueza neta negativa, es decir, con más deudas que activos. Los recursos violan una condición esencial de cualquier buena política: no hay que prometer lo que no se puede dar. En la práctica, la encargada de amoldar los deseos a la realidad será la picaresca de la administración de la Generalitat: se multiplicarán los requisitos de acceso a la RGC para reducir así el número de beneficiarios, se alargarán los plazos de tramitación, el periodo que media entre la concesión de la renta y su cobro efectivo se medirá en años… Viejas triquiñuelas que no son sino una forma más de corrupción.
No carguemos toda la culpa sobre nuestros políticos, porque estos deciden según interpretan los deseos de sus votantes, que somos nosotros. Miremos de frente la enormidad de nuestros problemas sociales: muchos de nuestros conciudadanos no pueden satisfacer una necesidad vital como es tener un empleo con un sueldo decente; aquellos que pierden su puesto carecen de una formación que les facilite la recolocación; los servicios que deberían hacerlo sólo generan una parte ridícula de los nuevos contratos; los parados envejecen sin esperanza, cuando por otro lado hay tareas que podrían desempeñar en beneficio de la comunidad. La solución a ese desbarajuste requiere atención y esfuerzo, y para ello es necesario que los ciudadanos la reclamemos como reclamamos otras cosas. También hacen falta recursos, bastantes más que los presupuestados, pero menos de los gastados en actuaciones de rentabilidad económica y social discutible. Miremos lo que estamos dispuestos a gastarnos y admitámoslo: la montaña de declaraciones, de manifestaciones y de agitación en torno a la pobreza, todo eso ha dado como resultado poco más que ese simpático, pero minúsculo ratoncito que es la RGC: el parto de los pobres. ¿Será que, en el fondo, los pobres no nos importan?
Casi nada se sabe de quién va a administrar la prestación de la renta garantizada de ciudadanía a partir de septiembre