La oposición, vigilante por el uso de los servicios jurídicos en el 1-O
Cs, PSC y PP piden a Puigdemont que no emplee recursos públicos en el proceso
La inquietud que existe en el seno de los Mossos d’Esquadra por el choque institucional del 1-0, y el papel que el Govern les puede exigir que desempeñen, ha calado también en otras instancias de la administración catalana, como los servicios jurídicos de la Generalitat. Conocedores de este clima de preocupación, los partidos de la oposición avisaron ayer al president Carles Puigdemont de que permanecerán vigilantes ante la posible utilización del Govern de los servicios jurídicos de la Generalitat en la disputa judicial que mantiene con el Gobierno por el referéndum unilateral del 1-0.
Ciutadans, PSC y PP consideran que la ley no permite que abogados de la Generalitat se encarguen de la defensa de aquellos altos cargos y funcionarios que estén imputados por delitos contra la Administración pública, tales como prevaricación, malversación de fondos o sedición. Ya que de lo contrario, avisan, el Govern estaría forzando a los servicios jurídicos a actuar fuera de sus competencias y empleando recursos públicos inadecuadamente.
Una interpretación del marco competencial de los abogados de la Generalitat diferente realiza el Ejecutivo de Puigdemont. La semana pasada el Govern anunció ante la investigación judicial abierta por el 1-0 que garantizarán el “derecho de defensa” de los miembros del Gabinete de Puigdemont, altos cargos y funcionarios que puedan resultar imputados. El primer movimiento en esta dirección ha sido la denuncia presentada contra los agentes de la Guardia Civil que están realizando, en su función de policía judicial, los interrogatorios a altos cargos, resultando inculpados el secretario general de Presidència, Joaquim Nin, y el director de Comunicación, Jaume Clotet.
Ayer los partidos de la oposición lanzaron una advertencia a Puigdemont. “Cs no permitirá que se usen los servicios jurídicos de la Generalitat que pagamos todos los catalanes como bufete de abogados privado de Puigdemont y Junqueras”, afirmó el portavoz del grupo parlamentario de Ciutadans, Carlos Carrizosa. “Si el Govern quiere saltarse las leyes que respondan con su patrimonio”, añadió.
El diputado del PSC y secretario de la Mesa del Parlament, David Pérez, avisó de que los socialistas catalanes “estarán atentos para impedir el uso impune de los recursos públicos al servicio del proceso”. El portavoz del PPC, Alejandro Fernández, advirtió la “gravedad” de la situación. “El Govern podría estar presionando a los servicios jurídicos de la Generalitat para realizar actuaciones más allá de sus competencias legales”. Ante esta situación, Fernández señaló su “voluntad de defender y proteger a cualquier funcionario que se vea forzado por el Govern a cometer ilegalidades”.
El martes pasado, ante el progreso de las investigaciones judiciales por el referéndum unilateral de octubre, el Ejecutivo catalán aprobó un acuerdo para “garantizar el derecho de la de- fensa” y proteger “a los trabajadores públicos en los procedimientos judiciales siempre que actúen en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo con los intereses de la Generalitat”, ya sea a través del servicio jurídico de la Generalitat o con la contratación de abogados externos.
Para los partidos de la oposición, este acuerdo, si bien se adecua a la legislación vigente, no puede afectar a los imputados –como sucede con algunos de los altos cargos investigados por el 1-0– por delitos contra la administración pública, como sedición y desobediencia. Tanto si la defensa corre a cargo de un abogado de los servicios jurídicos de la Generalitat, como si se encargan abogados externos pagados con dinero público, ya que podría constituir un delito de malversación por parte del alto cargo o funcionario que autorice o encargue dicha defensa.
Asimismo, la oposición subraya que el artículo 9 de la ley 7/1996 de “organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalitat de Catalunya” señala que los abogados de la Generalitat pueden asumir la defensa de los miembros del Govern, de altos cargos y de funcionarios “por actos u omisiones cometidos en el ejercicio del cargo que no puedan constituir delitos contra la administración pública tipificados en el título XIX del libro II del Código Penal”. Y la ley orgánica 10/1995 del Codigo penal tipifica como delitos contra la Administración pública la prevaricación, la malversación, la omisión de perseguir el delito, la desobediencia, la infidelidad de custodia de documentos, el cohecho y la sedición, entre otros delitos.