Artificios para cumplir el acuerdo de París
La negociación en la UE para facilitar la reducción de CO2 amenaza con devaluar el acuerdo climático, según las oenegés
La Comisión Europea está negociando un reglamento de reparto interno de esfuerzos entre países para cumplir el acuerdo de París contra el cambio climático. Algunas voces sostienen, sin embargo, que la flexibilidad que tendrán los gobiernos para cumplir el pacto amenaza con socavar o devaluar los objetivos comprometidos en materia de política climática.
La UE tiene como objetivo, para el año 2030, recortar un 30% –respecto al 2005– sus emisiones de gases generados en las llamadas actividades difusas (que incluyen edificación, transporte, agricultura y residuos, y en conjunto suponen el 60% del total de los gases invernadero). El resto de emisiones corresponde al sector eléctrico y la gran industria, regidos por el sistema europeo de comercio de emisiones, y para los que ya se acordó una reducción global del 43% en este periodo. La suma comporta que, para el año 2030, las emisiones en total deben bajar un 40% respecto a 1990.
La reducción del 30% para las actividades difusas es un objetivo europeo, pero cada país tiene una meta diferente, de manera que España, por ejemplo, debe reducir este tipo de emisiones un 26% para el 2030. La oenegé Transport and Environment critica que las medidas que debate la CE pueden dar lugar a “verdaderas vías escapatorias” que podrían burlar el pacto. Apunta que el recorte de emisiones del 30% podría quedarse sólo en un 26%.
Catálogo de facilidades: compraventa de permisos entre países Cada país tendrá asignado un volumen de emisiones anuales (o presupuesto de carbono) para cumplir en el periodo 2021-2030. Pero, si cree que rebasará el volumen concedido, podrá echar mano de varias opciones de flexibilidad. Así, los gobiernos podrán comprar cada año a otros países permisos de emisión de CO2. Además, algunos países podrán beneficiarse de cierta cantidad de derechos adicionales usando los permisos sobrantes del período Kioto II (2013-2020), que podrán descontar en la nueva etapa (2021-2030). Y, finalmente, también podrían descontarse las emisiones evitadas con la gestión de los bosques y los suelos.
Emisiones de CO2 evitadas por los bosques y los usos de la tierra Un asunto clave es el papel de los bosques, que actúan como sumideros que fijan y neutralizan el CO2 de la atmósfera. La propuesta de la Comisión permite que en los inventarios de gases de cada país se contabilice el balance de emisiones y absorciones de las actividades vinculadas a los bosques (que absorben emisiones en sus primeros años, antes de ser maduros). Asimismo, la CE propone contabilizar los usos de la tierra y los cambios en estos usos.
La Comisión es favorable a un reparto de 280 millones de toneladas (tn) de CO2 para el conjunto de la UE en el periodo 2021-2030, mientras que a España se le asigna un tope de 29 millones de tn para estos sumideros en todo el periodo. El hecho de que sólo se podrán contabilizar sumideros adicionales “implica la necesidad de mantener y mejorar los bosques, mejorar los suelos agrícolas y reducir la desertización”, afirma la Oficina Española de Cambio Climático”. “Lo lógico es que estos derechos se dieran comparando la situación de partida y de llegada, pero lo más probable es que se haga sobre la base de las promesas de lo que se va a hacer, por lo que hay el riesgo de que se exagere y no se haga lo que se dice”, afirma Carlos Calvo Ambel, analista de Transport and Environment.
Aprovechar los permisos de CO2 que no precise la gran industria Otra medida de flexibilidad más: a los países con un PIB superior a la media se les permitirá incluir en sus inventarios nacionales permisos de emisiones de CO2 no utilizados en el sector energético y la gran industria –sujetos al comercio de emisiones–, que podrían usar para cubrir el exceso de gases en las actividades difusas. Esta prerrogativa sólo la tendrían los ricos: Bélgica, Dinamar-
ca, Holanda, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Austria y Suecia, con un límite de 100 tn.
Reserva para derechos sobrantes en el periodo 2021-2030 La propuesta más polémica en esta negociación es la denominada reserva de emisiones: ciertos países que hayan sobrecumplido sus objetivos de reducción de gases en el periodo 20132020 podrán utilizar derechos sobrantes arrastrando una parte de ellos al nuevo periodo del acuerdo de París (20212030). La presidencia estonia propone para toda la UE una reserva de 100 millones de toneladas de CO2, aunque España quiere elevarla a 145 millones. No obstante, esta prerrogativa tendrá diversas restricciones. Los países sólo podrían recurrir a ella si el conjunto de la UE cumple la meta del -30% para el 2030 y si se trata de países con un PIB inferior a la media en el 2013. Además, previamente el país debe haber agotado los otros sistemas flexibles (bosques, permisos de la gran industria...), pero no puede haber comprado derechos de emisión a terceros ni haberlos vendido. Asimismo, el país solicitante sólo se puede beneficiar del 20% del sobrecumplimiento.
“Si la suma de peticiones de los países que lo necesitan totaliza más que la reserva prevista, esta se prorratea, y eso es algo que se sabrá en el 2032”, dice la Oficina de Cambio Climático. España sería uno de los países que podría usar como máximo un 20% de ese sobrecumplimiento en el periodo 2013-2020 (se estima que tendrá un saldo excedente de 143 millones es toneladas de CO2). Estaba obligada a recortar las emisiones de gases del sector difuso un 10% en el 2020 –respecto al 2005–, y esto es algo que va camino de conseguir favorecida por la crisis económica.
Cumplir sin hacer nada, el riesgo de desincentivar la acción real “Con esta reserva de derechos, desaparece en gran parte la motivación de los países para tomar medidas de acción climática”, sostiene Calvo Ambel. En su opinión, esta fórmula desincentivará el interés por reducir las emisiones con acciones y medidas efectivas, añade. Así, los países tendrían tres opciones básicas para cumplir el acuerdo de París: adoptar medidas nacionales efectivas para reducir el CO2 (ahorro y eficiencia de energía, fomento de renovables, cambios tecnológicos...), comprar permisos a otros países (lo que tendría un coste) y echar mano a esta reserva de derechos. “Obviamente, los países elegirán esta tercera opción, que es la más barata”, dice Calvo Ambel. El riesgo es que con esta contabilidad, los países no tengan ni siquiera que tomar medidas reales y efectivas para cumplir sus metas sobre emisiones. En cambio, si no existiera esa reserva, se crearía un estímulo más ambicioso para los países que les podría llevar incluso a vender créditos.
Los grupos ecologistas creen que la posibilidad de arrastrar parte de estos derechos es “incompatible con el acuerdo de París”, que se planteó como meta contener el incremento de temperaturas para evitar una subida de 2.ºC respecto a la época preindustrial y proseguir los esfuerzos para que no suba más de 1,5ºC. Añaden que esta propuesta no encaja con una trayectoria que logre reducciones de CO2 entre el 80% y el 95% para el 2050.
Decidir qué año arrancan las reducciones es relevante Un punto clave en la negociación es determinar en qué momento se pone en marcha el contador de las reducciones de gases, pues esto puede condicionar los esfuerzos que emprenda cada país.
La CE propone fijar como punto de partida las emisiones medias entre los años 2016 y 2018, y luego dibujar una línea recta hasta el 2020, de manera que es a partir de esa fecha cuando se inicia trayectoria de descenso obligatoria para cada país hasta el 2030.
Determinar el punto de arranque es decisivo. El problema es que, como las emisiones de CO2 previstas (escenario tendencial) se sitúan por debajo de la senda autoimpuesta por la CE (hasta el año 2025, más o menos), el resultado es que se generaría un gran excedente de emisiones en el primer quinquenio que podría ser utilizado a partir del 2025. Dicho de otra manera, sin hacer esfuerzos de reducción de gases con medidas concretas, los gobiernos ya cumplirían sus metas hasta el 2025, puesto que las trayectorias normales (sin esfuerzo adicionales) de las emisiones ya marcan un descenso.
La oenegé Transport and Environment propone que el punto de inicio sea el 2017, con lo que, al final, habría un recorte real de emisiones de 1.025 millones de toneladas.