La Guardia Civil intentará evitar el caos en El Prat
oeEl Gobierno refuerza la presencia del instituto armado para la huelga del lunes oeLos empleados de Eulen rectifican y volverán a votar mañana el acuerdo
Llegan los refuerzos. Los agentes de la Guardia Civil empezaron a intervenir ayer en los controles de seguridad del aeropuerto de Barcelona para aligerar las colas que sufren decenas de miles de usuarios desde hace tres semanas.
Las medidas drásticas esperarán a la huelga indefinida convocada para el lunes. Si el aeropuerto se sume en un caos mayúsculo, la Guardia Civil asumirá por completo los controles de seguridad de El Prat. Si las colas son como las de estos días –de unas dos horas en los peores momentos–, habrá un incremento del número de agentes de la Benemérita en los filtros de acceso a la zona de embarque pero sin llegar al extremo de reemplazar a los trabajadores de Eulen.
El cometido del refuerzo policial será el de dar velocidad a los controles, evitar que se ralenticen más de la cuenta y garantizar en todo momento la seguridad. Es una misión que ya empezaron a cumplir ayer mismo de manera visible durante los paros de una hora, cuando se pudo ver a varios agentes ayudando a mover bandejas de un lado a otro y revisando equipajes de mano de algunos pasajeros. Normalmente, los guardias civiles están en un segundo plano y sólo actúan cuando los agentes de seguridad privada se lo solicitan por cuestiones de seguridad.
“En una primera fase no se sustituirá a la empresa, aunque la Guardia Civil es quien tiene las competencias y si las medidas anunciadas no fuesen suficientes se analizarían medidas adicionales”, explicó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras reunirse con el comité de crisis convocado de urgencia en Barcelona ante la negativa de los trabajadores al incremento salarial de 200 euros mensuales propuesto por la mediación de la Generalitat. Estaban los responsables de la Guardia Civil en Catalunya y en el aeropuerto, así como representantes del ministerio de Interior y de Aena.
El lunes habrá también un refuerzo de los Mossos, que se encargan de la vigilancia del espacio público en las zonas previas a los filtros de seguridad, un punto que ya es competencia de la Guardia Civil. Poco después de reunirse con los miembros de la administración central, De la Serna mantuvo un encuentro con diversos consellers de la Generalitat. Entre ellos, el de Interior, Joaquim Forn, que puso los Mossos d’Esquadra a disposición del Gobier-
OTRA VÍA DE SOLUCIÓN El Gobierno inicia los trámites para dictar un laudo obligatorio que ponga fin al conflicto
no para lo que fuera necesario.
Durante este fin de semana diversos agentes de la Guardia Civil recibirán formación en radioscopia aeroportuaria, dotándolos así de la preparación necesaria para interpretar las imágenes de los escáneres de rayos X con los que se vigilan los equipajes de mano.
Comisiones Obreras (CC.OO.) denuncia que la implicación del Instituto Armado en el conflicto laboral “atenta contra el derecho de huelga” pero, según Fomento, responde a la salvaguarda del orden público y la seguridad. El Gobierno no da la cifra de agentes desplazados para cumplir con el operativo previsto y la Asociación Unificada de Guardias Civiles recuerda que “la plantilla está bajo mínimos”. La privatización de un servicio que hasta hace dos décadas estaba en manos de la Guardia Civil lleva a Ramón Rodríguez Prendes, presidente de la Unión de Guardias Civiles a recordar que “de esos polvos, estos lodos”.
A la vía de la Guardia Civil se suma la amenaza de un laudo de obligado cumplimiento tanto para trabajadores como para la empresa concesionaria. La Abogacía del Estado ha recibido el encargo de elaborar un informe en el que se determina la posibilidad de dictar un laudo de obligado cumplimiento para poner fin al conflicto. De momento se estudia su viabilidad. Para poder convocarlo, se tendría que reunir de manera extraordinaria el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado debería redactar el preceptivo informe. Desde el Ministerio de Fomento confían en que la simple posibilidad de plantear un laudo haga reconsiderar su posición a los trabajadores ya que en ese escenario tienen todas las de perder.
Las decisiones del Gobierno contaron con el apoyo de la Generalitat. “Trabajaremos juntos para que los ciudadanos que vayan al aeropuerto tengan claro que se encontrarán con un buen funcionamiento”, aseguró el conseller de Territori, Josep Rull. Ambas administraciones se comprometieron a trabajar de manera coordinada en la resolución del conflicto. El Ejecutivo central tiene la
PLANTILLA BAJO MÍNIMOS La Unión de Guardias Civiles apunta a la privatización como la raíz del problema
orden directa del presidente Mariano Rajoy de evitar conflictos políticos y competenciales. La implicación del ministro también supone una desautorización sobre Aena, que se mantuvo ajena al
conflicto durante más de una semana y cuando finalmente se implicó fue incapaz de resolverlo.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también mostró su disposición a colaborar en la desaparición de las colas. El ministro de Fomento puso con ella el colofón a una jornada de reuniones en la Delegación de Gobierno de Catalunya. “Desde el respeto a los procesos internos de los trabajadores, llamo a todo el mundo a la responsabilidad para valorar las conquistas conseguidas, que son muchos de los puntos de las reivindicaciones planteadas”, señaló Colau, advirtiendo que “sería un fracaso” si se llegase al punto del laudo obligatorio.