La ciudad con la firma de Chávez
Ciudad Caribia, la urbe socialista, encarna el éxito del proyecto de construcción de vivienda pública del comandante venezolano
Envuelta por las nubes de la cordillera de la costa venezolana, a 1.000 metros sobre el nivel del mar, Ciudad Caribia es un mundo aparte, alejado de las protestas diarias de Caracas. Aquí viven, en un centenar de bloques modernos y bastante bien equipados, 14.000 personas, casi todos damnificados de un alud de tierra que enterró parte de un barrio de infraviviendas de Caracas hace siete años dejando sin techo a 32.000 personas. Chávez supo estar a la altura. En las paredes laterales de los edificios –algunos sin terminar– puede verse su firma en letras rojas de dos metros de altura, como si el comandante difunto se hubiese asomado de las nubes para autografiar la obra.
Conocida como la ciudad socialista, es el proyecto más emblemático de la Gran Misión Vivienda, el programa de construcción de 1,7
Feudo del chavismo, es un lugar tranquilo donde no pagan alquiler y reciben un mínimo de víveres al mes
millones de viviendas públicas llevado a cabo bajo los gobiernos de Chávez y Nicolás Maduro.
Es uno de los feudos del chavismo. Y una visita a Ciudad Caribia puede ayudar a entender por qué al menos el 20% de los venezolanos sigue apoyando a Maduro (y por qué el 55% defienden el legado de Chávez), pese a las colas del pan, el arroz y los medicamentos que serpentean por las calles de Caracas, más abajo en la ladera de la montaña. Entre tres y ocho millones de personas –depende de si hubo fraude o no– votaron en las elecciones a la Asamblea Constituyente chavista a finales de julio. Esta base de apoyo al chavismo ha envalentonado al presidente Nicolás Maduro para concentrar el poder del Ejecutivo y actuar de forma autoritaria contra la Asamblea Nacional –de mayoría opositora– y contra la ex fiscal general y disidente chavista Luisa Ortega.
Pero es importante tenerla en cuenta. Porque, según ha advertido el papa Francisco, el discurso dominante sobre Venezuela en los medios internacionales –el de una dictadura carente de apoyo alguno– infravalora el grave peligro de conflicto civil si no se logra establecer un espacio de diálogo entre chavistas y oposición.
José Martínez, de 48 años y origen colombiano, vive con su mujer, Luz, y tres hijos en un apartamento modesto pero amplio de tres habitaciones, dos baños y un salón. Cuando el desprendimiento de tierra arrasó su casa en Catia, la familia pasó seis meses en un albergue y fueron de los primeros en instalarse en Ciudad Caribia. José baja a Caracas cada día en autobús para trabajar de vendedor en el mercado. Su hijo Kristian, de tres años, pronto asistirá a las guarderías públicas gratuitas. Keyly, de seis años, va al colegio de Ciudad Caribia y Kristian, de 18 años, al instituto, centros escolares construidos como parte del ambiciosos proyecto de Ciudad Caribia, que pretendía dar techo a una población de 100.000 personas cuando fue ideado en el 2006. Hay un centro de salud más arriba, (donde como en todas partes escasean muchos medicamentos) y más abajo, por la ladera de la montaña, la comisaría de policía a 200 metros garantiza la seguridad en un país donde la delincuencia violenta es endémica...
José tiene una parcela, en la que cultiva cilantro, cebolleta, pimiento para pimentón, maíz con el apoyo de un taller agrícola estatal que se ha abierto en Caribia con el fin de fomentar la producción de alimentos, parte de la estrategia gubernamental para afrontar el desabastecimiento crónico de víveres y los precios disparados del mercado negro. “Me han apoyado con bombas de fumigar; todo lo hago agroecológico”, añade mientras enseña la pequeña parcela con vistas panorámicas a la sierra, ahora que se despejan las nubes a mediodía. “Sí hay escasez, claro, pero la comida sí se consigue”, continúa. La familia pertenece a una de las miles de comunas creadas en los últimos años que reciben una llamada bolsa CLAP de alimentos cada mes por 10.000 bolívares –el salario míniva. mo en estos momentos son 250.000 bolívares, unos 40 euros a la tasa de cambio del mercado negro–. Consiste en cuatro kilos de arroz, otros cuatro de harina y dos litros de leche, así como otros productos esenciales (aceite y azúcar) y llega todos los meses. Los CLAP ya proporcionan subsistencia mínima a una cuarta parte de la población, la más pobre, y puede explicar en alguna medida el aguante de parte del apoyo a Maduro en barrios populares.
Es más, la familia Martínez no tiene costes de vivienda. Propiedad del Estado y sin poder venderse, las viviendas construidas en el programa Gran Misión Vivienda tienen un precio de alquiler muy asequible y en algunos casos, como Ciudad Caribia, no tienen coste. “¿Para qué vamos a hablar de lo que no es?”, dice José, a la defensi- “Hasta el momento no estamos pagando vivienda; si te digo que sí estoy mintiéndote y creo que nadie la paga”, añade.
Mientras que la oposición y muchos analistas en Washington y Madrid sostienen que la nueva Asamblea Constituyente marca el fin de la democracia venezolana y exigen elecciones presidenciales ya, José confía en el Gobierno. “Falta un año para las elecciones generales; la gente tiene que esperar”, dice. El Gobierno anunció el mes pasado que las elecciones regionales, aplazadas hace seis meses, se celebrarán en diciembre de este año y se compromete a cumplir con el calendario electoral para las presidenciales programadas para diciembre del 2018 de acuerdo con el mandato de seis años que Maduro obtuvo en las elecciones de abril del 2013. “Si la oposición gana el año que viene, pues muy bien, habrá ganado; si gana el Gobierno pues que se queden tranquilos y que me dejen trabajar”, prosigue. Son las opiniones que se expresan con más frecuencia en Ciudad Caribia tras repetidas victorias electorales del chavismo desde 1998, que jamás han sido reconocidas por la oposición.
Al igual que muchos venezolanos –y no sólo los chavistas– José y su familia se oponen a las protestas violentas, conocidas como la guarimba, en las que han muerto más de cien personas, tanto opositores como chavistas como transeúntes. “Personalmente yo quisiera que todo esto acabase, que todo estuviera más tranquilo; porque uno va a trabajar y, a veces, hay protestas y trancazos”, dice. “Debería haber un acuerdo entre el Gobierno y la oposición. Noso-
tros no hemos perdido a un familiar, pero nos duele”, dice. “Nuestros hijos son los que sufren por tanta pelea; sufren mucho estrés”, añade Luz.
La mayoría de comentaristas no chavistas en Venezuela creen que el programa de vivienda pública es la plasmación en hormigón del clientelismo corrupto del Estado bolivariano. La Gran Misión Vivienda “ha sido mucho mercadeo político para generar votos para mantenerse en el poder”, dice Francisco Mendoza, de la empresa inmobiliaria CBRE en Caracas. Seguramente, tiene razón. Chávez siempre entendía que dar servicios a las capas sociales menos favorecidas garantizaría la fidelidad política de un segmento mayoritario del electorado. Fue una fórmula que funcionó durante más de diez elecciones y referendos, en los que el chavismo se impuso. Y, con 1,7 millones de viviendas publicas, en un país de 31 millones de habitantes, son bastantes votos... “Maduro aún cuenta con una base importante de apoyo, quizás de uno de cada cinco ciudadanos frente al 40% de apoyo con el que cuenta la oposición; el resto apoya a Chávez pero es crítico con Maduro y con la oposición también”, aseguran en Torino Capital, una empresa de análisis sobre Venezuela radicada en Nueva York. Según su centro de estudios económicos y sociales en Caracas, el 63% de las clases sociales Dy E (las mas pobres) se definen como chavistas.
El objetivo de Gran Misión Vivienda era terminar tres millones de viviendas antes de finales del 2019, lo cual permitiría alojar al 40% de la población. Las vivien- das públicas han ido levantándose en suelo expropiado en diversos barrios de Caracas dando techo a los habitantes de los ranchos de infraviviendas que trepan por las montañas de la capital. “Entres por donde entres en Caracas vas a ver grandes edificios con la firma de Chávez; ha sido la prioridad, pese a la crisis no se ha parado de construir”, dijo Mario Isea, expresidente del banco público nacional que financiaba el programa de viviendas y que ahora es embajador de Venezuela en Madrid.
Sin embargo, la crisis finalmente parece estar pasando factura al programa y la meta de construir 100.000 viviendas al año ya no es alcanzable, según los expertos del sector inmobiliario en Caracas. “El Gobierno ya hace un año que no cumple con las metas de construcción que ellos mismos habían fijado; no tiene la liquidez necesaria para continuar, debe priorizar el gasto esencial, principalmente en la subvención de alimentos”, dice Mendoza. La calidad de los últimos edificios ha caído en picado, añade. “Las constructoras no tienen margen de beneficios así que no ponen cloacas ni luz ni agua; los edificios están ranchifi-
cándose (convirtiéndose en infraviviendas)”, asegura.
Mientras tanto, en los barrios de alto standing de Chacao, Altamira y las Mercedes que, paradójicamente, es donde se escenifican las batallas campales diarias entre policía y guarimberos, se levantan los otros inmuebles de los años de Maduro. Enormes bloques de oficinas de lujo. Debido a la depreciación vertiginosa del bolívar, que pierde la mitad de su valor cada dos meses, y la inflación –en torno al 600%– las grandes empresas multinacionales, muchas de ellas españolas, están invirtiendo en nuevos bloques de oficinas para cubrirse ante el riesgo de perder todos sus beneficios. Este hedging financiero mediante la compra de inmuebles de lujo ha disparado los precios y ha creado una burbuja descomunal que, paradójicamente, coincide con el colapso de la actividad económica en general. Solamente en Las Mercedes se están construyendo 160.000 metros cuadrados nuevos que saldrán al mercado en el año 2018... Los precios están por las nubes, en torno a 6.500 dólares (unos 5.500 euros) el metro cuadrado, una fuente excelente de beneficio para los promotores. “Están pagando más que en Nueva York”, asevera Francisco Mendoza.
En los barrios de alto nivel donde se suceden los enfrentamientos las empresas compran bloques como inversión