Turismo: un mal negocio
Este año el número de turistas en España se acercará a los 80 millones, tras crecer un 11% sobre el 2016. Catalunya recibe casi un 20%. En el 2015 la industria turística representaba un 11,1% del PIB y un 12% del empleo. Hoy son 2,8 millones de trabajadores. Su aporte al crecimiento económico es de 1/3 del total. Se trata, pues, de la industria motor de la economía española, porque se beneficia de la inseguridad en otros destinos posibles en el Mediterráneo y porque los gastos por vacaciones de los europeos siguen aumentando. Excepto en España, por cierto, donde el 40% de los españoles no ha podido salir de vacaciones este año.
Cierto es que se trata de un turismo barato, con un gasto medio de 129 euros diarios, muy por debajo de lo que gastan en Francia e Italia. Y también se observa un decrecimiento de la estancia media, que ha bajado a 7,9 días. Está pasando cada vez más de los turoperadores y las grandes cadenas hoteleras a un turismo de alojamiento semilegal organizado por los intermediarios de internet como Airbnb con la complicidad de propietarios e inquilinos especuladores, en ruptura con sus vecinos.
La saturación es evidente: en Baleares este año se esperan 2,03 millones de turistas siendo así que el total de ciudadanos empadronados en las islas es un millón cien mil. Lo cual repercute en la incapacidad de los servicios públicos, en particular sanidad, para satisfacer las necesidades de esa población estacional; en el encarecimiento de alquileres y precios por la distorsión entre la demanda global y la oferta local; en el desalojo de inquilinos que no pueden seguir viviendo en su ciudad, y en la destrucción de la convivencia ciudadana por el turismo de borrachera y drogas que caracteriza una parte de ese turismo. La saturación de un turismo a veces de poca calidad cívica explica las reacciones ciudadanas en diversos lugares, particularmente en Catalunya y Baleares, los territorios más sometidos a esta presión incontrolada. No son reacciones violentas en modo alguno. Todavía no hay partes médicos de turistas heridos por lanzamiento de confetis. Y algunas pintadas excesivas de gente exasperada no se han traducido en un solo acto de violencia física. Comparar esta protesta como hace el PP con la kale borroka es una ofensa a los demócratas vascos que tuvieron que sufrir en sus carnes la violencia del entorno de ETA en su momento. Aunque es sintomático que para este PP sitiado por la sociedad cualquier protesta le parece potencialmente delictiva. En realidad, en el mundo mediático en que vivimos, las acciones simbólicas de protesta contra el turismo depredador, que no contra el turismo debidamente regulado como cualquier otra actividad económica, han servido para despertar la conciencia de la ciudadanía y de los gestores políticos de que hay un problema serio que es necesario abordar.
Ahora bien, en el fondo de la relativa indiferencia que había con estos problemas se encuentra la idea de que es un peaje necesario que pagar por una actividad económica que nos da de comer en muchas zonas del país. De hecho, los beneficios económicos de este turismo son más que discutibles. Se trata simplemente de una idea obsoleta de la economía en la que los beneficios de las empresas y la creación de empleo, el que sea, es lo único que importa. Olvidando tanto la contribución al desarrollo de la riqueza del país a largo plazo como los costos no contabilizados, presupuestarios, sociales y medioambientales. Porque la madre del crecimiento de la riqueza es la productividad del trabajo.
El crecimiento de la productividad española fue negativo entre el 2000 y el 2014 y su repunte está por debajo del 1% anual, muy por detrás de nuestro entorno. Y esa situación está directamente relacionada con la predominancia de sectores de baja productividad como son el turismo y la construcción. La baja productividad no es necesariamente el resultado del tipo de actividad (en Estados Unidos o Francia, el turismo es más productivo que la media), sino de la baja cualificación de los trabajadores. Esta baja cualificación está directamente relacionada con la predominancia del empleo temporal en el sector, porque en los pocos meses que trabajan los empleados no pueden cualificarse ni a los empresarios les interesa formarlos.
Además, las condiciones de trabajo son frecuentemente inhumanas, como han denunciado los sindicatos (hacinamiento, intensidad de los ritmos de trabajo, precariedad). Y los salarios son los peores del mercado de trabajo, mileuristas o menos en término medio. Lo cual tiene consecuencias importantes sobre el déficit del Estado de bienestar, tal como ha analizado Miquel Puig. Por la sencilla razón de que los bajísimos sueldos apenas contribuyen a la financiación de la Seguridad Social mientras que los servicios de salud, educación y pensiones también deben ser proporcionados a estos trabajadores y sus familias. Es decir, que cuanto más empleo se crea en el turismo en condiciones de temporalidad y precariedad, más se agrava la crisis del Estado de bienestar y menos se contribuye a la mejora de la economía, que depende de la capacidad de consumo de la población.
Así, Baleares, que era la región más rica, está cayendo en comparación con otras precisamente por el predominio de una actividad mayoritariamente mal pagada. Es decir, que la bonanza de un sector viene acompañada de la precariedad y bajos salarios para sus trabajadores y del impacto negativo sobre el medio ambiente, la calidad de vida de los residentes y la convivencia ciudadana.
Un turismo regulado y encauzado, como propone el Gobierno de Baleares, es una bendición de nuestro clima y nuestra historia. Pero el turismo actual es insostenible y destructivo no sólo socialmente sino económicamente.
Cuanto más empleo se crea en el turismo en condiciones de temporalidad y precariedad, más se agrava la crisis del Estado de bienestar