Aumentan las ayudas ‘low cost’ para los beneficiarios de la dependencia
Los expertos alertan de que estas medidas no resuelven el problema pero reducen la espera
Fina Porcel, de 84 años, granadina de nacimiento “y vocación”, añade, lleva años sin poder moverse de la cama o el sofá sin ayuda. Sus piernas no responden y sus pulmones tampoco (“Nunca he fumado”, aclara). Su elevado peso no ayuda en absoluto, pero es lo de siempre, “la pescadilla que se muerde la cola”, reconoce: no anda porque las piernas le duelen, come, no desgasta, engorda…y no se puede mover. Su hija, Inma, de 52 años, pidió hace cuatro años el grado de dependencia, reconocido meses después. Pero las ayudas no llegaban. “Había una gran lista de espera y no quedaba más remedio que esperar”, relata Inma, que trabaja en la hostelería. Hasta que en abril del 2016 le concedieron un servicio de teleasistencia y una ayuda a domicilio de una hora diaria de lunes a viernes. Aparte, le ofrecían acudir a talleres ocupacionales. “¡A ella, que no anda! ¿Cómo la llevo? ¿Cuándo, si estoy trabajando?”, pregunta Inma.
Fina no es un caso asilado. La situación de Sole Reynoso, de 83 años, vecina de Getafe, es muy similar. Sin moverse ni para comprar (un vecino le ayuda con esas tareas) pasa el día encerrada en casa. Sus rodillas hace años que no responden. La teleasistencia y la ayuda de una mujer para limpiar tres horas a la semana son las únicas asistencias que recibe de los servicios de atención a la dependencia. Unos servicios claramente insuficientes, pero que hace dos semanas “me salvaron la vida”, reconoce. Sole se tropezó en la cocina cuando llevaba un vaso en la mano y cayó al suelo bocabajo, clavándose los cristales en la cara. No podía levantarse, pero sí pudo dar al botón de la teleasistencia que lleva colgado al cuello. Sole fue trasladada al hospital de Getafe en una ambulancia a la que avisó el profesional de teleasistencia que desde el otro lado del teléfono comprobó que la situación era complicada. “No sé cuánto estuve en el suelo porque no me podía mover. Menos mal que podía hablar y así comunicarme con los de la teleasistencia, que fueron muy efectivos”, relata.
¿Es suficiente el servicio de asistencia a la dependencia fijado para estas mujeres con inmovilidad manifiesta? ¿Era esto lo que establecía la ley de Dependencia, el cuarto pilar del Estado de bienestar? La respuesta a ambas preguntas es un rotundo no, tal y como, una y otra vez, han mantenido los representantes de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, quienes insisten que los servicios que se están ofreciendo a los dependientes en los últimos años son de baja calidad e insuficientes. Pero ese bajo coste permite sacar de la lista de espera a muchos de los que llevan años esperando una ayuda establecida por ley. El ‘low cost’ se ha instalado en la dependencia, asegura su presidente, José Manuel Ramírez.
Según el Observatorio de la Dependencia correspondiente al primer semestre del 2017, que elabora la citada asociación con los datos oficiales del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, la incorporación el 1 de julio del 2015 de todas las personas con Grado I (moderado) supuso un importante incremento de la lista de espera que debía absorberse en el menor tiempo posible. Y se está haciendo, aseguran. Tras los duros años de la crisis, se retomó la atención que a 30 de junio de este año alcanza a casi 900.000 personas, siendo el número total de personas dependientes reconocidas de 1.217.355. La reducción neta de la lista de espera en los dos años transcurridos desde la entrada de los dependientes moderados ha sido de 123.000 personas (un 28% en dos años).
¿Cómo se ha hecho? La res-
La teleasistencia es prácticamente lo único que se ha extendido y así se reduce la lista de espera
La patronal catalana alerta de que si no sube la tarifa, la misma desde hace 7 años, se darán servicios mínimos
puesta la da el informe del Observatorio de la Dependencia: “Los crecimientos que se han dado en los dos últimos años tienen mucho que ver con las atenciones que podríamos denominar de bajo coste, como la prevención y promoción de la autonomía en muchos casos; la teleasistencia, con un coste medio de 25 euros al mes; o las prestaciones económicas por cuidados en el entorno, cuya media mensual está cercana a los 300 euros y bajando”.
Según este trabajo, más de la mitad del incremento de las atenciones desde julio del 2015 se deben a intervenciones de bajo coste y, muy especialmente, a la teleasistencia, que en algunos territorios se está configurando como única prestación. Para algunos casos, de forma muy peligrosa. “La urgencia de sacar expedientes de la lista de espera y la presión presupuestaria no pueden convertir la atención a la dependencia en el despliegue de atenciones que deben ser consideradas sólo como complementarias y nunca suficientes por sí mismas”, señala Ramírez.
La realidad es, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que a pesar del incremento de personas asistidas, el coste por dependiente atendido está descendiendo y la generación de empleo se ha frenado por primera vez en el sector. “Corremos el peligro de crecer con atenciones mediocres que no suponen auténtico apoyo a las personas, que no generan suficientes retornos y que no son fuente de empleo”, señala el informe.
Pero no son los únicos que alertan sobre la instalación del low
cost en la dependencia. También lo ha denunciado la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), que ha reclamado “un aumento urgente de las tarifas públicas para evitar el colapso de las residencias de la tercera edad, centros de día y servicios de ayuda a domicilio, y que no se vean obligadas a ofrecer un servicio de baja calidad”. Actualmente, 24.000 personas están en listas de espera para acceder a una plaza residencial en Catalunya, según los datos de esta entidad correspondientes al pasado marzo.
La patronal explica que la delicada situación del sector se deben a que las partidas económicas, que aporta la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies están congeladas desde hace siete años, mientras que los costes del servicio han aumentado un 10,62%. “Sin un aumento de las tarifas tendremos que diseñar un servicio de mínimos con lo imprescindible, un servicio low cost”, indicó Cinta Pascual, presidenta de ACRA.