Un siglo en positivo
Juan José López-Burniol echa la vista atrás para comparar la situación actual de España con la que vivía el país en el convulso año 1917, una forma de atemperar los ánimos de los más agoreros: “España está por tanto en un buen momento, aunque tiene –eso sí– un problema político grave en Catalunya: el problema español de la estructura territorial del Estado, es decir, del reparto de poder, que se plantea cada vez que España recupera la libertad”.
Seguro que le ha sucedido a cualquiera de ustedes. En una de estas rituales cenas de verano que se celebran especialmente los fines de semana, uno de los comensales pregunta inquieto: ¿Qué pasará? ¿Cómo terminará esto? Todos los asistentes saben a qué se refiere y, de forma inmediata, surgen las respuestas. Entre ellas, la del pesimista que pontifica poniendo cara de trascendente preocupación: “Acabará mal, muy mal. Habrá un enfrentamiento que, como todos, se sabe cómo comienza pero no cómo termina; sin excluir, como ya ha advertido algún político, la ulsterización del conflicto”. Pero abundan más las respuestas del enterado que, esbozando media sonrisa e insinuando contactos con el “comité invisible”, sentencia apodíctico: “No pasará nada”.
No tengo ni idea de lo que pueda pasar. Estamos ante una encrucijada decisiva, que incidirá en nuestra vida y en nuestros intereses, pero soy incapaz de prever lo que nos aguarda. Sólo una razón me hace ser optimista: España –y Catalunya en ella– goza de una discreta buena salud, que se manifiesta en una economía en crecimiento basada en las exportaciones, dentro de las que los productos con un alto valor añadido tienen una importancia creciente; una estructura social estable con una fuerte cohesión familiar; una corrupción concentrada en ciertos ámbitos que, como los tumores cancerígenos localizados, aún no se ha extendido a todo el tejido social; una razonable presencia en las instituciones europeas; y unas posibilidades evidentes que le brindan, en Latinoamérica, una lengua y una cultura compartidas. Todo ello augura un futuro esperanzador. España está por tanto en un buen momento, aunque tiene –eso sí– un problema político grave en Catalunya: el problema español de la estructura territorial del Estado, es decir, del reparto de poder, que se plantea cada vez que España recupera la libertad. Ahora bien, si se compara la situación actual con la de hace un siglo –en el verano de 1917–, la diferencia en positivo es abrumadora. La crisis de entonces vino definida por tres hechos: las Juntas Militares de Defensa, la Asamblea de Parlamentarios y la huelga general revolucionaria, que fueron el prólogo de unos “años amargos” de disolución política (1917 a 1923), que a su vez desembocaron en la dictadura del general Primo de Rivera.
El ejército, tras la derrota de Cuba, había perdido prestigio y consideración social. Por otra parte, los sueldos de un cuerpo de oficiales sobredimensionado eran modestos. Esta doble frustración psicológica y económica provocó la aparición, hacia 1916, de las Juntas de Defensa, dirigidas desde Barcelona por el coronel Márquez. Reclamaban, además de mejoras salariales y orgánicas, la convocatoria de Cortes constituyentes, la renovación de la clase dirigente y la desaparición del caciquismo. Los esfuerzos del Gobierno para disolverlas fueron inútiles. Valga –como ejemplo– que, cuando el ministro de la Guerra viajó a Barcelona para imponer su autoridad, oficiales de la guarnición de Zaragoza desengancharon su vagón del tren.
A los militares siguieron muy pronto los políticos. Cambó –regionalista catalán– y Melquíades Álvarez –un intelectual de izquierdas que lideraba el partido reformista– tuvieron a la vez la idea casi revolucionaria de reunir en asamblea a todas las fuerzas políticas existentes en España. En julio de 1917 se convocó la asamblea en Barcelona. Cambó quiso sumar a las Juntas de Defensa, pero su intento no prosperó por el rechazo de los militares a los catalanistas desde el incidente del ¡Cu-Cut!. Tampoco Maura quiso cooperar, si bien sí se adhirieron los socialistas y Pablo Iglesias fue a Barcelona. Así las cosas, la Asamblea de Parlamentarios nació coja por la derecha y, además, tampoco estaban todas las fuerzas regeneracionistas. Abundaban los intelectuales de izquierda y los burgueses catalanes. Sólo hubo tiempo de proclamar la soberanía del pueblo y exigir la convocatoria de Cortes Constituyentes. Al día siguiente fue disuelta por la fuerza pública.
El triunfo de la revolución rusa en 1917 revitalizó el mito de la huelga general capaz de poner al Estado de rodillas y propiciar un cambio de régimen. En España, la huelga convocada en agosto de aquel año distó de ser general, aunque se sumaron los anarquistas. Hubo múltiples estallidos de violencia. El Gobierno llamó al Ejército y este acudió. Los militares, al igual que los burgueses levantiscos de la Asamblea, se unieron al Gobierno contra el asalto del “cuarto estado”. Hubo 71 muertos, 37 de ellos en Barcelona.
Si se compara la situación actual con la de hace un siglo, la diferencia en positivo es abrumadora
Con toda esta agitación, el sistema quedó malherido. Los gobiernos de concentración no lo sanaron. Comenzó para el régimen la cuenta atrás, que desembocó en la dictadura. Afortunadamente, las cosas son hoy bien distintas: estamos en Europa, la economía tira, el ejército cumple, los políticos no ensayan fórmulas extraparlamentarias y no existe ningún riesgo de una huelga general. Queda la grave cuestión catalana, cuya resolución exige una brizna de talento, algo más de generosidad y una buena dosis de coraje. Por parte de todos. La Asamblea de Parlamentarios de Barcelona en 1917