Un enfermero para 343 residentes
La muerte de una anciana en una residencia de Arganda (Madrid) revela la falta de personal de asistencia en los centros residenciales
El pasado 9 de mayo, una anciana de 93 años moría en una residencia pública de Arganda del Rey (Madrid) tras quedar atrapada en su cama. Según explicaron fuentes de la Consejería de Familia y Políticas Sociales, la mujer estaba en su habitación y cuando se intentó incorporar, se le quedó atrapado el pie entre el somier y la barra de protección.
El caso, desvelado por la cadena Ser, fue denunciado a la Fiscalía por el único enfermero que en ese momento estaba en la residencia, a cargo de 343 residentes. Junto a él, diez auxiliares de enfermería.
Cuando el enfermero llegó se encontró “una imagen tremenda. Cecilia estaba en el suelo boca arriba. Su pierna derecha, a la altura del tobillo, estaba aprisionada de tal manera con la barra de protección de la cama, que sus huesos se habían roto y habían rasgado la piel. La pierna estaba semiamputada. Cecilia estaba consciente pero en estado de shock. La cama y la barra habían hecho una especie de torniquete con la pierna, lo que impidió que se desangrara”, explicó en la radio. Avisó de inmediato al 061, solicitó una UVI móvil y les pidió que llamaran a los bomberos porque la pierna estaba demasiado encajada entre los hierros. Días después, la mujer moría en el hospital. Según la Comunidad de Madrid, el accidente fue “fortuito” y nada tiene que ver lo ocurrido con la falta de personal. De hecho, aseguran que el personal que había en la residencia (un enfermero, diez auxiliares y un auxiliar de control) era más de lo que estipula la normativa. Pese a esto, ha abierto una investigación para aclarar los hechos, algo que también investiga el Defensor del Pueblo al que recurrió el enfermero.
Sin embargo, la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT denuncia que las ratios de usuarios y sanitarios se incumplen al contabilizar hasta a los cocineros UGT no está en absoluto de acuerdo con la versión de la Comunidad y denuncia que las ratios actuales entre usuarios de las residencias de mayores y trabajadores, establecidas por la ley de dependencia, se están utilizando de forma engañosa ya que, para cumplirlas, las residencias contabilizan a trabajadores que no atienden directamente al dependiente (limpiadores o cocineros) como trabajadores asistenciales, que sí atienden al usuario (gerocultores y enfermeros).
Esta práctica , señalan desde el sindicato, provoca un deterioro peligroso del servicio que se presta a los usuarios que puede acabar en tragedia. Esta situación puede ser aún más dramática en las residencias del sector privado, donde los trabajadores, “en muchos casos tienen miedo a denunciar la situación”, añaden.
En el mes de mayo, UGT presentó una queja ante la Defensora del Pueblo donde informaba de la situación del sector y le pedía que instara a los poderes públicos a cumplir con su obligación de garantizar que los fondos públicos con los que se contrata la prestación de los servicios de la dependencia cumplan su objetivo, tanto en la calidad como en la atención a los mayores. También en la estabilidad laboral. El sindicato aún no ha obtenido respuesta alguna.
Gracia Álvarez Andrés, secretaria del Sector Salud, Sociosanitario y Dependencia de FeSPUGT cree que es hora de que las administraciones hagan cumplir la ley, sin trampas ni rodeos. “Tenemos constancia de que el catálogo de servicios básico no se está prestando con la calidad suficiente”, apunta. “Tenemos información –añade Álvarez- de casos en los que una sola trabajadora se queda al cuidado de cuarenta internos durante las noches o de residencias que levantan a las cinco de la madrugada a los mayores para asearlos y los dejan sentados horas, hasta que llega el desayuno. Estos ejemplos nos deben hacer pensar sobre el trato que damos a nuestro mayores y dependientes y qué tipo de sociedad somos si tratamos a estas personas como piezas de una cadena de montaje”.