Maduro ofrece diálogo mientras su Asamblea Constituyente toma el poder
La fiscal general venezolana huye a Colombia con pruebas contra el presidente
El régimen chavista da cada día un paso más para convertirse en una dictadura al estilo cubano. Aún no llegó a ese extremo, pero el autoritarismo del gobierno y la nula separación de poderes ha provocado que la comunidad internacional ya no considere a Venezuela una democracia. La última vuelta de tuerca corre a cargo de la controvertida Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que la semana pasada decidió formalmente asumir las competencias legislativas del Parlamento de mayoría opositora.
El rechazo de sus vecinos latinoamericanos ha vuelto a hacerse patente, mientras el presidente Nicolás Maduro pretende acallar toda disidencia interna, como la de la fiscal general destituida, Luisa Ortega, y su marido que, antes de ser detenidos, se han exiliado en Colombia.
Tanto el Mercosur –que suspendió a Venezuela del bloque– como el Grupo de Lima –los doce países americanos que consideran que el país ya no es democrático– emitieron comunicados de repudio a la decisión de la ANC.
No obstante, la acción más simbólica fue la de Freddy Guevara, vicepresidente de la opositora Asamblea Nacional (AN). Tras manifestar el sábado desde la tribuna de la Cámara su voluntad de desacatar las “fraudulentas decisiones de esa falsa constituyente” e impedir la disolución del Parlamento, Guevara rompió el texto aprobado por la ANC.
Aunque tanto el Gobierno como la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, nieguen la disolución del Congreso, en la práctica la resolución aprobada apunta claramente a usurpar las funciones del legislativo. Según el texto, la ANC asume “las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos”.
A la sesión parlamentaria del sábado acudieron 18 embajadores de países americanos y europeos –incluidos los de España, Francia o el Reino Unido– para apoyar a los opositores. Paralelamente, el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, citó a los embajadores a una reunión con Maduro, tras la cual convocó a todos los partidos políticos a una cita para retomar el diálogo, aunque aún no está claro qué responderá una oposición que siempre se muestra dividida cuando el Gobierno enarbola una actitud aparente conciliadora que, a la postre, siempre ha conducido a reforzar el autoritarismo.
“Podrán demostrar su voluntad de diálogo sin injerencias ni facilitar al imperialismo norteamericano una intervención en Venezuela”, declaró Arreaza, en lo que parece
El Parlamento, de mayoría opositora, mantiene el pulso y celebra una sesión con el apoyo internacional
otra nueva operación de maquillaje del Gobierno de cara al exterior.
La realidad es que el chavismo no afloja ante la presión internacional y acelera para reprimir cualquier voz crítica. La ex fiscal general Luisa Ortega y su marido, el diputado chavista Germán Ferrer, se han convertido ya en dos molestos disidentes. El Tribunal Supremo ordenó el miércoles la detención de Ferrer, acusado de encabezar una red de extorsión a empresarios. Pero para entonces el matrimonio ya se encontraba en paradero desconocido y el viernes voló a Bogotá desde la isla de Aruba.
Ortega asegura tener información que “involucra a Maduro y su entorno” en la ramificación venezolana de la trama corrupta de la constructora brasileña Odebrechat. “Es el mayor hecho de corrupción en la región y los tiene preocupados porque saben que tenemos la información”, explicó Ortega.