Sobre las ocupaciones de pisos
EN los últimos días, La Vanguardia ha publicado diversas informaciones relativas a viviendas ocupadas. Algunas, sobre narcopisos. Otras, sobre las mafias que ocupan viviendas y las realquilan. Otras, sobre el chalet de Alcanar que acabó saltando por los aires, y resultó ser un escenario asociado al atentado de la Rambla.
La ocupación de pisos es un viejo fenómeno, al que dieron carta de naturaleza decenios atrás ciertos movimientos alternativos, y cuya base ensanchó la crisis económica. En la antesala de dicha crisis, la burbuja inmobiliaria se hinchó gracias a la liberalización del suelo, la bonanza financiera y las políticas hipotecarias de la banca, que hicieron creer a ciudadanos de dispares recursos que la propiedad estaba al alcance de todos. La crisis se encargaría de demostrar que esto no era así. Y lo hizo de modo cruel, privando a muchos ciudadanos de sus flamantes propiedades, condenándoles al desahucio y a la condición de sintecho. Aquella tesitura, además de generar una lógica reacción –con la que la actual alcaldesa de Barcelona se granjeó, en buena lid, su capital político–, dio a entender a algunos que la ocupación de viviendas era un derecho incuestionable.
Es verdad que la Constitución defiende el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y adecuada. Pero también lo es que, en tiempos recientes, han proliferado las tipologías de ocupación que van más allá de lo justificable. No hay duda de que en el último decenio el número de hogares sin ningún ingreso ha crecido exponencialmente, con las consiguientes dificultades para pagar una vivienda. Ni la hay tampoco de que la oferta de vivienda social está por debajo de la demanda, mientras el número de viviendas vacías, en no pocas ocasiones de propiedad bancaria, es muy elevado. Ni de que la presión turística eleva sin tasa los precios de los alquileres. Ni de la voracidad de los grupos inversores que adquieren inmuebles enteros y no cejan hasta echar a sus inquilinos para reformar las viviendas y sacarles mucho más rendimiento... Todas estas son circunstancias que inclinan a contemplar el problema de las ocupaciones de viviendas a cargo de familias sin recursos con cierto grado de comprensión. Pero no cabe olvidar que, junto a estos casos, se han multiplicado los de las organizaciones delictivas que han convertido la ocupación en un lucrativo negocio, al allanar pisos y realquilarlos. Como lo es que este verano han proliferado las ocupaciones de viviendas y su conversión en narcopisos, que agravan las consecuencias para propietarios y vecinos. Y, también, que los propietarios han acabado siendo la parte más débil y desprotegida, debido a la vigencia de una legislación que, en último extremo, puede ser más garantista para el ocupante que para ellos.
Entre tanto, el ritmo de ocupaciones crece un 15% anual. Y, con él, la alarma entre los propietarios, a menudo de viviendas modestas, que temen, por ejemplo, regresar de vacaciones, hallar su vivienda ocupada y sufrir los efectos de su indefensión. La situación social es compleja, y eso obliga a todos, a propietarios y a ocupantes, a evitar planteamientos demagógicos. Pero, sobre todo, obliga a las autoridades a acometer las reformas necesarias para resolver o paliar esta cuestión.
El problema social de la vivienda existe. Y, puesto que es un problema social, conviene que lo resuelva el conjunto de la sociedad, y no los ocupas usurpando lo que no es suyo, ni los propietarios pechando en solitario con las consecuencias de dicha usurpación.