Ley seca en Magaluf
Calvià endurece el control sobre el alcohol en la calle y dentro de locales en su interminable guerra al turismo de borrachera
La ley seca ya se impone en Magaluf. Desde hace unos días las botellas de alcohol han desaparecido de sus calles. Una nueva ordenanza municipal es la responsable de esta transformación, que ha contrariado a los comerciantes locales y sorprendido a los turistas que llegan a Mallorca en busca, precisamente, de alcohol a raudales.
El Ayuntamiento de Calvià, donde se ubica el polémico núcleo, sigue empeñado en desterrar el turismo de borrachera con el que se les asocia. Y para ello ha decidido cortar por lo sano. Si bien el consistorio no puede prohibir la venta la alcohol, sí ha encontrado la manera legal de ocultarlo a la vista de los turistas y dificultar su venta.
La normativa que acaba de entrar en vigor veta la exposición de alcohol en escaparates y terrazas de negocios como licorerías, supermercados o locales de comida rápida y
take away. Está completamente prohibido que las botellas de alcohol
No sólo los licores quedan fuera de la vía pública sino que también se acota su venta en las tiendas
a la venta puedan verse desde la vía pública. Una medida que ha sido posible tras modificar una vieja ordenanza municipal que regulaba la estética exterior de los establecimientos comerciales y oferta turística básica, así como el uso de terrazas y zonas privadas con actividad empresarial visibles desde la vía pública. Un subterfugio legal para, aseguran desde el Ayuntamiento “hacer de Calvià un destino de calidad y mejorar el entorno del municipio, desterrando el turismo de excesos que se había instalado a lo largo de los últimos años”.
Así pues, la fisonomía de Magaluf ha cambiado radicalmente este verano. Las numerosas licorerías que antaño ofertaban alcohol barato y a pie de calle, pasan ahora inadvertidas. Cuesta distinguirlas entre tanto local de venta de souvenirs y bares de comida rápida que inundan la zona. Legalmente están obligados a no exhibir la mercancía. Además, en una segunda fase que entrará en vigor tras el verano, todos los establecimientos que vendan bebidas alcohólicas, estarán obligados a separarlas del resto de artículos, de forma que puedan ser cerradas u ocultadas fuera del horario de venta al público; es decir, de las 12 de la noche a las 8 de la mañana, tal y como prevé otra ordenanza municipal, la de fomento de la convivencia.
La medida ha soliviantado a los comerciantes de la zona. Una de las principales asociaciones empresariales de Mallorca, Pimeco, ya ha solicitado la retirada de la ordenanza y que se elabore un plan integral contra el turismo de excesos. Aseguran que “aproximadamente el 71% de los ingresos hospitalarios por afecciones etílicas realizados en Son Espases (el hospital de referencia de Mallorca) se relacionan con clientes de hoteles con régimen de todo incluido”. Según explican, un porcentaje mucho menor vendría determinado por el consumo en bares y discotecas. “Tan sólo un 2% de los ingresos de la zona de Calvià por afecciones etílicas reconoce haber comprado el alcohol en supermercados o licorerías”. En este sentido defiende que si el objetivo primordial de esta medida es el de desterrar el turismo de excesos, “desde el Ayuntamiento se equivocan en el diagnóstico puesto que, con los datos disponibles el problema no reside en los comercios como licorerías o supermercados sino en el todo incluido de los hoteles o en el consumo en bares o discotecas”.
La guerra al alcohol y el incivismo se completa con otras normativas que pretenden acabar con la imagen que hasta la fecha se ha difundido de Magaluf. Así, el consistorio también ha prohibido el popular botellón en la calle, que se sanciona con multas de hasta 600 euros. De igual forma, la normativa municipal conserva también el veto a practicar el balconing, lo que se considera una infracción grave, con multas de 600 a 1.499 euros.
También siguen vigentes las ordenanzas contra el nudismo y el seminudismo en la vía pública. Así, establece que no se podrá “transitar o estar en espacios públicos, incluidos los transportes e instalaciones públicas, desprovisto de ropa en la parte superior del cuerpo, excepto en piscinas, playas u otros lugares donde esto sea habitual”. El incumplimiento se paga con multas que oscilan entre los 100 y los 600 euros. En todo caso, la normativa aclara que, cuando un agente de la autoridad se encuentre con una persona que infrinja esta disposición, lo primero que ha de recordar al infractor es que aquella es una conducta no permitida. La Policía sólo les multaría en el caso de que el apercibido siga persistiendo en su actitud infractora.