JxSí y la CUP anuncian la ley de la república catalana para antes del 1-O
oeEl texto pretende estar en vigor entre el referéndum y una constitución oeEl Gobierno recurrirá esta norma de ruptura en cuanto se tramite
Los partidos independentistas presentaron ayer el contenido de la ley de ruptura con el Estado español y anunciaron su aprobación antes del 1 de octubre, aunque aún no ha sido tramitada. La norma proclama una república en la que el jefe del Estado sería el presidente de la Generalitat. La nacionalidad catalana, según la norma, no exigiría la renuncia de la nacionalidad española y el castellano seguiría siendo oficial. Pero esta ley sólo estaría vigente seis meses, hasta que se redactara una constitución.
Nacionalidad catalana sin renunciar a la española y control de impuestos y fronteras Elecciones constituyentes en seis meses y Constitución catalana en un año
La ley de transitoriedad –la principal de las llamadas leyes de desconexión– verá la luz antes del 1-O. Este es, cuando menos, el acuerdo alcanzado finalmente entre Junts pel Sí y la CUP, que ayer, a poco más de treinta días de la celebración del referéndum, entraron el texto en el registro del Parlament y lo presentaron en público ante los medios de comunicación, después de meses de guardarlo celosamente bajo llave. Un texto, en forma de proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, que a lo largo de 89 artículos y 3 disposiciones finales pretende erigirse en la norma que garantizaría el tránsito de Catalunya desde el actual Estado español hasta un nuevo Estado independiente, en el caso de que ésta sea la opción que resulte vencedora en el referéndum.
“Ahora ya conocemos los efectos y la seguridad jurídica de votar sí (la entrada en vigor de la ley de transitoriedad) y de votar no (la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas), de manera que la ciudadanía sabe cuáles son las consecuencias de su voto”, subrayó el presidente de Junts pel Sí, Lluís Corominas, para calibrar el alcance real que tendrá la futura ley. El objetivo de la norma es, en este sentido, “establecer un marco jurídico claro” que regule el periodo que iría desde el supuesto triunfo del sí en el referéndum del 1-O hasta la celebración de unas elecciones constituyentes seis meses después y la aprobación de una nueva Constitución catalana en otro referéndum posterior otros seis meses más tarde. En total, un año aproximadamente, el plazo que el bloque independentista calcula que sería el necesario para el funcionamiento pleno de la república catalana.
Y en este tiempo la principal norma legal vigente en Catalunya sería precisamente la ley de transitoriedad, que de entrada, de todos modos, daría la máxima continuidad posible a las actuales normativas catalanas, españolas, europeas e internacionales en general para evitar situaciones de vacío e inseguridad jurídica y garantizar un proceso ordenado de separación de España. De acuerdo con esta premisa, la nueva ley regula cuestiones relativas, por ejemplo, a la nacionalidad catalana, que no exigiría la renuncia de la nacionalidad española, o al régimen lingüístico, en el que se mantendría el actual derecho de opción entre catalán, castellano y aranés. También prevé que el presidente de la Generalitat fuera el jefe del Estado, aunque deja para la futura Constitución la diferenciación entre presidente de la república y del Govern, y que la Generalitat pasase a ser la autoridad tributaria y aduanera y fronteriza única, pero sin aclarar cómo lo llevaría a cabo, a pesar de que Junts pel Sí y la CUP tienen claro que la Agencia Tributaria Española y el Ejército, por citar dos ejemplos, dejarían de tener jurisdicción en Catalunya.
En otros ámbitos, en cambio, la voluntad sería integrar en la nueva administración catalana a todos los funcionarios y empleados públicos que actualmente trabajan en la administración española, subrogar to- dos los contratos y convenios del Estado español y mantener todos los derechos que fijan la Constitución española y el Estatut. La ley de transitoriedad es, en cualquier caso, muy genérica. Tanto que deja las cuestiones más concretas en manos de un posterior desarrollo por parte del Govern, que tiene previstos al menos hasta cinco decretos para irla desplegando, y los asuntos más polémicos para que los decidan los redactores de la futura Constitución catalana. La norma, así, prefigura un poder judicial propio, por ejemplo, pero no entra en cuestiones más delicadas, en cambio, como la moneda, la deuda de la Generalitat o el reparto de la deuda con el Estado español. Y de acuerdo con el mismo criterio también da por sentado que con la independencia la pertenencia de Catalunya a la Unión Europea no sufriría variaciones, y por ello prevé que la continuidad de todo el derecho comunitario o de los tratados internacionales sería plena.
Uno de los aspectos por el contrario más detallados es el del proceso constituyente propiamente dicho, que se activaría en caso del triunfo del sí el 1-O y tendría tres fases. La primera sería un proceso participativo ciudadano de seis meses de duración. La segunda consistiría en unas elecciones constituyentes y la elaboración de la Constitución catalana por parte de la asamblea constituyente resultante de los comicios, cuyas decisiones no serían
susceptibles de control, suspensión o impugnación por ningún otro poder, juzgado o tribunal. La tercera sería la ratificación de la Constitución catalana –que la asamblea debería haber aprobado por mayoría de tres quintos en primera votación o mayoría absoluta en segunda– en referéndum, otros seis meses más tarde. Y después se celebrarían las primeras elecciones de la nueva república catalana.
Pero, de momento, más allá del contenido estricto de la ley de transitoriedad, lo primero que está en el aire es la tramitación que la norma seguirá en el Parlament. Junts pel Sí y la CUP no piensan desvelarlo hasta el último momento, a fin de dilatar al máximo la respuesta judicial por parte del Gobierno español, de manera que es posible que se apruebe en el primer pleno fijado para el 6 y 7 de septiembre –en el que también podría recibir la luz verde la ley del Referéndum–, pero igualmente podría hacerlo más tarde, cuando la campaña del referéndum ya estuviera en marcha. De hecho, la reunión de la Mesa de hoy tampoco tiene previsto tratar la cuestión. En todo caso, será antes del 1-O, algo que sobre todo para la CUP es fundamental, porque será “la garantía del carácter vinculante del referéndum y de que después de su celebración ya no hay lugar para más dilaciones procesistas”, según remarcó Benet Salellas. La idea de aprobar esta ley antes del 1-O es la que han defendido desde el primer momento la CUP y también ERC y es la que finalmente se ha acabado imponiendo sobre la voluntad del PDECat.
El PDECat, en concreto, quería que la ley de transitoriedad no se aprobara hasta después de la celebración del referéndum, porque entiende que hacerlo antes distrae la atención. “Ahora el foco tiene que estar centrado en el referéndum, porque lo que toca es sumar, y no en la transitoriedad y el proceso constituyente, pero no lo hemos conseguido”, han lamentado a La Vanguardia fuentes de la dirección del partido, que precisan que comparten plenamente el contenido de la norma, pero que consideran que los tiempos de la aprobación pueden ser contraproducentes para el propio 1-O. El PDECat, sin embargo, se ha quedado solo en esta estrategia, porque además de ERC y la CUP tampoco la habría compartido el mismo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.