Juana Rivas entrega a sus hijos y puede acabar en la cárcel
Los niños, de once y tres años, vivirán con su progenitor en la isla de Cerdeña
Los dos hijos de Francesco Arcuri ya están con su padre. Horas antes de que se cumpliera el plazo dado por la juez de Instrucción número dos de Granada, Juana Rivas entregó a Gabriel y Daniel, de 11 y tres años, en la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla. Dos horas después, eran recogidos por Arcuri y abandonaban la sede policial en un coche con los cristales tintados. Lo hacían por la puerta de detrás para evitar a los medios de comunicación. “Los niños están tranquilos y bien”, señaló Adolfo Alonso, abogado de Arcuri, quien sin embargo reconoció que “al principio, el mayor estaba algo inquieto”.
Aunque la hora fijada por la magistrada eran las cinco de la tarde, y el lugar el punto de encuentro familiar de la ciudad andaluza, Rivas adelantó la entrega para evitar a los menores la exposición mediática. La magistrada María Ángeles Jiménez dio por bueno lo sucedido y decidió finalmente dejar sin efecto la hora y el lugar que había establecido en su auto del jueves.
Tras una encarnizada lucha judicial, los niños han sido restituidos a Arcuri, un hombre condenado en el año 2009 por violencia en el ámbito familiar, en una sentencia en la que se constatan “reiteradas agresiones físicas” hacia Juana Rivas. El italiano ha defendido en sus apariciones ante los medios de comunicación que se trató de un acuerdo de conformidad para asegurarse las visitas a su entonces único hijo, y que él no es un maltratador. La pareja reanudó la convivencia en el 2012, fruto de lo cual nació el segundo hijo. En el 2016 Rivas viajó de vacaciones a España con los dos menores y se negó a regresar a Italia, donde residían, al tiempo que presentó la segunda denuncia por malos tratos que la justicia italiana deberá dilucidar, y que ha tardado un año en ser tramitada. Tras su marcha de Italia, Arcuri la denunció por sustracción de menores.
Ahora los niños reanudarán su vida junto a su padre en la localidad de Carloforte (Cerdeña), donde Arcuri regenta un hotel rural. Psicólogos italianos efectuarán un seguimiento de los dos menores y el 15 de octubre emitirán un informe destinado a los jueces italianos. El 31 están citados Rivas y Arcuri ante los magistrados transalpinos, que decidirán a quién otorgan la custodia.
El viaje de los menores a Cerdeña queda pendiente de que la comisión mixta para el cumplimiento del Convenio de La Haya, en la que está incluido el Ministerio de Justicia de España, tenga conocimiento oficial de que los niños ya están con Arcuri y se cumplimenten los trámites administrativos. La comisión debe velar por cuándo y de qué manera llegan los niños a Italia, su lugar de residencia habitual antes de que la madre los trajera con ella a España el pasado 18 de mayo del 2016 para unas vacaciones de las que debían regresar el 27 de junio, algo que nunca sucedió.
Juana Rivas cumple así la sentencia civil dictada por el Juzgado de Primera Instancia número tres de Granada en diciembre del 2016 que la obligaba a devolver a los niños a Italia, en aplicación del Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción de menores, firmado por los gobiernos español e italiano. Pero la entrega no interrumpe el procedimiento penal que instruye la juez María Ángeles Jiménez contra ella por sustracción de menores y desobediencia a la justicia.
La madre de Maracena, que llevaba más de un año luchando para no entregar a sus hijos al padre italiano, se había metido en un callejón sin salida judicial. Si no restituía ayer a los menores, se exponía a una detención inmediata y la entrada en prisión por unos delitos castigados con una condena de dos a cuatro años de prisión, además de la pérdida de la patria potestad de sus dos hijos por un periodo máximo de diez.
Rivas y sus hijos se evaporaron el pasado 26 de julio, primera fecha establecida por los jueces para que devolviera a los menores. El día 8 de agosto se dictó una orden de detención. Finalmente, el pasado 22, casi un mes después, se per-
La Audiencia de Granada tiene 30 días para confirmar o no la libertad provisional Francesco Arcuri solicita el inmediato ingreso en prisión de la mujer
sonó ante el magistrado de guardia de Granada. Lo hizo sin los niños y sin querer descubrir el lugar en el que se escondían. El juez de guardia decretó la libertad provisional de Rivas, decisión que ayer mismo recurrió la Fiscalía, que vuelve a exigir prisión incondicional sin fianza para ella.
Ahora, la Audiencia Provincial de Granada tiene un plazo de treinta días para confirmar esa libertad provisional o decretar el ingreso de Rivas en prisión. En el recurso del fiscal no se solicita la declaración de las partes en una vistilla, por lo que la Audiencia se pronunciará sin escuchar a las partes. El recurso se suma al que formalizó este viernes y en el mismo sentido la representación legal de la expareja de Juana Rivas, que también solicita el inmediato ingreso en prisión de la mujer.
La entrega de los hijos tampoco interrumpe las investigaciones sobre el entorno de Rivas. La magistrada Jiménez tomará declaración mañana a la asesora jurídica del Ayuntamiento de Maracena, Francisca Granados, y a la psicóloga del Consistorio, Teresa Sanz, investigadas como posibles “inductoras o partícipes necesarios” en la presunta sustracción de los dos menores. Al día siguiente comparecerán los familiares directos de Juana Rivas, hasta segundo grado de consanguinidad, por su presunta implicación en el mismo delito de sustracción de menores.
La plataforma 7N contra las Violencias Machistas ha promovido una recogida de firmas a través de internet en la que solicita a la justicia española que “deje de criminalizar” a las profesionales que han asesorado y apoyado a Rivas desde el Centro de la Mujer de esta localidad granadina.
Varias organizaciones de mujeres han manifestado su sorpresa ante la decisión de entregar a sus hijos. “No lo esperábamos”, se aseguró desde el Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres. Esta y otras plataformas presentaron en la sede del Consejo General del Poder Judicial un escrito en el que se pide que “tome nota” de la actuación del Juzgado de Granada y de la Fiscalía en este caso.