Jueces de guardia
Los magistrados, convocados el 5 de septiembre para un nueva sesión plenaria
El Tribunal Constitucional ha aprobado una agenda de previsiones a fin de dar respuesta a cualquier nueva iniciativa del Govern sobre el 1-O.
El próximo pleno del Constitucional puede tener lista la sentencia que anulará la vía exprés hacia el 1-O
El Tribunal Constitucional (TC) reanudó sus vacaciones tras el pleno del pasado 16 de agosto en que decidió mantener en suspenso la vía exprés hacia el referéndum del 1-O, pero ya ha aprobado una agenda de previsiones con el fin de dar respuesta a cualquier nueva iniciativa de la Generalitat en esta materia. De entrada, el presidente del TC, Juan José González Rivas, ha convocado el próximo pleno ordinario para los días 5, 6 y 7 de septiembre. Es decir, la semana anterior a la Diada, en previsión de que el Govern o los grupos soberanistas del Parlament tomen nuevas iniciativas para permitir la celebración del referéndum en la fecha prevista.
La decisión de que el nuevo pleno jurisdiccional ordinario del TC –es decir, habilitado para la adopción de resoluciones– se inicie el primer martes de septiembre tiene cierto carácter cautelar. Ciertamente, el TC desconoce qué iniciativas puede tomar la Generalitat en relación con el referéndum del 1-O y cuándo las pondrá en marcha. Pero quiere que nada de lo que pueda suceder le coja por sorpresa. Y pretende, en paralelo, evitar la imagen de que cada vez que debe tomar alguna decisión relacionada con propuestas de las fuerzas soberanistas lo hace a marchas forzadas y en respuesta a peticiones urgentes del Gobierno.
En este sentido, el pleno en el que el TC acordó mantener la suspensión de la vía exprés para convocar el referéndum tuvo más relevancia por el cambio de impresiones que permitió entre los magistrados que por la propia decisión que adoptaron, rechazando el recurso de súplica interpuesto por la Generalitat. La idea dominante entre los miemque bros del Constitucional es que las sucesivas notificaciones personales y advertencias hechas a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa de la cámara catalana parecen haber tenido un primer efecto. Esa fue la interpretación mayoritaria ante el hecho de que la Mesa no tomara la decisión de admitir a trámite la proposición de ley para la convocatoria del referéndum.
Pero al propio tiempo el criterio mayoritario es que no se ha cerrado capítulo alguno y que, por tanto, habrá nuevos episodios de enfrentamientos políticos entre el Gobierno y la Generalitat que obligarán al TC a intervenir. Todo el mundo tiene claro que la iniciativa para convocar el referéndum se producirá en breve, aunque siguiendo criterios de oportunidad política, vinculados a una voluntad de movilización social en fechas más próximas a la fiesta del 11 de Setembre. En cualquier caso, los magistrados saben pueden ser convocados de nuevo en cualquier momento si se produce alguna decisión del Govern o del Parlament que sea objeto de un recurso de inconstitucionalidad o de un incidente de ejecución de sentencia instados por el Ejecutivo. Y para el supuesto de que se haya llegado a comienzos de septiembre sin nuevos episodios de recursos y alegaciones cruzadas, la habilitación de la primera semana del mes para dicho pleno del TC es clave.
En esas fechas puede estar incluso preparado el borrador de sentencia sobre la vía exprés para el referéndum del 1-O. Lo que ha hecho de momento el TC es mantener suspendida dicha iniciativa, pero no ha resuelto sobre el fondo del asunto. La ponencia corresponde al magistrado conservador Ricardo Enríquez, quien ya elaboró durante las dos primeras semanas de agosto un auto muy detallado –el aprobado el 16 de agosto- para argumentar el mantenimiento de la suspensión.
La resolución sobre la constitucionalidad o no de esa reforma del reglamento del Parlament para que el referéndum pueda convocarse por el procedimiento de lectura única, sin enmiendas de la oposición, supondrá, en todo caso, un debate más intenso. El Constitucional conoce perfectamente que hay normas similares en diversos Parlamentos autonómicos, e incluso en el Congreso de los Diputados, aunque con matices y diferencias más o menos sustanciales.
En este punto es donde va a estar centrada la discusión en el TC. Debate habrá, sin duda, y aunque es indudable que la vía exprés será anulada, es muy probable que la unanimidad en este asunto cueste algo más de alcanzar. La que se dicte será, sin duda, una sentencia muy trabajada y detallada, por el precedente que supone en relación con otros reglamentos parlamentarios.