Gobierno y PSOE rechazan el texto y lo combatirán de forma conjunta
El Ejecutivo del PP cree que no queda en la Generalitat “ningún resto de sensatez”
En otros asuntos hay discrepancias, y muchas, pero en impedir que el “desafío secesionista” se salga con la suya, no. Todo lo contrario. Gobierno y PSOE muestran una alta sintonía en la forma en la que hay que frenar la estrategia independentista. Se vio de nuevo ayer. Apenas los responsables de Junts pel Sí y la CUP habían registrado en el Parlament de Catalunya la conocida como ley de Transitoriedad –que creará una república catalana si triunfa el sí en la anunciada consulta del 1 de octubre–, una conversación telefónica entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, dejó claro que ambos trabajarán juntos para frenar ese nuevo órdago de los partidos independentistas. Y otra conversación, esta vez del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, amplió el consenso contra esta ley al partido de Albert Rivera.
El rechazo del Gobierno, del PP, del PSOE y de Ciudadanos al texto de la ley es total y estarán juntos en la respuesta. Rajoy y Sánchez quedaron ayer en mantener una comunicación fluida para dar una respuesta conjunta a la iniciativa de los independentistas. Unidad en la respuesta legal a un texto que los soberanistas han dado a conocer menos de 48 horas después de la manifestación de Barcelona, con la que el independentismo dio por rota la tregua que se había establecido con los atentados de
TAMBIÉN CON CIUDADANOS
La vicepresidenta habló con el secretario general de Cs sobre la situación en Catalunya Barcelona. De hecho, tanto PP como PSOE consideran que “se utilizó la manifestación para una causa política”, en palabras del portavoz del PSOE, Óscar Puente.
La reacción del Ejecutivo fue de tranquilidad. Las fuentes consultadas aseguran que están listos para actuar e impedir que la ley, no sólo se apruebe, sino que se tramite en el Parlament. “El Estado de derecho ha dado respuesta a todos los intentos de los independentistas de vulnerar nuestro ordenamiento constitucional, y lo seguirá haciendo”.
En consecuencia, la respuesta será la de siempre. Esta iniciativa, como hasta ahora todas las demás, acabará en el Tribunal Constitucional y quedará suspendida y después anulada, con las correspondientes amonestaciones jurídicas y advertencias de lo que les puede ocurrir a los dirigentes políticos que desoigan al Alto Tribunal.
El Ejecutivo, además, y según subrayan las fuentes consultadas, tiene la obligación de defender a los ciudadanos de Catalunya, “piensen como piensen y sientan lo que sientan”, de “un grupo de radicales que están intentando someter y silenciar a la mayoría de los catalanes”. Por eso, añade la advertencia del Gobierno, “esa norma puede ser anunciada tantas veces como quieran, pero nunca entrará en vigor”.
Del contenido, como ya dijo Mariano Rajoy en mayo, cuando se conoció un borrador del proyecto, el Ejecutivo lo considera “una barbaridad”, lo que le lleva a concluir que “no queda en la Generalitat ningún mínimo resto de sensatez, moderación o responsabilidad institucional”.
Y no entran en más detalles. Las fuentes del Gobierno consultadas destacan que mientras que la ley del Referéndum fue firmada por todos los diputados de Junts pel Sí y la CUP, menos Carme Forcadell, ayer la proposición de ley de Transitoriedad sólo la firman tres diputados de la CUP, dos de ERC y uno del PDECat. Para el Ejecutivo central, “la Generalitat se ha rendido ante los planteamientos de un partido minoritario, radical y antisistema” y el Gobierno está convencido de que “la CUP está marcando todas las posiciones políticas de las instituciones catalanas”.
El PSOE tampoco se anduvo con medias tintas. Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente del partido, aseguró que los socialistas “se oponen frontalmente” a la iniciativa presentada ayer por los independentistas, y que la consideran “un engaño más que se suma al 1-O”. La dirección socialista insistió también en que “el 1 de octubre no habrá un referéndum, desde luego no con garantías suficientes, y por lo tanto el 2 de octubre no puede haber una república catalana”. El PSOE cree, además, que esta nueva proposición de ley, la de Transitoriedad, es “un nuevo desafío al Estado de derecho”, que el Estado no puede permitir.
La unidad entre PP y PSOE para frenar el proceso independentista no significa que se mantenga posteriormente. El PSOE se reunirá el 4 de septiembre para decidir las propuestas que planteará para la “reforma territorial” de España, derivadas de la Declaración de Barcelona acordada a mediados de julio.
El PSOE tilda la ley de “engaño”, porque “el 2 de octubre no habrá una república catalana”