Leyes y legitimidad

JUNTS pel Sí (JxSí) y la CUP presentaron ayer en el Parlament la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, considerada la más relevante entre las llamadas leyes de desconexión de Catalunya del Estado español. El objetivo de esta norma es dotar a Catalunya de un marco legal transitorio entre el referéndum por la independencia del 1-O y la hipotética celebración de elecciones constituyentes y la aprobación de una constitución catalana. La idea de sus propulsores es que la ley de transitoriedad, que se quiere suprema, por encima del Estatut y la normativa estatal, esté aprobada antes del 1-O. No era esta la intención inicial del PDECat, que al fin ha cedido –una vez más– a las presiones de ERC, su socio en la coalición electoral JxSí, y de la CUP. Dicho esto, la fecha de tramitación en el Parlament de dicha ley sigue siendo una incógnita. No lo es, en cambio, que cuando ese día llegue, el Gobierno central procederá a recurrirla ante el Tribunal Constitucional, como ya hizo antes con otras normas nacidas al calor soberanista. Y no estará solo en tal empresa. El líder popular Mariano Rajoy y el socialista Pedro Sánchez acordaron ayer formar un frente común ante el desafío independentista.

Durante largos meses mantenida en secreto por sus redactores, la ley de transitoriedad no aporta en su articulado grandes sorpresas. Otra cosa sería la posibilidad de desarrollarla mediante decretos tras el 1-O. Entre tanto el presidente Puigdemont insiste en su idea de avanzar hacia el referéndum en un clima de normalidad. Las entidades soberanistas que empujan el proceso tienden a describirlo como claro e irreversible. Unos y otros hacen bandera de una determinada idea de democracia, que al parecer empieza y acaba en la posibilidad de votar. Pero la democracia no es exclusivamente eso. En una democracia genuina las decisiones se consensúan, no se imponen. No cabe olvidar que el independentismo tiene el apoyo de menos de la mitad de los votantes catalanes, pese a su mayoría parlamentaria. Ni que los ayuntamientos que ya han anunciado que no colaborarán con el referéndum suman cientos de miles de votantes. Para que un referéndum sea válido, y su resultado legítimo, no basta con la ilusión de parte de la ciudadanía y la labor de agitprop de las entidades independentistas. Son precisas unas garantías legales que ahora no se dan. Así las cosas, el proceso independentista que alienta el Govern puede seguir su hoja de ruta e incluso pisar el acelerador. Pero su pecado original –responder al quietismo del Gobierno con astucias, desoyendo a la mitad de los catalanes y quebrando la ley– lo aleja de la normalidad y nubla su futuro.