La Vanguardia

La madre de Maracena

- GRANADA

La Fiscalía retira el recurso de apelación contra la libertad provisiona­l de Juana Rivas al entender que ha cesado la situación delictiva.

La Fiscalía ha retirado el recurso de apelación que formalizó ante la Audiencia de Granada al auto del juzgado de guardia que decretó la libertad provisiona­l de Juana Rivas al entender que ha cesado la situación delictiva. La vecina de Maracena entregó el lunes ante la Guardia Civil a sus hijos, de 11 y 3 años, al padre. Los menores se reencontra­ron ayer mismo con Francesco Arcuri, que se los llevará a vivir a Italia.

Queda, pues, sin efecto dicho recurso de apelación al tribunal provincial que presentó para oponerse al auto que dictó el pasado martes el juzgado en funciones de guardia. Ese tribunal dejó a Juana Rivas en libertad con cargos después de que fuera detenida esa misma mañana por la Policía Nacional. En ese momento, a la madre de Maracena ya se le habían imputado los presuntos delitos de desobedien­cia a la justicia y sustracció­n de menores. La Fiscalía se suma ahora al criterio del titular de ese juzgado en funciones de guardia, que decretó la libertad provisiona­l de la mujer al considerar que no había riesgo de fuga.

Precisamen­te contra el auto que dejó a Rivas en libertad, la representa­ción legal de Francesco Arcuri formalizó el viernes otro recurso de apelación ante la Audiencia de Granada, que cuenta con un plazo de un mes para pronunciar­se, lo que podría hacer celebrando una vistilla con los dos progenitor­es o sin este paso.

Por otra parte, las profesiona­les de los centros municipale­s de informació­n de la mujer de la provincia de Granada han enviado un comunicado a los medios para “poner en valor” su trabajo y manifestar que continuará­n su labor en favor de los derechos de las mujeres y de sus hijos. Como se recordará, la asesora jurídica y la psicóloga del Ayuntamien­to de Maracena están siendo investigad­as como posibles “inductoras o partícipes necesarias” en la sustracció­n de los menores. “Apoyamos el trabajo de nuestras compañeras de Maracena. El ataque que están sufriendo es directo a todas las profesiona­les que diariament­e atendemos a mujeres y sus hijas e hijos en la provincia de Granada”, indica el comunicado.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, volvió ayer sobre el caso tras el Consejo de Gobierno. Díaz instó a cumplir el pacto estatal contra la violencia de género y a modificar la normativa de forma que un maltratado­r condenado por sentencia firme no pueda tener la custodia de sus hijos. Precisó, en cualquier caso, que no se trataba de una competenci­a autonómica.

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