Robles afirma que si el TC ordena retirar las urnas habrá que hacerlo
Toda declaración sobre el referéndum del 1 de octubre en Catalunya debe ser muy bien pensada, más si se quieren poner paños calientes que no enfaden a los independentistas. Y a la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, le salió ayer la vena de jurista, más que la de política, cuando fue preguntada en Onda Cero si el Gobierno debería tomar medidas para retirar las urnas. La portavoz socialista afirmó: “En principio, cuando se está en conocimiento de hechos delictivos hay que retirar las urnas”.
Margarita Robles, que luego tuvo que dar explicaciones sobre esta afirmación, que causó gran revuelo entre los independentistas, se remitió a las resoluciones que ya ha dictado el Tribunal Constitucional, e indicó que si el Tribunal Constitucional da una orden expresa en el sentido de retirar las urnas, hay que retirarlas.
La portavoz socialista quiso también rebajar la importancia de sus palabras y señalando que habrá que ver “si se ponen, cómo se ponen, si se llaman urnas o no” y garantizó que el Gobierno tendrá el apoyo del PSOE “para que no se vulnere el Estado de derecho”, aunque discrepe de Rajoy en su actitud hacia Catalunya: “El Gobierno de Rajoy no está sabiendo dar solución a los problemas que tiene España”. Lo que sí tiene claro es el Tribunal Constitucional ya lo ha dejado claro: “Dijo que el uso del dinero público para estos actos del 1-O incurriría en delito de malversación de caudales públicos”.
El PP no quiere plantearse la situación de retirar las urnas, al menos ahora, porque pretende parar el referéndum antes, impidiendo que las leyes entren en vigor. Y para que eso se produzca, según el secretario general del grupo popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, “al Gobierno no le va a temblar la mano ante cualquier hecho que se produzca, para actuar de manera inmediata, proporcional, pero también de manera firme y con eficacia ante cualquier intento de ruptura de la unidad territorial o de la soberanía nacional, ante cualquier intento de vulnerar la legalidad vigente”.
Por eso advirtió que “si alguien comete una ilegalidad, deberá responder por ella, porque en España no hay impunidad y nadie puede saltarse la ley a su antojo”.