Un país nuevo, un Estado peor

Es bueno reflexionar sobre la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república (LTJ), por si sus disposiciones pudieran inspirar mejoras en cualquiera de los ordenamientos presentes o futuros. Voy a centrarme en dos puntos en los que la comparación con la realidad española puede resultar interesante: la nacionalidad y el Poder Judicial.

La nacionalidad determina la ciudadanía y, en consecuencia, los derechos políticos de las personas. Es un asunto importante, y la LTJ comienza por definir la nacionalidad de origen. La atribuye a las personas que, con nacionalidad española, estuvieran empadronadas en Catalunya antes del 31 de diciembre. A partir de ahí, el sistema apenas difiere del modelo español. Tienen la nacionalidad de origen los hijos de padre o madre con nacionalidad catalana. La diferencia, menor, que puede resaltarse es la que afecta a la adquisición de la nacionalidad para los que no puedan tenerla por razón de origen: mientras la LTJ requiere cinco años de residencia, la normativa española exige diez años, aunque los rebaja a cinco para los ciudadanos de países con especiales vínculos históricos con España (por ejemplo, los iberoamericanos) y los sefardíes cualquiera que sea su nacionalidad. La proximidad entre la LTJ y la configuración de la nacionalidad española es obvia, y la LTJ, además, busca calmar las dudas de quienes temen que sea incompatible la nacionalidad catalana con la española. Explicita que la catalana no exige la renuncia a “la nacionalidad española ni a ninguna otra” (art. 9.1). Aunque hay que recordar que las condiciones de compatibilidad de la nacionalidad española con cualquier otra son decididas soberanamente por el Estado español, que puede establecer las incompatibilidades que desee.

Si en la regulación de la nacionalidad la LTJ crearía un marco sustancialmente igual, en lo relativo al Poder Judicial me parece que iríamos a peor. La configuración del Poder Judicial en España es criticada por la influencia que ejercen los partidos en los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pues bien, la LTJ, a mi juicio, plantea un modelo en que la independencia judicial es aún más vulnerable. La clave está en la regulación de la comisión mixta de la sala de gobierno del Tribunal Supremo y del Gobierno de Catalunya (art. 72). Bajo la presidencia de quien ostente la del Tribunal Supremo, tiene como vicepresidente al consejero de Justicia. Se le añaden cuatro miembros de la Sala de Gobierno, elegidos por ella, y cuatro personas designadas por el Gobierno. Ya hay así una proximidad inapropiada entre el ejecutivo y el Poder Judicial, peligrosa para la independencia de este si consideramos que de esta comisión depende el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, entre otras atribuciones. Pero es que, además, resulta que dependen del Parlament los nombramientos de los presidentes de las salas en que se divide funcionalmente el Tribunal Supremo: los designa por mayoría absoluta la cámara. No hay una intervención directa comparable en el Consejo General del Poder Judicial. Y cuando intervienen el Congreso y el Senado para designar ocho de sus veinte miembros, se requiere una mayoría reforzada de 3/5 para que cada cámara designe cuatro. Existe intervención de los partidos, sin duda, pero al menos deben esforzarse para alcanzar una mayoría más amplia.

La LTJ sería equivalente a una constitución provisional, norma suprema y organizadora de los poderes del nuevo Estado. Sin embargo, en lo concerniente al Poder Judicial, empeora el marco institucional de su independencia y menosprecia el consenso necesario en las intervenciones parlamentarias. ¿Un país nuevo? Quizá. Pero así, sería peor.