Fomento trata de ganar tiempo para evitar las huelgas en Aena y Enaire
El conflicto de Eulen en El Prat sigue abierto tras fracasar la mediación de ayer
La amenaza de 25 días de huelga entre el 15 de septiembre y el 30 de diciembre de los 8.600 trabajadores de Aena y Enaire, que podría afectar a todos los aeropuertos de la red estatal y a la navegación aérea en territorio español, sigue en pie. La reunión mantenida ayer por representantes de los sindicatos convocantes de los paros –UGT, CC.OO. y USO– con el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, acabó sin acuerdo. El número dos de Fomento expresó en el encuentro la voluntad del Gobierno de pactar una salida al conflicto en un marco de tranquilidad pero solicitó más tiempo para dar una respuesta definitiva. Ambas partes volverán a verse el jueves de la semana que viene.
Los sindicatos reclaman un incremento de los salarios acorde con los buenos resultados económicos del gestor aeroportuario y nuevas incorporaciones a las plantillas que permitan dar una respuesta al fuerte incremento de la actividad, fruto del alza del tráfico. Fomento, al igual que las direcciones de Aena y Enaire, es receptivo a estas demandas, pero recuerda que deben encauzarse en el marco global de los empleados del sector público. Gómez-Pomar insistió en que las mejoras planteadas afectan a varios ministerios y requieren, además, la luz verde final del de Hacienda. A la reunión de ayer no acudieron representantes del departamento que dirige Cristóbal Montoro. UGT, CC.OO. y USO habían pedido su presencia para comprobar si había voluntad suficiente de avanzar. Las tres ejecutivas sindicales se reunirán hoy para analizar la situación y decidir si presentan la convocatoria oficial de los paros.
Los representantes de los trabajadores recuerdan que debido a las congelaciones salariales han pedido un 8% de poder adquisitivo desde el 2010 y un 2,8% desde que el gestor aeroportuario salió de los números rojos, en el 2013. Por ello, reclaman una paga lineal ligada a beneficios que suponga un aumento de sueldos superior al 1%. También planean la incorporación de 700 empleados (450 en Aena y 250 en Enaire) para responder a las nuevas necesidades derivadas del aumento del tráfico. La plantilla actual es de 8.637 trabajadores (6.954 en la primera y 1.683 en la segunda), que en gran parte desempeñan funciones operativas clave para el funcionamiento de los aeropuertos. El secretario de Estado explicó ayer que Fomento ya ha trasladado una propuesta en este sentido a los sindicatos que “va mucho más allá de la tasa de reposición”.
El otro conflicto aeroportuario, el que enfrenta este verano a los trabajadores de Eulen en los filtros de seguridad de El Prat y a la dirección de la empresa, sigue atascado. A la espera de que el árbitro, Marcos Peña, presidente del CES, dicte este jueves el laudo de obligado cumplimiento para las dos partes que debe dirimir las diferencias, principalmente salariales, la Generalitat medió ayer por segundo día consecutivo para evitar nuevas huelgas contra los despidos y sanciones a durante los anteriores paros.
La dirección de Eulen rechazó la propuesta que hizo la Generalitat, consistente en que a cambio de que los trabajadores se comprometieran en asamblea a aceptar el laudo y paralizasen todas las movilizaciones, la compañía readmitiría a los dos empleados despedidos, anularía también los dos expedientes sancionadores abiertos y no abriría otros por el mismo asunto. Fuentes de la empresa explicaron que no tomarían ninguna decisión al respecto hasta conocer el contenido de la resolución arbitral. Al secretario general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, que dirige la mediación, le pareció “incomprensible” la postura de la dirección de Eulen, porque, explicó, “creemos que en una situación de conflicto quien quiere acabar con el problema debe poner paz en todo su conjunto”.
El comité de huelga sí que aceptó la propuesta de mediación planteada por la Generalitat pese a que no se conoce todavía el contenido del laudo, que someterá a una asamblea, aunque está en desacuerdo con la decisión del Gobierno de imponer un arbitraje obligatorio. Juan Carlos Giménez, asesor de los trabajadores, explicó que la actitud de Eulen demuestra la “prepotencia” con que actúa y su voluntad de “represaliar” a los huelguistas ya que tiene 60 días para hacerlo.
Los trabajadores decidieron en asamblea convocar una nueva huelga parcial todos los viernes, a partir del 8 de septiembre, si la empresa no daba marcha atrás a los despidos y sanciones. No está previsto que las dos partes vuelvan a reunirse hasta el próximo martes.