Báñez pide a las comunidades la gestión de algunas ayudas a parados
Catalunya rechaza devolver las competencias del plan Prepara
El Gobierno ha exigido a las comunidades autónomas que de forma unánime deleguen al Servicio Público de Empleo (SEPE) la competencia de gestionar el plan Prepara a través del que se conceden las ayudas de entre 400 y 450 euros mensuales a los parados de larga duración. La petición la formuló ayer la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante su intervención ante la Comisión de Empleo del Congreso. El plan está suspendido desde el pasado 15 de agosto y además una sentencia del Constitucional del mes de julio otorga a las comunidades autónomas la gestión de esas ayudas.
Fuentes consultadas afirman que el Ministerio de Empleo da por hecho que todas las comunidades aceptarán la cesión temporal de competencias para no perjudicar a los afectados. En cambio fuentes del Departament de Treball de la Generalitat declararon ayer que “no cederemos ninguna competencia” y añadieron que “estamos por la descentralización de todas las políticas de ocupación”.
Báñez se escudó en la falta de acuerdo entre sindicatos y patronal para no prorrogar a finales de julio el plan a través de un decreto ley que, aseguró, estaba redactado y listo para su aprobación.
“Pese a la voluntad de acuerdo, no hubo consenso social a la renovación del plan Prepara, que incorporaba otras mejoras”, aseveró la ministra, que citó mejoras en el contrato de relevo para jóvenes acogidos a la Garantía Juvenil, en los contratos en prácticas y en la ayuda complementaria a los jóvenes de la Garantía Juvenil pactada con Ciudadanos y que correría a cargo de fondos comunitarios.
Desde CC.OO., la secretaria de Empleo del sindicato, Lola Santillana, cree que la ministra Báñez no ha asumido sus responsabilidades sobre la situación del plan Prepara. Santillana estima que como mínimo “va a pasar más de un mes desde que finalizó el Prepara y, por tanto, quedarán sin protección las personas posibles beneficiarias que necesitan esta ayuda”.
Además de la falta de acuerdo con los interlocutores sociales, Báñez citó la sentencia del Constitucional, que cuestionaba la distribución de competencias, ya que el plan estaba gestionado por el Servicio Público de Empleo (SEPE) en lugar de las comunidades autónomas.
En este sentido, Báñez aseguró que este mismo martes su departamento remitió un borrador de acuerdo a las administraciones autonómicas para que estas encomienden al SEPE la gestión del programa en una próxima conferencia sectorial, así como el decreto ley por el que el Ejecutivo prorrogaría el plan de ayudas a personas desempleadas de larga duración. “El Gobierno no va a dejar a nadie atrás. Lo primero para nosotros son las personas, en especial las más vulnerables”, dijo.
La prórroga del plan tendría lugar hasta la renovación de los sistemas de protección, en los que el Gobierno, junto a los interlocutores sociales, trabajará a partir del 4 de septiembre, según afirmó la ministra, con el objetivo de unificar los diferentes planes de ayuda, adecuarlos a la sentencia del Tribunal Constitucional y mejorar el índice de inserción laboral.
Ayer, Báñez también alabó la mejora de las cifras sobre empleo. El portavoz de Empleo del PDECat, Carles Campuzano, le pidió “un punto de contención” ante tanta euforia. La tasa de paro sigue en el 17,2% con más de 3,9 millones de desempleados.