Las asesoras de Rivas niegan que la indujeran a delinquir

“Bajo ningún concepto hemos inducido, apoyado o cooperado en la comisión de ningún delito, ni en el caso de Juana Rivas ni en los más de cien casos de mujeres que cada año pasan por el Centro de la Mujer de Maracena”, dijo ayer Francisca Granados, asesora jurídica del Ayuntamiento granadino, a la salida del juzgado. Granados y la psicóloga Maite Sanz se acogieron a su derecho a no declarar, en una comparecencia que no superó los 15 minutos. El fiscal no solicitó ninguna medida contra ellas.

Las dos profesionales están investigadas como “inductoras o colaboradoras necesarias” en el procedimiento judicial que se sigue contra Juana Rivas por sustracción de menores y desobediencia a la justicia. Hoy declaran los parientes más cercanos de la mujer de Maracena que finalmente entregó a sus hijos a su excompañero sentimental, el italiano Francesco Arcuri, en cumplimiento de una sentencia judicial.

Granados reiteró también que en su opinión “el problema de fondo es que los malos tratos sufridos por Juana, que también han vivido sus hijos, no han sido todavía analizados por ningún juez. Si lo hubieran hecho, no nos encontraríamos ahora en esta situación”. La asesora jurídica, que no abogada, de Juana Rivas, señaló que las funcionarias “hemos desarrollado nuestra labor de la mejor manera posible”.

Sin embargo, el juzgado de Violencia de Género de Granada rechazó ayer la adopción de medidas de protección sobre los hijos de Juana Rivas, solicitadas el día anterior por Francisca Granados, precisamente porque esta mujer “no es la representante legal de Juana Rivas” y no podía actuar en su nombre.