Partidismo y equidad
La necesidad de excluir las cuestiones de seguridad del enfrentamiento político; y el laudo sobre el conflicto laboral de los controladores de seguridad de El Prat.
EL conseller de Interior y el major de los Mossos d’Esquadra convocaron ayer una rueda de prensa para desmentir la información publicada por un diario barcelonés. En ella se aportaba un documento, supuestamente de la CIA, y se indicaba que los Mossos recibieron el pasado 25 de mayo una alerta ante un posible atentado terrorista durante el verano contra lugares muy concurridos de Barcelona. El documento precisaba “específicamente la Rambla”, aunque reconocía también que se basaba en “información no corroborada, de veracidad desconocida”.
Tanto el conseller Joaquim Forn como el major Josep Lluís Trapero trataron ayer de diluir cualquier duda sobre la ejecutoria del cuerpo de seguridad catalán. Y, a tal efecto, aun admitiendo que habían recibido dicho aviso en relación con la Rambla, agregaron que no procedía de la CIA, sino de otra fuente no revelada; que se contrastó y luego se analizó con responsables de la seguridad estatal; y que según concluyeron unos y otros carecía de credibilidad. De ser así, y en caso de que la hubiera, estaríamos ante un caso de responsabilidad compartida entre distintos cuerpos de seguridad. Aunque no está de más recordar –digámoslo todo– que el objetivo original de los terroristas del 17-A no era específicamente la Rambla, sino monumentos concurridos, y que sólo la atacaron después de que una explosión accidental en su guarida de Alcanar frustrara su plan con tres furgonetas bomba.
La labor de los Mossos tras los atentados de Barcelona y Cambrils ha sido muy apreciable. Sobre esto hay amplio consenso. Cuatro días después del ataque a la Rambla los doce miembros de la célula yihadista estaban muertos o detenidos. A causa de ello, el major Trapero, responsable de los Mossos d’Esquadra, se ha convertido en una figura popular, en el rostro del éxito policial. Su labor de comunicación sobre los atentados fue acertada y valorada así por los ciudadanos.
Tras los atentados del 17 de agosto se han publicado críticas a la labor preventiva de los Mossos, hasta cierto punto comprensibles, toda vez que no se logró evitar que el atentado ocurriera y sembrara de muerte la Rambla. Y ha habido un goteo de informaciones, principalmente servidas por diarios de la capital, que resaltaban los aspectos menos brillantes de la actuación de los Mossos. Ahora bien, más allá de los hipotéticos errores u omisiones atribuibles a los Mossos o a otros cuerpos de seguridad, es obvio que este debate se enmarca en otro superior: el que está provocando la agria pugna entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno español. Como lo es que esta disputa, que envenena todas las horas de la vida catalana y de la española, se emplea como campo de batalla donde se trata de debilitar al rival y a sus equipos. Lo cual, ciertamente, es lamentable.
Hemos dicho a menudo, y lo reiteramos hoy, que con la seguridad no se juega. La seguridad no debe utilizarse jamás como arma de brega política. Ese sería un error estúpido, además de peligroso. Una de las primeras obligaciones de los gobiernos es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En esto no caben flaquezas ni excepciones ni divergencias, como refrendarán por igual personas de ideologías diversas. Porque pocos problemas, como los relativos a la seguridad, producen mayor inquietud y decepción entre la ciudadanía cuando son manejados con fines políticos.