Laudo en el aeropuerto
EL largo conflicto que este verano ha enfrentado a los trabajadores de los controles de seguridad del aeropuerto de Barcelona con su empresa (Eulen) ha acabado con un laudo arbitral de obligado cumplimiento. Contra él no caben nuevas huelgas legales de los trabajadores, que están obligados a aceptarlo, al igual que la empresa, que ya ha dicho que lo hará.
El dictamen del árbitro del conflicto, que ha sido Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, se ha basado en la propuesta realizada en su día por el mediador de la Generalitat. En este sentido, establece que la empresa Eulen deberá pagar un complemento salarial de 200 euros en 12 mensualidades. Pero esta propuesta ya había sido rechazada por los trabajadores de los filtros de seguridad del aeropuerto, que exigían que este complemento fuera de 350 euros. Eso provocará que los problemas puedan continuar de una manera u otra.
El laudo, sin embargo, también atiende las peticiones de los trabajadores de que se refuerce el servicio con más personal en las épocas de mayor trabajo. Asimismo deja sin efecto los despidos realizados por la empresa durante el conflicto y los expedientes abiertos. Con esta decisión del laudo se anula la razón por la cual los trabajadores habían convocado más huelgas a partir del 8 de septiembre.
Pese al laudo arbitral todo indica que el conflicto no se puede dar por cerrado, ya que los trabajadores todavía han de celebrar una asamblea para valorarlo. Quedan algunos flecos por solucionar que deberían ser objeto de negociación posterior. En cualquier caso, y vistos los precedentes, el Ministerio de Fomento hace bien en mantener el dispositivo de refuerzo de la Guardia Civil hasta comprobar que la situación se normaliza definitivamente. Hay que tener en cuenta los graves problemas que los trabajadores de Eulen han provocado este verano en el funcionamiento del aeropuerto barcelonés.
Algunos sindicatos plantean interponer una demanda judicial por la vulneración del derecho fundamental a la huelga por parte del Gobierno. Pero no deben olvidar que frente al derecho de los trabajadores de defender sus reivindicaciones está el derecho de los ciudadanos de disponer de un correcto funcionamiento de los servicios públicos básicos. Corresponde al Gobierno adoptar las medidas necesarias para que así sea, en ausencia de una ley de huelga, a cuya tramitación se oponen los sindicatos.
El conflicto de Eulen, en cualquier caso, ha puesto de manifiesto el deterioro laboral de la seguridad privada en algunos ámbitos y sería bueno, por tanto, que patronales y sindicatos negociasen una mejora del sector, que es clave para la protección y funcionamiento de numerosas infraestructuras y servicios públicos en el país.