Bruselas pide recuperar 5,8 millones de ayudas públicas a Iberpotash
La Generalitat y la empresa esperan recibir la comunicación oficial
La Comisión Europea pidió ayer a España que recupere 5,8 millones de euros de ayudas públicas que beneficiaron a la empresa Iberpotash, con instalaciones en Súria y Sallent. Esas ayudas consisten esencialmente en que la Generalitat pagó un estudio para mejorar desde el punto de vista medioambiental los residuos que genera la empresa. El dinero que la Comisión Europea considera contrario a la competencia no lo percibió directamente Iberpotash, sino que la compañía minera se vio favorecida por no tener que pagar ni un euro por un estudio que perseguía –eso sí– un beneficio para la compañía.
Fuentes de la Generalitat y de la empresa –propiedad del grupo israelí ICL– aseguraron que no han recibido ninguna comunicación oficial por parte de la Comisión Europea. Fuentes del Departament de Territori reconocieron que la Generalitat asumió el coste de 7,9 millones del proyecto para cubrir físicamente la montaña de sal de Vilafruns. Fuentes de Iberpotash indicaron que la empresa desconfió de la utilidad de ese estudio si bien finalmente aceptó que se llevara a cabo. El citado estudio y proyecto fue realizado por una empresa local y pagado íntegramente por la Generalitat. Obviamente si el proyecto y el estudio hubieran tenido éxito, el principal beneficiado habría sido Iberpotash.
Las normas comunitarias permiten que la Administración pueda cubrir una parte de los costes para mejorar las condiciones ambientales, pero en ningún caso pueden superar el 50% de lo invertido.
En la comunicación de la Comisión Europea se hace referencia también a que la empresa se benefició de otra medida de apoyo ilegal que consistió en unas garantías financieras muy bajas para la restauración de las zonas mineras en Súria y Balsareny/Sallent. Según el Ejecutivo comunitario, ambas ayudas llevaron a que la compañía no tuviera que soportar los costes de protección ambiental que las otras empresas competidoras tienen que asumir en la UE, lo que constituyó “una ventaja competitiva indebida”.
Bruselas recordó que en referencia a las reducidas garantías financieras en el 2008 los tribunales españoles concluyeron que los costes de restauración de los lugares se fijaron a un nivel “injustificadamente bajo”, indica la CE. Por eso en el 2016 se establecieron garantías de un nivel mucho más alto. Precisamente, fuentes de Iberpotash recalcaron esa idea de que los tribunales ya han elevado las garantías.
La Administración pagó íntegro un estudio y proyecto que podía beneficiar a la empresa