Montoro avisa que no pagar impuestos al Estado es delito
La agencia catalana llega a los 700 funcionarios para recaudar tributos cedidos Puigdemont y Junqueras presentan la entidad, a punto para la independencia El ministro recuerda las consecuencias de no rendir cuentas a Hacienda
Junqueras cree que la hacienda catalana está lista para recaudar todos los tributos que se pagan en Catalunya
La hacienda propia de Catalunya está preparada para actuar como la estructura de un Estado independiente a partir del 1-O. Este es el mensaje que quisieron transmitir el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, en el acto de presentación de la nueva etapa de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), que ayer culminaba su despliegue territorial y competencial con la asunción de la gestión plena tanto de los impuestos propios como de los tributos cedidos por el Estado. Un despliegue al que el Gobierno español respondió de inmediato con la advertencia a los contribuyentes de que no pagar los impuestos estatales al Estado es delito.
“Es una estructura necesaria para hacer posible la voluntad que expresen los catalanes en el referéndum del 1-O”, subrayó Puigdemont, que precisó que, “sea cual sea esta voluntad, que es la que se tiene que respetar, la Administración en su conjunto estamos diciendo que estamos preparados y esta es la mejor garantía del funcionamiento de un país”. La ATC pasa a tener a partir de ahora 32 oficinas y un equipo de 700 profesionales, y cuenta con el apoyo de los 161 puntos de atención de Tributs de Catalunya –pertenecientes a diputaciones y ayuntamientos–, lo que para Junqueras constituye un “potencial de recaudación de unos 42.000 millones de euros al año”.
Una cifra que, según el Departament d’Economia, es el resultado de restar a la presión fiscal total de Catalunya, estimada en unos 75.000 millones, las cotizaciones sociales de los catalanes y los impuestos locales y que permite “multiplicar por 15 la previsión de recaudación efectiva del 2017 y por 34 la que hicimos en el 2015, antes del inicio del despliegue”, en palabras del propio vicepresidente del Govern. El “potencial de recaudación” está claro, pues, que incluye la previsión de ingresos de todos los impuestos que se pagan en Catalunya, es decir, no sólo los propios y cedidos, sino también los que ahora recauda el Estado. La ATC “está preparada para ser la pieza clave del nuevo sistema fiscal catalán” y “es homologable a las agencias tributarias más avanzadas del mundo”, remarcó al respecto Junqueras.
La ATC ha pasado de tener 321 empleados en el 2015 a 700 actualmente, que serán unos 800 en diciembre. Estos se ocuparán no sólo de la gestión de los tributos propios y cedidos –que hasta ahora gestionaban los registradores de la propiedad a través de un convenio que el Govern ha roto antes de que expirara y por el que los afectados reclaman una indemnización–, sino también de la recaudación ejecutiva –es decir, el cobro de impagos– de la que se encargaba la Agencia Tributaria española. La previsión, además, es que la ATC también centralice a partir de octubre el pago al Estado de los impuestos que corresponden a todo el sector público de Catalunya, o sea, a la Generalitat y a las empresas públicas, equivalentes a unos 2.500 millones.
La culminación del despliegue de la ATC de acuerdo con las competencias de que ahora dispone el Govern no pasó inadvertida, en todo caso, al Gobierno español. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirige Cristóbal Montoro, recordó, a través de un comunicado, que los tributos del Estado “se tendrán por no presentados y las deudas por no pagadas” si se liquidan ante una administración que no sea la competente y que, de producirse esta situación, la administración tributaria española podría iniciar procedimientos de comprobación e imponer sanciones. La nota lanza, en este sentido, una seria amenaza dirigida directamente a los contribuyentes ante el hecho de que, “en su caso, estas conductas podrían ser constitutivas de delito contra la hacienda pública”. Y avisa específicamente que
“las personas jurídicas –es decir, empresas y entidades– no tienen sólo responsabilidad tributaria, sino también responsabilidad penal, de acuerdo con el Código Penal”, y que, “además, sus administradores pueden incurrir en responsabilidad tributaria”.
Junto a la advertencia del Gobierno español, el sindicato de técnicos del propio Ministerio de Hacienda, Gestha, emitió otro comunicado, pero en su caso con el objetivo de precisar que la ATC necesitaría ampliar su plantilla en 4.000 efectivos para asumir las competencias de los tributos del Estado en caso de independencia. Gestha, en concreto, informó de que se requeriría un plan de empleo o una oferta de empleo público que sumara al menos 4.234 nuevos miembros a la plantilla actual. De hecho, los informes elaborados por el Consell Assessor per a la Transició Nacional aún preveían más.