Gestionar la calle
Tal como está la situación el día antes de aprobar la ley del Referéndum en el Parlamento catalán, los preparativos del 1 de octubre se pueden resumir así: el Gobierno central afirma que tiene todos los recursos para impedir la consulta y el Gobierno autónomo asegura que tiene todos los recursos para celebrarla. El primero tiene el poder de las leyes, y de los tribunales. El segundo tiene la fuerza de su voluntad y un último resorte que se venía insinuando y ahora es un anuncio formal: movilizar la calle. Contra la ley, movilización popular. Se lo dijo Puigdemont a Màrius Carol, director de este diario: “No debería sorprender que este proceso tenga continuidad en la calle”. Lo dijo Marta Rovira, secretaria general de ERC, la otra pata del Govern: “La ciudadanía deberá reaccionar de alguna manera”. La CUP no necesita decirlo ahora: hace tiempo que viene preconizando (y hasta practicando) la agitación popular como forma complementaria, quizá inevitable, de proclamar la República de Catalunya.
El Gobierno del señor Rajoy debe contar, por tanto, con algún grado de sublevación del independentismo, que algunos ya contemplan como el inicio del viejo mecanismo acción-reacción que supondrá la confrontación en la calle. Pero el Gobierno del señor Puigdemont debe disponerse a gestionar ese conflicto, que tiene todos los riesgos (tan conocidos en Barcelona) de verse desbordado por los antisistema. Es muy fácil invocar y hasta promover la protesta callejera con la disculpa de la exigencia social, pero nadie sabe en qué puede desembocar. Es muy tentadora la imagen de multitudes que reclaman el referéndum o la independencia en sentadas, manifestaciones y quizá actos de desobediencia civil por sus efectos en la prensa internacional, pero es difícil su control ante los incendiarios y los provocadores violentos, que existen y esperan su oportunidad. Es muy complicado alentar esas acciones desde un Gobierno y al mismo tiempo garantizar que sean ordenadas, pacíficas y festivas, como lo han sido todas las Diades. Y es legítimo, por supuesto, apelar a la presión de la calle, pero hay que saberla gestionar. Es ahí justamente donde se juega la paz civil.