Rajoy acude al TC e insta acciones penales contra Forcadell
El Parlament aprueba la ley del Referéndum con los votos de JxSí y la CUP y la abstención de CSQP Puigdemont y los consellers firman el decreto y consuman la desobediencia al Constitucional Rajoy acude al TC para frenar la consulta y busca el apoyo del
Soraya Sáenz de Santamaría anunció ayer que el Gobierno recurrirá los actos del Parlament ante el Tribunal Constitucional y pedirá acciones penales contra la Mesa, empezando por su presidenta. En su comparecencia, la vicepresidenta calificó el pleno de la Cámara catalana de “espectáculo bochornoso”.
El Parlament dio el salto. Un pleno diezmado aprobó ayer la ley del referéndum y el president Carles Puigdemont convocó la cita con las urnas del día 1 de octubre. “Por la libertad y la democracia”, fue su divisa. Fue una firma colectiva del Govern, nocturna y con menos épica de la prevista en una sala del Parlament con una senyera que esperó durante todo el día. Se necesitaron once horas para aprobar una ley por un procedimiento superexpress, con sólo 83 diputados en el hemiciclo, 72 votos a favor y 11 abstenciones de Catalunya Sí que es Pot, y la ausencia de Ciutadans, PSC y PP, que dejó como huella en sus escaños banderas españolas y catalanas.
Que la diputada de más edad, Àngels Fernández, de CSQP, retirara las banderas españolas fue el colofón de la ruptura con el Estado que acababa poner en marcha el pleno. Según Puigdemont, como “única alternativa” para Catalunya frente a la “amenazocracia” del Estado.
La paradoja es que después de una jornada de histeria parlamentaria el debate propio de la norma con la que arranca formalmente la desconexión del Estado se ventiló en un par de horas y mirando por el retrovisor a la espera de alguna reacción expeditiva procedente de Madrid que no llegó. Sin intervención y con la ley en vigor, hubo decreto de convocatoria y nombramiento de la Sindicatura Electoral, integrada por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge .
En Madrid, Mariano Rajoy logró el apoyo de los socialistas para dar respuesta al desafío del Parlament en los tribunales y ahora busca el apoyo en el frente político. Pero Rajoy no compareció, dejó ese papel en manos de la vicepresidenta Santamaría. El Gobierno sostiene que Forcadell y el resto de miembros de la mesa de la mayoría soberanista incurrieron en la enésima desobediencia por la admisión a trámite de la proposición de ley, la modificación del orden del día y la supresión de los trámites parlamentarios. Pidió al Tribunal constitucional la anulación de todas esas decisiones y reclamó la actuación urgente por la “relevancia constitucional del caso”. La referencia a la vía penal abría la puerta a la Fiscalía, que acumula querellas contra Forcadell y la Mesa. Mientras la presidenta de la Cámara contraatacaba recusando a todos los magistrados del TC
Sin intervención externa en el pleno y con la oposición buscando en todos los recovecos del Reglamento de la Cámara para dilatar la votación, la ley del Referéndum salió adelante por obra y gracia del artículo 81.3 del Reglamento. Una modificación del orden del día y la exención de procedimientos obligados en la tramitación de las leyes.
No sin infringir heridas en el funcionamiento habitual de la Cámara. El secretario general, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, habían advertido por escrito que el procedimiento podía ser constitutivo de desobediencia de las resoluciones del TC; la Mesa transmitió el aviso al hemiciclo y recordó que no es vinculante. La proposición de ley y las enmiendas se publicaron en el Butlletí Oficial del Parlament por acuerdo y de la mano de los miembros soberanistas de la Mesa sin firma del secretario general y sin funcionarios de por medio.
Hubo más. El Consell de Garanties Estatutàries se aventuró a cuestionar la tramitación de la ley por no permitir que los grupos solicitaran un dictamen sobre su constitucionalidad como un derecho inherente de los diputados; el PSC anunció un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que seguirán el resto de grupos contrarios al referéndum; y las formas parlamentarias cayeron a cotas inéditas incluso en el debate del Estatut.
Puigdemont había reunido a su Govern y diputados para transmitirlos la “trascendencia” del momento y reclamarles “serenidad y determina-
El pleno necesita once horas para aprobar la ley con la ausencia de C’s, PSC y PP Los letrados y el Consell de Garanties ponen en cuestión la tramitación superexprés
ción” ante el paso que se disponían a dar en el hemiciclo. Hacía falta. Dentro, el argumentario político brilló por su ausencia durante horas y se impuso el regate corto. Cuatro reuniones de la Mesa, peticiones de reconsideración de todas las decisiones: la “única vía posible” para aprobar la ley, según los independentistas; “un escándalo”, “denigración de la democracia con un espectáculo vergonzoso”, para el resto. Casi siete horas después, con la CUP manteniéndose al margen, la portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, que asumió la iniciativa de la reordenación del pleno, soltó un “vaaaaaaaa”, pero no impidió un nuevo parón de dos horas y media con Forcadell en medio del huracán.
En el debate definitivo, el presidente de JxSí, Lluís Corominas, desveló que en la junta de portavoces dos grupos –en referencia a PSC y CSQP- había llegado a proponer llevar el referéndum a noviembre a cambio de una tramitación ordinaria. Sostuvo que ante el inmovilismo del Gobierno central, el bloque independentista se aferra al derecho internacional para defender “no la independencia, sino la democracia”. Anna Gabriel (CUP) apeló a la “desobediencia institucional y social” para hacer frente a las prohibiciones que lleguen del TC y llamó a “salir a la calle para defender nuestros derechos”.
Inés Arrimadas (C’s) habló de “ilegalidad, atropello, demencial...” y amenazó con una moción de censura. Para Miquel Iceta (PSC), “la primera víctima del proceso es la legalidad catalana” y defendió la reforma federal de la Constitución. Xavier García Albiol (PP) se situó en la “peor crisis institucional” desde el 23-F y garantizó que no habrá referéndum. Lo de Catalunya sí que es Pot, fue otra cosa, comenzó con ataques a un “procedimiento antidemocrático” y acabó con una crisis interna que deja al grupo parlamentario a un paso de la ruptura y sin aclarar qué harán el 1 de octubre.
Los independentistas esperaban un intento de frenar el pleno, pero no llegó “Por la libertad y la democracia”, proclamó el president tras las firma