Entre la “amenazocracia” y la dictadura

Termine como termine el proceso, el independentismo catalán le debe un homenaje a Carme Forcadell. Ella fue la que recusó a todos los magistrados del Tribunal Constitucional. Ella fue la que se constituyó en muro para frenar las iniciativas y las quejas de la oposición. Ella fue la mujer torera que, con gesto impasible, resistió el cerco de quienes invocaban la legalidad española violada, la acusaban de ser gestora de Puigdemont o decían que aquello era un espectáculo bochornoso. “Ya está votado”, decía. “Ya está votado”, repetía. Su presidencia no era un lugar de reparto de turnos y voces; era Numancia.

Algo de bochornoso sí había en la sesión. Y mucho de autoritario. Es increíble que durante casi todo el día no se supiese quién había ordenado la publicación de la ley en el Boletín Oficial. Es de pésima presentación que se ignorase la advertencia de delito de los letrados de la Cámara. Es injustificable que no se admitieran en principio enmiendas a la totalidad. No hace falta ser españolista para certificar que cuanto ocurría era un acto de sublevación –pacífica, faltaría más—contra la legalidad del Estado. Y triunfó la imagen de que la mayoría quería imponerse a toda costa. Junts pel Si y la CUP sumaban votos suficientes para aprobar la ley en trámite ordinario y, por tanto, irreprochable; pero se dejaron obsesionar por la astucia y por ganar al Estado por la puerta de atrás, con trucos algo infantiles. La cuestión de las formas llegó a dominar sobre la histórica cuestión de fondo. Y así, ganan votaciones, pero no acaban de convencer al conjunto de la sociedad y le otorgan algo de razón a quienes acusan a la mayoría de ese “acto de fuerza contrario a la democracia”, que dijo Sáenz de Santamaría. La opinión pública queda dividida. Las relaciones políticas e institucionales, gravemente deterioradas, porque se han hecho duras descalificaciones mutuas. Y la batalla sigue abierta y seguirá abierta después del 1 de octubre. Puigdemont no ofreció ningún síntoma de duda en la sesión de control. La CUP sigue actuando de motor, en el Parlament y en la calle. Y se celebró un debate paralelo, fuera de Barcelona, que deja este balance: encargo al TC de que busque responsables penales; querella contra la Mesa anunciada por la Fiscalía; tres asociaciones judiciales que no aplicarán las leyes de desconexión; un bloque constitucionalista dispuesto a una gran ofensiva, y un combate de palabras donde Puigdemont descalificó al Estado como “amenazocracia” y Sáenz de Santamaría vio actitudes que “se acercan a una dictadura”. Más distancia, imposible. Más tensión, más imposible todavía.

La cuestión de las formas llegó a dominar sobre la histórica cuestión de fondo