Caos formal
El debate sobre la tramitación de la ley del Referéndum en el que embarrancó el Parlament
El pleno de Parlament fue probablemente uno de los más broncos y accidentados de cuantos se han celebrado en la Cámara. La voluntad de la mayoría independentista de aprobar la ley del Referéndum y el deseo de la oposición de impedirlo convirtió el debate político en una pugna sobre el cumplimiento del reglamento. Ayer más que nunca quedó demostrado que la democracia está hecha de ideas y también de normas.
Junts pel Sí y la CUP pretendían aprobar la ley mediante el procedimiento urgente, alterando sobre la marcha el orden del día del pleno en virtud del Reglamento de la Cámara, en concreto, el artículo 81.3 que dice:
“El orden del día del pleno puede ser alterado si este lo acuerda, a propuesta del presidente o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros del Parlament (...) Si se ha de incluir un asunto este ha de haber cumplido todos los trámites reglamentarios que permiten ser incluido, salvo un acuerdo explícito en sentido contrario por mayoría absoluta”.
En virtud de este artículo del reglamento los dos grupos que proponían la votación de la ley del Referéndum defendían que la aprobación de esta proposición podía quedar exenta de todos los trámites exigibles. Así, una vez admitida por la Mesa del Parlament a primera hora de la mañana, Junts pel Sí y la CUP propusieron que la ley que se incorporara al orden del día del pleno y, en segundo lugar, que se eximiera a la ley de casi todos los trámites por los que pasar normalmente una proposición de esta índole. Y en este punto empezaron los problemas con la oposición, Cs, PSC, PP y también Catalunya Sí que es Pot, pese a su posición no abiertamente opuesta a la ley. Los cuatro grupos consideraban que la utilización de este atajo del reglamento hurtaba sus derechos para defender sus posiciones en este debate.
En apoyo de esta posición, el secretario general del Parlament y el letrado mayor emitieron un informe en el que, además de advertir que la tramitación y aprobación de la proposición de ley del Referéndum desobedecía las sucesivas advertencias del Tribunal Constitucional, señalaba también que el procedimiento abreviado que pretendían defender los grupos independentistas no podía pasar por alto todos los trámites que prevé el propio reglamento, incluido el preceptivo informe del Consell de Garanties Estatutàries. La oposición se acogió como un clavo ardiendo a este informe de los letrados de la Cámara y reclamó que la mayoría independentista renunciara a tramitar la ley como lo estaba haciendo.
En este punto contaron también con el apoyo del portavoz de Catalunya Sí que es Pot. Lo cierto es que, prescindiendo de las consideraciones de los letrados, la Mesa del Parlament ordenó la votación y finalmente la ley se incorporó al orden del día y los trámites preceptivos que la oposición reclamaba quedaron reducidos a uno solo, la presentación de enmiendas. Los asesores legales de CS, PSC y PP pidieron levantar acta de cada una de las decisiones que adoptaron en la Mesa y en el propio pleno para armarse de argumentos legales para el momento de acudir a los tribunales. De hecho, ayer los socialistas ya anunciaron que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Pero este debate se complicó todavía más cuando el Consell de Garanties Estatutàries en respuesta a un escrito presentado por socialistas y Ciudadanos emitió un informe en el que señalaba los siguiente:
“Acordamos recordar al Parlament el carácter preceptivo, en el seno del procedimiento legislativo, de la apertura subsiguiente a la publicación de cualquier proprosición de ley del plazo de solicitud de dictamen del Consell, en garantía de los diputados en ejercicio de su función”
Este informe de los letrados dio otra vez nuevos argumentos a la oposición, que reclamó la potestad de pedir este informe que, incluso en un trámite de urgencia como el que se había planteado, significaría demorar al menos diez días la aprobación de la ley del Referéndum, lo que habría imposibilitado la firma de la convocatoria que se formalizó ayer.
Finalmente la Mesa del Parlament resolvió que la votación del pleno ya había descartado la posibilidad de recurrir al Consell de Garanties y en consecuencia, tras más de ocho horas de debates que no lograron conciliar las posiciones de unos y otros, la ley fue aprobada.
La oposición sigue considerando que se han vulnerado sus derechos, y Junts pel Sí sostiene por el contrario que la presión judicial del Gobierno es la que ha propiciado esta estrategia de la que ayer, en realidad, nadie salió satisfecho.