La Fiscalía ultima la tercera querella por desobediencia contra Forcadell
La acusación irá también contra los miembros de la Mesa que la apoyaron
La Fiscalía General del Estado, en permanente comunicación con la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tiene ultimada una nueva querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por haber admitido a trámite la proposición de ley del Referéndum que permitiría la convocatoria del anunciado para el 1-O. Será la tercera que se presente contra Forcadell ante el TSJ de Catalunya. Y, como en los casos anteriores, la acusación será por los delitos de desobediencia y prevaricación.
La querella alcanzará también a los miembros de la Mesa que votaron en el mismo sentido que la presidenta de la Cámara catalana. Los integrantes de la Mesa que apoyaron dicha admisión a trámite son los cuatro representantes de Junts pel Sí (la propia Carme Forcadell, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet) y el de Catalunya Si Que Es Pot (CSQEP), Joan Josep Nuet. En todos los casos, si la Fiscalía estima que existe un delito de desobediencia no es por la decisión tomada en sí misma –permitir la modificación del orden del día del Parlament y la consiguiente tramitación del mencionado texto–, sino por la previa existencia de órdenes y prohibiciones muy claras realizadas por el Tribunal Constitucional (TC) sobre la ilegalidad de cualquier resolución que se adoptase en tal sentido. Es decir, la Fiscalía estima que en este caso es más indudable que nunca la voluntad de los citados miembros de la Mesa de desoír y contravenir una orden rotunda y explícita del Constitucional, que les fue comunicada por escrito y personalmente.
La rápida reacción de la Fiscalía es consecuencia del cambio de estrategia del Gobierno y las instituciones centrales del Estado frente a las propuestas soberanistas. Hasta ahora, en las actuaciones contra Forcadell y la Mesa del Parlament, la Fiscalía General del Estado había esperado siempre a que el Constitucional interesase el inicio de la acción penal contra los dirigentes de las fuerzas independentistas que hubieran incurrido en conductas supuestamente delictivas.
Ciertamente, no lo hizo, en cambio, en el caso del 9-N, en el que existió incluso un claro compás de espera que condujo a frenar a los fiscales antes de la consulta y durante la propia jornada de la votación. Luego, en cambio, a la vista de la alta participación registrada ante las urnas, la Fiscalía General quiso precipitar la presentación de la primera querella, entonces contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, y luego contra Francesc Homs. La oposición inicial de los fiscales de Catalunya ralentizó el proceso, pero no lo paró. Al final, una Junta de Fiscales de Sala extraordinaria acordó la presentación de la querella que abrió el ahora ya largo capítulo de procesos penales contra dirigentes independentistas.
Desde entonces, la metodología seguida fue activar primero al Constitucional y esperar a que fuera este el que pidiera la actuación de la Fiscalía. Así, la primera querella contra Forcadell –presentada en octubre del año pasado– fue por permitir que el Parlament votase las conclusiones de la comisión de estudio sobre el Procés Constituent, en las que ya se contemplaba la celebración de un referéndum de autodeterminación, con el fin de acelerar la desconexión con España.
La segunda querella llegó en febrero de este año. En esta ocasión fue por permitir que la Cámara catalana aprobase la resolución que contemplaba la celebración del referéndum, entonces ya anunciado para el actual mes de septiembre. La Fiscalía endureció su lenguaje y habló de desobediencia “contumaz” por parte de la presidenta del Parlament y de una voluntad “inequívoca e irreversible de llevar adelante su proyecto político por la vía de los hechos consumados”. Pero el mayor salto cualitativo lo dio el martes el fiscal general, José Manuel Maza, cuando anticipó las actuaciones presentes, al hablar de reacción “enérgica” y “sin vacilaciones” ante las anunciadas iniciativas de las fuerzas independentistas.
En su cambio de estrategia, el fiscal no ha esperado a que el TC le pidiera que actúe en vía penal