El TC rechazará la recusación de sus magistrados

El pleno abordará hoy la anulación de los acuerdos tomados ayer por la Mesa

El Tribunal Constitucional (TC) inadmitirá de plano hoy la recusación presentada ayer por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, contra los doce magistrados que componen dicha institución. La redacción de la resolución ha correspondido por turno a la catedrática de derecho constitucional de la Universidad de Málaga María Luisa Balaguer, que actuará por tanto como ponente del texto. Balaguer se incorporó al Constitucional en su última renovación, a propuesta del Parlamento andaluz.

La inadmisión de la recusación sería coherente con todas las actuaciones anteriores del TC en casos similares. La admisión a trámite de la recusación de todos los miembros del Constitucional crearía una situación de parálisis de la institución para resolver los asuntos relacionados con los motivos de tal iniciativa. En otras palabras, el TC no podría tocar papel alguno que tuviera que ver con Carme Forcadell mientras estuviera pendiente de resolución la recusación presentada. En la actual situación, tal hipótesis resulta escasamente verosímil. Empezando por el hecho de que ayer tuvo entrada en el TC el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno contra la decisión de la Mesa del Parlament de admitir a trámite la proposición de ley del referéndum.

Curiosamente, la iniciativa del Gobierno no plantea esta vez suspender la resolución de la Mesa. Pero es una medida de carácter práctico. Tenía poco sentido, habida cuenta de que horas después se iba a votar y aprobar la propia ley. Ahora bien, lo que sí se pide es la pura y simple anulación del acuerdo de la Mesa, cuando se resuelva sobre el fondo del asunto.

El Gobierno le solicita asimismo al Constitucional que “dada la extremada relevancia constitucional del caso”, actúe por vía de urgencia “para que se pronuncie lo antes posible sobre el incidente que se promueve”. Lo más probable, en todo caso, es que el acuerdo de la Mesa no se pueda anular a velocidad meteórica. La resolución sobre el incidente de ejecución de sentencia –cuyo ponente es el magistrado Andrés Ollero– implica pedir alegaciones a las partes. Y para ello se precisan plazos, que el TC fijará. En todo caso, la Abogacía del Estado no solicita que el TC actúe inaudita

parte, es decir, sin escuchar siquiera al Parlament.

En todo caso, hoy llegará al Constitucional la pieza principal de la batería de iniciativas de las instituciones del Estado, es decir, el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la ley del referéndum propiamente dicha. Es obvio que la Abogacía del Estado va a solicitar la suspensión de la ley y su posterior anulación cuando se falle sobre el fondo del asunto, una vez tomadas en consideración, aquí también, las alegaciones de las partes. Y habrá que ver en qué términos se formulan las alegaciones del Parlament, teniendo en cuenta que el secretario general de la cámara catalana no ha suscrito la admisión a trámite de la proposición, y los letrados han advertido de la posible inconstitucionalidad del texto.

En este sentido, el incidente de ejecución de sentencia planteado ayer ya anticipa el criterio de que “las resoluciones impugnadas constituyen en sí mismo un incumplimiento evidente (del Parlament) de resoluciones previas del TC”, y añade que “ese incumplimiento genera una situación de perturbación extremadamente grave del orden constitucional”. Todo ello porque se pretende convocar “un referendo, la apertura de un proceso constituyente y la desconexión del Estado español, de manera unilateral”.

La impugnación del Gobierno plantea que el TC deduzca testimonio de particulares –es decir, que lo comunique a la Fiscalía– sobre la existencia de una actuación delictiva de los miembros de la Mesa que apoyaron la tramitación de la iniciativa. En el propio Constitucional no se ve esta vez como urgente este punto, puesto que la Fiscalía General ya ha actuado de oficio, es decir, sin esperar a que sean los propios magistrados quienes informen de que pueden haber sido desobedecidos. De esa desobediencia no tiene duda alguna la Abogacía del Estado, que habla en su escrito de “contravención frontal” del Parlament “con lo decidido por el TC”.

La ponente de la resolución sobre la recusación es la magistrada andaluza María Luisa Balaguer