Los males inmobiliarios

Cuando ha quedado más que demostrado que la desregularización que ha existido –y existe– en el sector inmobiliario en España puede llevar a generar la ruina de un país, y cuando se han podido identificar la mayoría de disfunciones en el sistema que ha permitido que ese riesgo haya sido más que una posibilidad, sería de necios no poner remedio a esa situación. O al menos, no intentarlo. Lamentablemente, las administraciones públicas no han tomado medidas correctoras. Y esas medidas tan necesarias no se pueden diseñar ni implantar cuando a uno le convenga. Necesitan de un tempo muy condicionado.

Quien sí que ha adoptado medidas desde hace unos pocos años es la banca. Actualmente, todo promotor que pretenda iniciar una promoción en la que tenga necesidad de utilizar un préstamo hipotecario conoce sobradamente la intervención económica a la que ha de someterse: si quieres financiación te debes someter de forma permanente al control económico de un tercero, propuesto por la entidad financiera pero pagado por el promotor. Estos profesionales, denominados controllers o project monitoring, fiscalizan toda la gestión económica del proyecto. En muchos casos, las entidades financieras llegan a pagar directamente a los industriales y proveedores, sin que el promotor toque el dinero. Todo ello con la intervención de esos profesionales técnico-económicos. En España ha sido tradicional que sean los arquitectos técnicos (aparejadores) los que se ocupen de las mediciones, la valoración de las innumerables partidas de obra y la gestión de la contratación y liquidación de las obras.

Desde el mundo anglosajón nos llega otro tipo de profesional, el quantity surveyor que, con los conocimientos del arquitecto técnico español en cuanto a esos aspectos de control económico, viene desarrollando con gran prestigio esas funciones. En Inglaterra no se concibe abordar una construcción de mediana dimensión sin la intervención de esos profesionales y existen empresas dedicadas al quantity surveying que tienen ¡más de 230 años de antigüedad! Con estas nuevas figuras se soluciona solo en parte el problema. Hay otras muchas disfunciones que corregir y regular. Nadie hasta ahora se ha puesto a trabajar para exigir, desde las administraciones, que todos los intervinientes en el proceso constructivo tengan cobertura obligatoria de responsabilidad civil, excepción hecha de los técnicos y del promotor, y únicamente para determinados supuestos de riesgo. ¿A que espera la Administración para implantar esta obligatoriedad de cobertura aseguradora de todos los intervinientes (constructor, industriales, suministradores, etcétera)?

Gracias a este vacío legal, en España cualquiera se puede poner a trabajar como industrial de la construcción sin que nadie le obligue a tener una cobertura aseguradora. Pero de eso hablaremos otro día...

Lamentablemente, las administraciones públicas no han tomado medidas correctoras