Los procesos contra el proceso
La justicia tiene cuatro causas abiertas por el proyecto secesionista
Tras la admisión de otras dos querellas de la Fiscalía contra el proceso, que se han acumulado en otros dos asuntos actualmente abiertos, ya son cuatro las causas judiciales que se hallan en los tribunales contra el proyecto político secesionista. En las últimas actuaciones del ministerio público se acusa al presidente de la Generalitat, a los 13 consellers, a la presidenta del Parlament y a cuatro miembros de la Mesa de la Cámara. Además, ya han sido condenados un expresidente de la Generalitat, la exvicepresidenta y dos exconsellers; y en distintos procedimientos hay otros cuatro investigados, porque Carme Forcadell y otros diputados ya lo estaban. Ahora, prácticamente todos los extremos y los principales promotores del referéndum están bajo la mirada de los tribunales. Este es el estado de los procesos judiciales contra el proceso.
EL 9-N
El precedente más claro del referéndum es la consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014, que ya fue llevada ante los tribunales por la Fiscalía. En este caso hay sentencias: el 13 de marzo pasado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) condenó a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por desobediencia al Constitucional. Al primero le fueron impuestos dos años de inhabilitación; a la segunda, un año y nueve meses, y a la tercera, un año y medio. La sentencia está pendiente de confirmarse en el Tribunal Supremo (TS), donde se sustanció precisamente otro proceso por el mismo tema desgajado del primero, contra Francesc Homs, que fue condenado el 23 de marzo a un año y un mes de inhabilitación. La pena, que no se puede recurrir, le costó tener que abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados. Pero además, estas causas llevaban aparejadas sanciones económicas, porque Mas debe hacer frente a una multa de 36.000 euros; Homs y Ortega, de 30.000, e Irene Rigau, de 24.000. Y el bolsillo es lo que se puede ver afectado de ahora en adelante por el 9-N, ya que el Tribunal de Cuentas abrió una investigación el 19 de julio pasado al considerar que, si bien no se acusó por malversación de caudales públicos, sí cabía profundizar en quién debe hacerse responsable de los gastos para las arcas públicas provocados por la consulta. Esta instancia ya ha hecho público que el próximo día 25 convocará a Mas, Ortega, Homs y Rigau, así como a siete ex altos cargos de la Generalitat, para que depositen una fianza de 5,12 millones de euros para hacer frente a posibles responsabilidades pecuniarias en caso de ser condenados. Si no lo hacen, pueden ver como se les embargan sus bienes.
FORCADELL Y LA MESA
Lo cierto es que el proceso ha estado en los tribunales desde que vio la luz. El 9 de noviembre de 2015, el pleno del Parlament aprobó una resolución que propugnaba un “proceso constituyente no subordinado a las instituciones del Estado (…) en especial al Tribunal Constitucional”, con 72 votos a favor de JxSí y la CUP, y 63 en contra. El Gobierno la impugnó ante el Tribunal Constitucional (TC) el 11 de noviembre, y el 2 de diciembre esta instancia la declaró inconstitucional. El 27 de julio del 2016, de nuevo el pleno aprobó resoluciones en esta materia, fruto de lo cual la Fiscalía presentó el 19 de octubre una querella contra Carme Forcadell, presidenta del Parlament, por desobediencia grave. El TSJC decidió proceder contra ella y designó instructora a la magistrada Maria Eugènia Alegret. Con posterioridad, el 23 de febre28 ro de este año, la Fiscalía amplió la querella contra tres miembros de la Mesa que, con sus votos, facilitaron la tramitación de nuevas iniciativas en el sentido de promover el referéndum. Eran Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet, todos de JxSí, y se agregó la acusación de prevaricación. Los hechos se acumularon en un solo procedimiento, y después la magistrada imputó a otro de los integrantes de la Mesa, Joan Josep Nuet, CSQEP. Corominas ya no es miembro de la Mesa, pero continúa como diputado. En este procedimiento se ha acumulado la querella presentada el pasado viernes por la Fiscalía por la tramitación de la ley del Referéndum y la de Transitoriedad. Esta acción también va dirigida contra Forcadell, Simó, Nuet y Barrufet, a la que ahora se añade a Lluís Guinó, vicepresidente primero de la Mesa.
EL REFERÉNDUM
Los plenos de la Cámara catalana que han abordado el proceso han sido seguidos con lupa por la Fiscalía. Y las normas que se desprenden de ellos también. Los presupuestos de la Generalitat de de marzo incluían una disposición adicional que aludía a partidas económicas para sufragar el referéndum; disposición que fue anulada por el Tribunal constitucional el 4 de abril. El 16 de mayo, la Fiscalía presentó una querella contra la consellera de Governació Meritxell Borràs, y el secretario general del Departament, Francesc Esteve, por elaborar un convenio marco para la adquisición de urnas, que se presentó como necesario para elecciones al Parlament. La querella fue ampliada el 13 de junio, y además se les imputó los delitos de desobediencia y de malversación de caudales públicos; un supuesto este que, de existir condena, ya lleva aparejada la prisión. La iniciativa fue aceptada el 6 de julio por el TSJC, que designó instructora a la magistrada Mercedes de Armas. Ahora, esta juez deberá encargarse en la misma causa de la querella de la Fiscalía aceptada el pasado viernes contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los 13 integrantes del Consell Executiu, a los que el ministerio público acusa de desobediencia, prevaricación y malversación. En la querella, el fiscal pide que se imponga una fianza a los acusados, por si de su actuación se desprenden consecuencias económicas, y se solicita que si no lo hacen, se les embarguen sus bienes. Es en este escrito donde el ministerio público demanda al TSJC que oficie a Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra a fin de que incauten las urnas del referéndum y todos los efectos que se puedan usar para llevarlo a cabo, como el censo.
SANTI VIDAL
El juez suspendido por redactar un borrador de Constitución catalana dio una serie de conferencias auspiciadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que fueron grabadas, y en la que dejó algunos comentarios como que habían estudiado el perfil de 800 jueces destinados en Catalunya y que por ello sabían con quién podían contar; que manejaban los datos fiscales de los catalanes, o que había una partida oculta en el presupuesto de la Generalitat de 400 millones de euros para financiar el referéndum. Al difundirse sus palabras tuvo que dejar el escaño de senador por ERC, pero también se derivaron consecuencias penales. A consecuencia de varias querellas, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona abrió una investigación, que en realidad es la más global sobre el proceso soberanista que está en los tribunales, pues abarca delitos tan diversos como revelación de secretos, malversación de caudales o sedición; así como multitud de campos, desde la Agencia Tributària de Catalunya, la página web del Pacte Nacional pel Referéndum o el dinero que se destina a la convocatoria. Además, se incorporó una denuncia de la Fiscalía por la iniciativa de la Generalitat de llevar a cabo un registro de catalanes que residen en el extranjero. Hasta el momento, en la causa, que permanece bajo secreto, están imputados el citado Santi Vidal, el secretario de Hisenda, Lluís Salvadó, y el jurista Carles Viver Pi-Sunyer. Otros cuatro altos cargos de la Generalitat han declarado ante la Guardia Civil, que es quien se encarga de las pesquisas.