Rajoy dará otros pasos para impedir el referéndum
El Gobierno se ve “cargado de razones” para medidas drásticas
Mariano Rajoy era consciente de que la semana pasada era clave no sólo para impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre, sino para que se entendiera la actuación del Gobierno para evitarlo, y está convencido de que se ha comprendido de forma mayoritaria por la sociedad, y más expresamente por la sociedad catalana. Un difícil equilibrio que, cayera del lado que cayera, no iba a mermar la determinación del presidente de usar todos los medios a su alcance para que no triunfaran las tesis independentistas.
De un lado, algo que preocupa mucho a Rajoy, es que los catalanes entiendan las razones para adoptar decisiones de una gravedad que el propio presidente aadmite: las medidas contra la Mesa del Parlament y su presidenta, Carme Forcadell, y contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto del Govern. Unas actuaciones que el Ejecutivo quería dejar claro que iban contra las personas que cometían ilegalidades y no contra las instituciones de autogobierno de Catalunya, que debían ser respetadas, de modo que no hubiera nada que los catalanes puedan considerar como un ataque a Catalunya. Ahora, a juicio del Ejecutivo, se ha visto, y los propios catalanes lo han percibido, que “los únicos que han atacado a las instituciones catalanas, empezando por el Estatut y el Parlament”, son los secesionistas.
Ese mensaje dirigido a los catalanes “moderados” –según la definición de Rajoy– contrastaba con la necesidad de dar una respuesta contundente que exigían determinados actores de la sociedad catalana, incluidos sectores afines al PP, que no entendían por qué Rajoy “no cortaba por lo sano” la desobediencia de Puigdemont, un eufemismo con el que se pretendía pedir que se aplicara en su máxima amplitud el artículo 155 de la Constitución (que autoriza al Gobierno central, con el apoyo de la mayoría absoluta del Senado, a obligar a una comunidad autónoma a cumplir con sus obligaciones legales y constitucionales). Ahora bien, los acontecimientos de la semana pasada, y en especial la forma en que los catalanes han podido contemplar cómo se desarrollaban las sesiones del Parlament, así como la respuesta “rápida y contundente” pero sin “sobreactuar” del Gobierno central, han cambiado el escenario. Y fuentes del Ejecutivo consideran que Mariano Rajoy “ya se ha cargado de razones” para tomar medidas más drásticas si continúa el “desafío” de los independentistas.
Sin embargo, las fuentes consultadas consideran que para aplicar otras medidas que se exigen desde esos sectores, como puede ser la ley de Seguridad Nacional o el artículo 155 de la Constitución, quedan otros pasos que dar. La ley de Seguridad Nacional, aprobada en el 2015, con la mayoría absoluta del PP pero apoyada por el PSOE, faculta al Gobierno central a dar órdenes directas a todos los funcionarios del Estado (incluidas policías autonómicas y locales) en casos de determinada emergencia para la seguridad de los ciudadanos o de peligro para el ordenamiento constitucional.
Otros sectores apuntan a la posibilidad de recurrir al delito de sedición, contenido en el artículo 544 del Código Penal, que establece: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen públicamente y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. Un delito importante que conlleva penas de cárcel de ocho a 10 años, o de 10 a 15 si lo protagonizaran personas “constituidas en autoridad”.
A juicio del Ejecutivo, son los últimos pasos que se podrían dar para impedir la celebración del referéndum y la declaración de independencia. Pero sólo se adoptarán si son estrictamente necesarios. Son respuestas que el Gobierno tiene estudiadas y previstas, y que distintos ministerios han analizado para determinar cuándo habría que ponerlas en marcha, pero que el Ejecutivo mantiene en espera. La convicción es que podrá frenarse la consulta con la aplicación de la legislación ordinaria.
Para ello, son muy importantes, a juicio del Ejecutivo, dos elementos. El primero, y básico para Rajoy, es el apoyo del principal partido de la oposición, el PSOE, que ha obtenido, además del de Ciudadanos, porque da una visión de unidad imprescindible en estos momentos. Y el segundo, el apoyo social, no sólo en toda España, sino especialmente en Catalunya, que, a juicio del Ejecutivo, se está consiguiendo por la prudencia en su actuación y el comportamiento de los partidos independentistas.