Los laboristas, contra la ley de la “gran derogación”
La oposición pide que no se ignore al Parlamento en el Brexit
Si todo va como está previsto a finales de marzo del 2019 el divorcio del Reino Unido de Europa será un hecho, pero para ello toda la legislación comunitaria debe ser transferida a la británica, y eso es lo que debatió ayer la Cámara de los Comunes, en un choque directo entre los conservadores y la oposición laborista, liberaldemócrata y del Partido Nacionalista Escocés (SNP). Pese a las críticas, los tories, con el apoyo del Partido Democrático Unionista del Ulster (DUP), impusieron su mayoría y la ley se aprobó sin problemas con el voto favorable de 326 diputados frente a 290 contrarios.
La ley de retirada de la Unión Europea, conocida también como la de la “gran derogación” es, según los miembros del partido en el Gobierno, necesaria para que haya un Brexit “ordenado”. Aseguran que es un “ejercicio técnico” para que en el momento de transferencia de poderes no haya ningún cabo suelto, ningún vacío legal que pueda poner al país en peligro. Además, la nueva legislación dará autoridad al Gobierno para cambiar las leyes en el futuro, y eso es lo que ha molestado a la mayoría de la oposición, que está convencida de que ningunea el poder del Parlamento.
El líder laborista, Jeremy Corbyn, pidió a los miembros de su partido que votaran en contra, algo muy distinto a lo sucedido durante el voto que activó el artículo 50 del tratado de Lisboa, que inició el proceso de desconexión de la Unión Europea. Ello se debe,
El Gobierno lleva a Westminster el traspaso de las leyes comunitarias a las británicas
según el parlamentario laborista Wayne David, a que “esta votación no es sobre el Brexit sino sobre cuál va a ser el papel del Parlamento”. “No se puede permitir que la democracia funcione por decreto ley”, lamentó. Así pues, se aboga por limitar los llamados “poderes de Enrique VIII”, que permiten al Gobierno enmendar la legislación saltándose a la torera el control parlamentario.
Según los grupos de la oposición, sería una gran ironía decir que los británicos han votado a favor del Brexit para reforzar la soberanía de la Cámara Baja y después votar a favor de esta ley para dar soberanía el poder ejecutivo y no al legislativo. Además se insiste en que en estas normas hay que asegurar los derechos de los ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido, para que sus libertades no se vean mermadas. Los laboristas están también molestos porque el Ejecutivo ha confirmado que no tiene intención de incorporar a la legislación la Carta de los Derechos fundamentales de la UE.
Pero desde el Partido Conservador se insistía en que si esta norma no era aprobada supondría el caos, porque es necesario que haya una salida ordenada de la UE. El ministro para el Brexit, David Davis, aseguró que “sin este proyecto nos acercaríamos a un precipicio de incertidumbre que no va a favorecer los intereses de nadie”.
Queda en el horizonte una labor inmensa, “uno de los mayores proyectos legislativos en la historia en el Reino Unido”, según un informe de la Cámara de los Lores. Supone derogar la ley de Comunidades Europeas de 1992 que autorizó el ingreso del Reino Unido en 1993 a la entonces Comunidad Económica Europea y que daba primacía a los tratados comunitarios. Además tendrán que convertir las casi 20.000 normas en leyes británicas y adaptar cada una de ellas al escenario actual del Reino Unido.