El recurso pide que se anule “toda” la ley de Transitoriedad
La norma impugnada es “inexistente”, por ser “de contenido imposible”, afirma el recurso presentado
El recurso presentado formalmente ayer por el Gobierno contra la ley de Transitoriedad pide la anulación de “la totalidad” de la norma impugnada. El Ejecutivo afirma que esta norma aprobada por el Parlament representa “la mayor afrenta y amenaza de destrucción de las normas de convivencia que la sociedad española se dio en el año 1978”, al refrendar la Constitución. Añade que “es también el mayor ataque concebible a los valores de los estados democráticos de Derecho de los que España forma parte”.
La impugnación del Gobierno estima innecesario desglosar punto por punto el contenido de la ley. Considera que su inconstitucionalidad resulta palmaria, por fundarse en una “manifiesta desobediencia” al Tribunal Constitucional (TC). El recurso subraya que los 71 diputados que han respaldado la ley han forzado su aprobación y “han abusado de forma descarada del Parlament de Catalunya para fines espúreos”.
La Abogacía del Estado sostiene que el texto recurrido se sitúa “completamente fuera del marco constitucional” al pretender la proclamación de un Estado catalán en forma de República, valiéndose para ello de una ley autonómica. Por ello llega a la conclusión de que “desde el punto de vista del ordenamiento jurídico el documento impugnado es inexistente por ser de contenido imposible”.
El texto –añade– es de una inconstitucionalidad “total y absoluta”, porque pretende “la imposible configuración de la comunidad autónoma de Catalunya como un Estado de Derecho independiente del Estado Español”. El recurso insiste en este sentido en que la ley no sólo implica un ataque a los principios básicos de la Constitución, sino “a los pilares esenciales del sistema democrático occidental”. Y añade que el Parlament “se arroga” un poder del que carece, el de proclamar una República “en nombre del pueblo catalán, al que imputa la soberanía nacional”, decisiones que son “antidemocráticas”.
Con el de ayer son ya siete las impugnaciones del Gobierno a las que debe dar respuesta el TC. Se trata de las presentadas contra la votación en el Parlament de la ley del Referéndum por el procedimiento de lectura única y las formalizadas contra esta misma norma, la convocatoria del 1-O y las disposiciones complementarias, entre ellas la de designación de la Sindicatura Electoral. Todas ellas han sido suspendidas por el TC, a resultas de los recursos interpuestos.
JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid