Terrassa afronta la gestión del agua con un pulso judicial
La municipalización del servicio desencadena el conflicto entre el Ayuntamiento y la empresa que lo ha gestionado 175 años
No va a ser una gestión nada fácil. Desde el pasado 7 de septiembre, Terrassa se ha convertido en la primera gran ciudad catalana (215.000 habitantes) que municipalizará el agua, un servicio que ha estado 175 años en manos de la empresa Mina d’Aigües de Terrassa, con una última concesión de 75 años. El calendario del Consistorio prevé que la remunicipalización de este servicio básico sea efectiva a finales de año y así garantizará “una gestión más transparente y eficiente”, según se acordó en el último pleno extraordinario.
De 27 ediles, el dictamen obtuvo 20 votos del PSC, Tec, ERC-MES y CUP, 3 abstenciones del PDECat y 4 votos en contra de Ciudadanos y PP. El alcalde socialista, Jordi Ballart, asegura que con este “acuerdo histórico” el agua “estará blindada frente a cualquier intento de controlarla, monopolizarla o ponerla al servicio de intereses económicos o estratégicos que no tienen a ver con la ciudad”. Barcelona, Badalona y Sabadell estudian remunicipalizaciones y junto a Santa Coloma de Gramenet y Cerdanyola del Vallès han constituido la Asociación de Municipios para la Gestión Pública del Agua, en la que también está Terrassa.
En los últimos meses de negociaciones, la relación entre el Ayuntamiento y Mina se ha tensado. La empresa gestora tiene en marcha una demanda judicial y reclama una indemnización que oscila entre los 40 y los 60 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento valora la compensación de la liquidación en dos millones. “Se trata de la valoración de nuestros activos, que vienen de antes de la concesión, de nuestros orígenes en 1842”, detalla el director general de la firma, Josep Lluís Armenter. Mina –participada en un 35% por Aigües de Barcelona (Agbar) y en un 10% por BBVA– tiene el contrato prorrogado hasta el próximo 9 de diciembre, pero ya da por hecho que es necesaria una tercera prórroga forzosa para que el traspaso de gestión cumpla con todas las garantías.
El Ayuntamiento ha encargado a la consultora PWACS SL un informe que establece que “el tipo de servicio más sostenible y eficiente del agua en Terrassa es de gestión directa”, con una mayor flexibilidad a través de una entidad pública empresarial local. El Ayuntamiento se compromete a subrogar a todos los trabajadores de Mina, con el fin de que se incorporen y pasen a formar parte de la nueva empresa pública. Este punto se espera conflictivo. “Contamos con 129 personas en la plantilla y el Ayuntamiento habla de 100. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué garantías laborales tendrán cuando sean subrogados y cómo conservarán su antigüedad y su sueldo si pasan de una empresa privada a una pública?”, se pregunta Armenter.
Hasta que no analice el informe municipal, Mina evita hacer un pronunciamiento en firme, pero asegura que mantiene la voluntad de diálogo con el Consistorio. Armenter destaca que ofrecen “un servicio de excelencia a la ciudad con varios controles externos anuales. La gestión del agua nunca ha sido una preocupación de la ciudadanía, que nos puntúa con un notable alto, sino que se ha instrumentalizado políticamente”.
El reglamento de la nueva empresa municipal se basará en la transparencia económica y financiera de su gestión y en la participación ciudadana, de modo que las políticas y decisiones estratégicas que la dirijan se tomarán teniendo en cuenta a la opinión pública. A la vez, se incluirá un apartado de medidas sociales con el fin de garantizar el acceso básico al agua de todas las personas y familias en riesgo de exclusión.
El Consistorio cifra la compensación de liquidación en dos millones; la compañía reclama más de 40