Trapero acata la orden del fiscal y manda investigar el 1-O
El jefe de los Mossos encarga la investigación a la comisaría de información La Fiscalía avisa a las policías que no deben atender órdenes contra la Constitución El Constitucional debate si suspende la Sindicatura Electoral
En las próximas tres semanas, los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil deberán impedir que se celebre el referéndum de autodeterminación convocado por la Generalitat para el 1 de octubre. Es una orden que ayer les transmitió, en persona y por escrito, el fiscal superior de Catalunya, José María de Tejada. Las tres instituciones deberán investigar dónde está guardado o se está elaborando el material que se necesita para la consulta y “requisarlo”. La policía de la Generalitat es la que tiene más implantación en el territorio, es la policía integral y con más opciones, si las buscan, de encontrar las urnas. Aún así, la Fiscalía quiso dar la orden a los tres cuerpos policiales por igual. Y a los tres les advirtió que “la obediencia debida” a sus responsables políticos “no podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos contrarios a la Constitución”. Es decir, el ministerio público recuerda, especialmente al major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que no deberá atender a órdenes, ni instrucciones de sus superiores políticos si estas son contrarias a la ley.
En este sentido, ayer mismo el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró que “los Mossos tienen como función principal garantizar la seguridad. El 1 de octubre garantizarán la seguridad. La policia no ha de hacer política”, y pidió que “se les deje trabajar”.
Y eso es precisamente lo que hizo el major, trabajar. A última hora de la tarde redactó y distribuyó a todas las unidades de los Mossos una circular interna en la que comunicaba las órdenes recibidas por la Fiscalía. Así informó de su decisión de encargar la investigación a la comisaría general de información, aunque advertía que el resto de unidades podrían igualmente actuar “cuando la urgencia de la situación requiera una actuación inmediata”. O dicho con otras palabras, si una patrulla da con una imprenta en la que se elabora material para el referéndum, deberá actuar conforme el criterio de Fiscalía. Es decir, ante cualquier duda, Trapero no sólo acató la orden del fiscal sino que no tardó ni seis horas en dar las primeras instrucciones.
El escrito del fiscal era claro. Ordena que para evitar “la consumación del delito”, Mossos, Policía y Guardia Civil “requisen urnas” y todo el material destinado a preparar y celebrar el referéndum. Hasta ahora sólo la Guardia Civil ha actuado en este sentido. Conviene recordarlo. Un digital publicó hace dos semanas un pantallazo de una papeleta electoral y aseguró que se estaban imprimiendo en la imprenta Indugraf de Constantí.
La Guardia Civil de Tarragona acudió al fiscal provincial y este pidió más indicios para autorizar la entrada y registro. Durante un par de días, los agentes registraron los vehículos de los trabajadores y finalmente, el viernes pasado, un juez de guardia de Tarragona autorizó la entrada para primero inspeccionar y después registrar la citada imprenta. También se autorizó el registro del semanario El
Vallenc, de cuyos editores se sospechaba que habían sido los encargados de imprimir las papeletas.
Esas diligencias de Tarragona siguen abiertas y, que se sepa hasta el momento, la Guardia Civil no ha encontrado ni una sola impresión relacionada con el 1-O.
Actuaciones como esta de Tarragona es lo que el fiscal de Catalunya ordenó que se haga. Y “de forma urgente”. Entre otras cosas porque faltan menos de tres semanas para el referéndum.
La reunión en la Fiscalía no duró más de media hora. Fue breve y “cordial”, según algunos de los presentes. Los participantes fueron directamente al grano, sin turno de preguntas, ni margen para dudas.
En el comunicado, que la Fiscalía quiso hacer público, se ordena a todas las unidades de la policía judicial que actúen ante cualquier acto ejecutado por autoridades, funcionarios o “particulares en connivencia con aquellos” dirigidos a preparar y celebrar el “referéndum de autodeterminación ilegal”.
El fiscal también ordena la difusión de la nota a todos los responsables policiales de las tres instituciones que dependen de Trapero, el comisario de la Policía Nacional, Sebastián Trapote, y el jefe de la Guardia Civil en Catalunya, el general Ángel Gozalo.
Aunque a la reunión fueron citados los tres responsables policiales, las miradas se centraron en el major. ¿Qué harían los Mossos? Una portavoz de la policía respondió por la tarde con la misma “tranquilidad” con la que el major entró y salió de la reunión: “Hemos recibido un requerimiento de la Fiscalía y lo atenderemos como todos los requerimientos judiciales que recibimos”. Y eso hicieron, encargando la investigación a la comisaría general de información, la responsable, entre otras tareas, de trabajar con los atentados de Barcelona y Cambrils.
Con la instrucción remitida ayer, Fiscalía también quiso dejar claro que ante cualquier duda que asalte a los policías a la hora de investigar la preparación del referéndum, el interlocutor al que deberán dirigirse es la Fiscalía. Además, la orden facilitada a las cuerpos policiales pronto podría cobrar más fuerza y contar con el beneplácito del TSJC, que es el órgano que desde el pasado viernes es el encargado de investigar a los miembros del Govern y la Mesa del Parlament por la aprobación de la ley del referéndum.
En la querella que presentó la Fiscalía contra el Govern ya se solicitaba una medida cautelar que exhortaba a la policía a “impedir la promoción, organización y celebración del referéndum debiendo intervenir el material del 1-O”.