La política y la calle
Las Diades desde el 2012 hasta la del pasado 11 de septiembre han sido un éxito de organización, de participación y de civismo. En todas ellas ha habido un gran esfuerzo de imaginación que ha sido compartida por familias enteras que llegaron con autocares y con aire festivo de todos los rincones del país. Han sido concentraciones festivas y masivas al margen de si los que el lunes acudieron a Barcelona eran más o menos que en años anteriores. En cualquier caso, eran muchos.
Las seis Diades han sido organizadas por la ANC y Òmnium, que han contado con cientos o miles de voluntarios que han hecho un buen trabajo. La primera escogió como lema “Catalunya, nuevo Estado de Europa” y el resto de convocatorias han ido introduciendo conceptos como la vía catalana hacia la independencia o la misma independencia.
La novedad de esta Diada no estaba en las calles ni en el carácter pacífico y festivo de la convocatoria. Lo nuevo se produjo en el Parlament de Catalunya, en el que la mayoría de Junts pel Sí y la CUP forzaron la aprobación de dos leyes de ruptura con el Estado. La primera hace referencia a la ley del Referéndum y la segunda a la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.
Estas dos leyes de ruptura no siguieron los trámites que permitieran a los diputados de la oposición ejercer sus derechos como parlamentarios. El aspecto de la Cámara en la que faltaban casi la mitad de diputados reflejaba la división política en la tramitación de sendas leyes. En su Espíritu sobre las leyes, Montesquieu estudia las diferencias entre la monarquía y la república y establece sus respectivas virtudes y defectos pero afirma que los dos sistemas tienen en común el respeto por la ley. La primera infracción que se produjo la semana pasada es que la mayoría parlamentaria aprobó dos leyes que van en contra de la legislación catalana. Así lo manifestaron los dirigentes de la oposición que abandonaron sus escaños al no querer votar una ley que consideraron ilegal.
Esta acción de ruptura formal fue recogida por el Gobierno Rajoy, al que le faltó tiempo para presentar recurso al Tribunal Constitucional para que las dos leyes quedaran suspendidas cautelarmente. Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría han sido incapaces de ofrecer una alternativa o una oferta política a la tensión que ha vivido Catalunya en los últimos años. Se han aferrado a las leyes y no han sabido presentar una alternativa antes de que el Ejecutivo catalán tomara una decisión rupturista que no lleva a ninguna parte. Sin el reconocimiento internacional, con la hostilidad política de España y con una Catalunya dividida veo muy improbable que se puedan colocar los fundamentos de la próxima república catalana.
La voluntad de Puigdemont ha tropezado con un Rajoy sentado, quieto, enviando mensajes de miedo y contando con los grandes poderes del Estado como se vio en la apertura del año judicial hace unos días. El conflicto con Catalunya le puede costar el cargo al presidente Rajoy, más por omisión que por acción. El gobierno largo de Antonio Maura cayó en 1909 como consecuencia de la Setmana Tràgica.
Si Rajoy perdiera la confianza del Congreso llegaría otro presidente conservador o socialista. Lo que no cambiaría es la posición del Gobierno de Madrid respecto de las leyes de ruptura que han sido aprobadas en Barcelona saltándose la legislatura catalana y española.
Este es el meollo del conflicto en estos momentos que no tiene una salida fácil. Puigdemont seguirá adelante como si los tribunales españoles fueran un simple decorado y Rajoy no ha sabido calibrar el alcance del descontento que ha ido incubándose en Catalunya desde el fallo del Tribunal Constitucional del 2010.
O se establece un clima de confianza entre catalanes y españoles, desde permitir que las lenguas oficiales puedan ser utilizadas en el Congreso hasta dedicar lo que es justo en las inversiones en Catalunya, o el conflicto seguirá cada vez más vivo.
Todavía se está a tiempo. A pesar de que el control del referéndum por parte del Estado pasará por encima de cualquier autoridad catalana, se puede negociar sobre todo. En estos momentos de vértigo político hay espacio y medios para no consumar una ruptura que sería muy perjudicial para España y Catalunya. La política, en todo caso, no se hace con grandes manifestaciones sino con actos de gobierno sometidos al Parlamento, lo que permite corregir abusos y arbitrar los intereses contrapuestos de los ciudadanos. Las minorías, en todo caso, tienen que ser protegidas siempre de abusos arbitrarios de las mayorías.
Puigdemont actúa como si las leyes fueran un decorado y Rajoy no ha observado el alcance del descontento catalán