La Fiscalía cita a centenares de alcaldes que apoyan el 1-O
Avisa que serán detenidos por los Mossos si se niegan a acudir a declarar Ordena a las policías locales vigilar que no se haga la consulta
RELACIÓN INCOMPLETA Badalona o Sabadell, que no están en la lista de la Fiscalía, cedieron locales
MANDATO IMPERATIVO Los alcaldes que no acudan al llamamiento del juez serán detenidos
La batalla por la celebración del referéndum alcanzó ayer una de sus cotas más sensibles: los ayuntamientos. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, remitió una orden a los fiscales jefes provinciales para que abran diligencias contra todos los consistorios que han anunciado que cederán locales para las votaciones, para que se cite a sus alcaldes como investigados y que en caso de que no acudan, sean detenidos por los Mossos d’Esquadra. En cascada, la fiscal jefe de Barcelona, Anna Magaldi, emitió otra instrucción para que las policías locales informen de los preparativos para el 1-O en su municipio y para que retiren las urnas.
Los ayuntamientos están en el ojo del huracán. El president y el vicepresidente de la Generalitat remitieron, tan pronto se aprobó la convocatoria del referéndum, una carta a los 947 alcaldes catalanes en la que los instaban a señalar los locales que estarían disponibles para la votación . El llamamiento ha puesto en un aprieto a los alcaldes que no están dispuestos a contravenir las instrucciones del Tribunal Constitucional.
El pasado viernes, la Fiscalía presentó una querella contra el Consell Executiu, admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la que se solicitaban unas medidas cautelares, entre las que constaban que se apercibiera a los consistorios a fin de que no facilitaran la consulta. En caso contrario, se procedería contra ellos.
Ayer se dio un paso más. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dictó una instrucción a los fiscales jefes provinciales para que abran diligencias de investigación contra 703 alcaldes y nueve consejos comarcales por su presunta colaboración con el 1-O. Además, ordena que se les cite a declarar como investigados, y añade que, en caso de que no comparezcan, se oficie a los Mossos para que los detengan y los presenten en Fiscalía.
¿Qué municipios son? Según el documento del fiscal general, aquellos que figuran en una lista que se encuentra en la web de la Associació de Municipios per la Independència AMI), y que adjunta en su comunicación. En total son 712 (en Catalunya hay 947). Son medianos y pequeños, hecha la salvedad de Girona y Manresa; y también figuran los consells comarcals del Alt Penedès, Garrigues y Pla de l’Estany. Por provincias, hay 207 organismos locales de Barcelona, 188 de Lleida, 141 de Tarragona y 176 de Girona. Se trata de aquellos que, en respuesta al requerimiento del Govern, firmaron un decreto en apoyo del referéndum.
La cuestión es que en la noche del 6 de septiembre, tras el tumultuoso pleno del Parlament, Puigdemont firmó dos decretos: el de convocatoria del referéndum y el de las medidas para la celebración de este. Y envió una carta a los ayuntamientos que facilitaba una dirección de correo electrónico para que los municipios expresaran si iban a dejar locales para la convocatoria. Por su parte, la AMI elaboró un documento de adhesión a la consulta que muchos alcaldes transformaron en decreto para ceder locales. Así, municipios importantes que están entre los que sí cederán locales no están en la lista de la AMI que ha utilizado la Fiscalía. Tal es el caso de Badalona, la tercera ciudad más poblada de Catalunya gobernada por una coalición de izquierdas en la orbita de Podem, ERC y la CUP. Otro tanto ocurre en Sabadell, la segunda de la lista por población y cuyo alcalde, Maties Serracant confirmó ayer que han cedido locales y firmado el decreto promovido por la AMI, informa Paloma Arenós.
Por su parte, la fiscal jefe de Barcelona, Anna Magaldi, ha ordenado a los Mossos d’Esquadra que se dirijan por escrito y con acuse de recibo a todas las policías locales, para que, si tienen conocimiento de preparativos para el referéndum, realicen un informe o atestado que deberán remitir con urgencia a la Fiscalía de la que dependan, y que lleven a cabo las diligencias “necesarias para acreditar los hechos delictivos y determinar las responsabilidades penales exigibles”.
O sea, que puede ocurrir que el jefe de la policía local deba investigar y denunciar a su alcalde o decomisar las urnas, papeletas e impresos electorales que encuentren.