Con el mazo dando
Superado el Onze de Setembre, el aparato del Estado ha comenzado a trabajar a fondo para impedir la celebración del referéndum de autodeterminación de Catalunya.
El jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, acata la instrucción de la fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de requisar las urnas y otros materiales relacionados con la organización de la consulta. Todos los agentes ya han sido informados. El cuerpo de policía de la Generalitat se mantiene en la legalidad constitucional. Silencio sepulcral de la red de propaganda soberanista. No pueden calificar de traidor al héroe de agosto.
El Tribunal Constitucional empieza a engrasar el mecanismo coercitivo que le entregó la mayoría absoluta del Partido Popular en la anterior legislatura. Desde hace dos años, el TC puede multar y suspender a cargos públicos. Pocos tribunales constitucionales europeos tienen esa potestad. A la Comisión de Venecia (órgano asesor del Consejo de Europa) ese cambio no le gustó. Lo considera válido, pero cree que la función sancionadora debería recaer en otros poderes del Estado. El mecanismo sancionador se va a estrenar con los miembros de la Sindicatura Electoral creada por la Generalitat. Ya están advertidos.
La Fiscalía General del Estado embiste de golpe a todos los alcaldes comprometidos con el referéndum. El fiscal Jose Manuel Maza, reprobado hace cuatro meses por el Congreso, ordena imputar a los setecientos alcaldes que han manifestado su adhesión al 1-O. Han sido llamados a declarar con la advertencia de que pueden ser detenidos si no comparecen. Los alcaldes de la CUP ya han anunciado desobediencia. Setecientos alcaldes imputados en una sociedad municipalista. Los mecanismos de solidaridad se disparan y la tensión se desplaza al terreno más favorable al independentismo: las pequeñas comunidades locales y las ciudades de tamaño medio. La verticalidad del aparato del Estado frente a la horizontalidad menestral catalana. Los de arriba y los de abajo. El mazazo se convierte en el nuevo marco narrativo y contribuye a difuminar los dos serios errores cometidos por el Govern de la Generalitat en la última semana: la voladura de la institucionalidad catalana en el Parlament –sesión de la que muchos dirigentes soberanistas hoy se arrepienten– y el impropio comportamiento del presidente de la Generalitat llamando a la ciudadanía a encararse con los alcaldes disconformes. Alcaldes de grandes ciudades bajo presión, sí. Y setecientos alcaldes de municipios pequeños y medianos empapelados. El fiscal Maza ha conseguido de un plumazo que las advertencias del PNV a Mariano Rajoy empiecen a concretarse. Los nacionalistas vascos firmaron ayer junto con los soberanistas catalanes y Podemos una petición de comparecencia del fiscal general del Estado en el Congreso.
La Guardia Civil desactiva la web del referéndum y al cabo de cinco minutos, la Generalitat activa otra, con sede en el extranjero.
Un juez de inspiración turca prohíbe en Madrid un acto de apoyo al “derecho a decidir” en un local municipal y abre una controversia en la capital de España sobre la libertad de reunión y expresión. La batalla que Podemos estaba esperando.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, apoya al Estado español. Y dos publicaciones europeas de referencia, los diarios
Financial Times y Le Monde, piden a Rajoy que afronte políticamente la cuestión.
El fiscal Maza traslada la tensión al terreno más favorable para los independentistas