El referéndum y los alcaldes
LA Fiscalía General del Estado cursó ayer orden a las fiscalías provinciales de Catalunya para que citen a declarar, como investigados, en compañía de un letrado, a los alcaldes de los municipios catalanes que contribuyan a la celebración del referéndum convocado para el 1-O. Si se negaran a comparecer, los munícipes podrían ser detenidos y llevados ante el fiscal, y se confiarían a los Mossos d’Esquadra las funciones de policía judicial. Un total de 712 alcaldes catalanes y presidentes de otras entidades (consejos comarcales, mancomunidades, etcétera) se ven afectados por la mencionada orden de la Fiscalía General del Estado.
Las más altas autoridades gubernamentales han afirmado una y otra vez que harían cuanto estuviera en su mano para defender la integridad del Estado ante el desafío planteado por el independentismo catalán, con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la cabeza. En esta línea se han expresado reiteradamente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que dicen no estar dispuestos a tolerar una alteración del orden constitucional. El rey Felipe VI intervino ayer en el debate al afirmar en Cuenca que “la Constitución prevalecerá frente a quienes quiebran la convivencia”.
Sentado este principio general, perfectamente lógico y comprensible para quienes quieren vivir en un Estado de derecho, es oportuno recordar que el presidente Rajoy ha manifestado y repetido que la respuesta del Estado al reto independentista debe seguir el principio de proporcionalidad. Esa es siempre una buena idea. En particular ahora, cuando tanto entre los defensores del Estado español como entre los partidarios de la independencia catalana se ha establecido un pulso en el que los aciertos políticos propios pueden llegar a ser tan importantes como los errores o excesos del rival.
Así las cosas, la decisión de la Fiscalía, que probablemente tendrá un notable impacto sobre el conjunto del territorio catalán, también sobre sus habitantes, causa cierta sorpresa y la consiguiente preocupación. Llamar a declarar a cerca del 80% de los alcaldes catalanes puede dar lugar a una importante reacción y propiciar hechos imprevisibles. En suma, difícilmente contribuirá a serenar los ánimos. La ley señala un camino inequívoco. Pero la oportunidad, la amplitud y el ritmo de su aplicación admiten cierta flexibilidad. Los tiempos son agitados. Precisamente por ello los planteamientos políticos o judiciales deben mesurarse con la mayor precisión. Sólo así se contendrán los problemas, algo siempre deseable y, en esta coyuntura, obligado.