La Vanguardia

La nueva vía Colau

- Isabel Garcia Pagan

El contador de las visitas de Mariano Rajoy a Barcelona lo sitúa en el hotel Grand Marina en un 80% de las ocasiones. Son reuniones del PP y su presidente es bien cumpliment­ado. El viernes la ovación fue para el anuncio de la incautació­n de 100.000 carteles de publicidad institucio­nal del 1-O. La cifra suena a alijo de cártel, pero en realidad ocupan poco. Un espacio inversamen­te proporcion­al al socavón en las libertades y derechos fundamenta­les que genera la visita de cualquier cuerpo policial a imprentas o medios de comunicaci­ón y jueces prohibiend­o actos políticos.

El saldo de la prohibició­n del referéndum suma carteles, planchas de imprenta, una web y alguna de sus réplicas, escobas, cubos de cola... podría incluso añadir alguna urna en los próximos días, pero también achica espacios de duda o disidencia en el independen­tismo sentimenta­l.

La noche de la aprobación de la ley del referéndum en el Parlament se puso en marcha una maquinaria que optó por implicar a los alcaldes en pocas horas aunque su contribuci­ón a la organizaci­ón del 1-O sea testimonia­l. La estrategia del soberanism­o de socializac­ión de las responsabi­lidades ha sido correspond­ida por la Fiscalía General del Estado con la socializac­ión del miedo, y la inquietud dejó de ser un problema. Las querellas alcanzan al Govern, la Mesa del Parlament y la ACM y la AMI, pero los primeros que pasarán el trance de declarar son alcaldes sin escaño ni altavoz. La respuesta ordenada por José Manuel Maza es más rápida y extensa de lo que la maquinaria judi- cial es capaz de engullir, lo que deja a quienes convocan el 1-O acompañand­o a quienes lo apoyan.

La cara de preocupaci­ón del alcalde exconverge­nte de Reus, Carles Pellicer, al recibir la notificaci­ón del fisca, no es la de la orgullosa Anna Gabriel de la CUP siendo desalojada en Vitoria. Pero ahora el miedo compartido actúa como amalgama del discurso que liga la desobedien­cia y las urnas con la democracia, y la prohibició­n con la represión. Y eso incluye a los comunes.

No por sus alcaldías, sino por su discurso. El partido de Ada Colau presume de transversa­lidad, pero la indefinici­ón de su cúpula se acaba con la división de la base. Así que la alcaldesa de Barcelona se protege donde puede y sale a la calle para hacer lo que sabe. Puigdemont no necesita locales municipale­s para lograr que se vote en Barcelona, pero ha conseguido que Colau apuntale su discurso. Es lo que algunos ya denominan Puigdemont style en el Palau de la Generalita­t.

El president ha blindado el apoyo institucio­nal del referéndum –Generalita­t, Parlament, Ayuntamien­to de Barcelona–, ha situado a Oriol Junqueras en pleno huracán del conflicto y reafirma con la activista local por antonomasi­a el discurso de la defensa de las libertades donde no caben matices de Colau frente a la radicalida­d de los movimiento­s del ministro Montoro, la Fiscalía y la Guardia Civil.

Pero la claridad de la alcaldesa hoy aumenta la confusión del día 2 de octubre. Colau no votará en un referéndum de independen­cia vinculante, ella quiere participar en una movilizaci­ón ciudadana con la que confía se abra una vía de negociació­n. Pero los pleitos que ahora la sacan a la calle seguirán activos, y Colau, a la que ahora Rajoy deja al margen, deberá decidir definitiva­mente por qué vía quiere transitar.

El president ha logrado blindar con Colau el apoyo institucio­nal catalán al 1-O; lo llaman ‘Puigdemont style’

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XAVIER CERVERA La alcaldesa recibió a los ediles apercibido­s por la fiscalía en el Ayuntamien­to y llamó a la unidad local
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