El BOE publica la orden de intervenir las cuentas de la Generalitat por el 1-O
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la orden del Ministerio de Hacienda de control de las cuentas de la Generalitat anunciada el viernes por el ministro Cristóbal Montoro. A través de ella, el Estado sustituye a la Generalitat en los pagos de servicios públicos con el objetivo de que no se destine ninguna partida a financiar el referéndum del 1-O.
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, negó que las medidas de control financiero sobre Catalunya supongan la aplicación del artículo 155 de la Constitución: “Estamos ante un control financiero excepcional como consecuencia de una situación de manifiesta ilegalidad e inconstitucionalidad en la que incurre la Generalitat y que obliga al Gobierno a poner en marcha este control financiero excepcional”, dijo en la Cope.
La publicación en el BOE activa el plazo de 48 horas para que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, “adopte y comunique” al ministerio un “acuerdo de no disponibilidad” sobre todo el presupuesto catalán que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales. En caso de que no se apruebe el acuerdo de no disponibilidad en el plazo establecido, “será el ministro de Hacienda el que lo adoptará en su sustitución”.
Además de comprometerse a no disponer de las partidas presupuestarias no destinadas a los servicios esenciales, la Generalitat deberá acreditar los pagos pendientes de la administración y certificar que no van destinados al referéndum.
El Estado no enviará nuevas transferencias a Catalunya para pagar los servicios públicos fundamentales, sino que abonará directamente estos servicios a los proveedores una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes. Esta medida se prolongará, de acuerdo con el texto publicado en el BOE, “hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general en la comunidad autónoma de Catalunya o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos en la comunidad autónoma”.
El Ejecutivo ha enviado el acuerdo adoptado a las entidades de crédito para que exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General, y si detectan cualquier irregularidad deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal. El Gobierno también limita todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluso a corto plazo, ya que deberán tener autorización previa del Consejo de Ministros.
El Gobierno adoptó este mecanismo de control de pago después de que el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, enviara el pasado jueves una carta al Ministerio de Hacienda en la que comunicaba que la Generalitat dejaba de enviar informes semanales sobre sus gastos y sólo lo haría de forma mensual. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicará los términos de esta decisión la próxima semana en una comparecencia a petición propia en el Congreso.
El control de pagos se mantendrá “hasta que desaparezca la situación de riesgo” en Catalunya