Un pacto de conveniencia SIN PERMISO
Hace poco más de una semana, los partidos independentistas dilapidaban su prestigio político con una actitud inadmisible en el Parlament, donde dinamitaron la Constitución y el Estatut aplicando el rodillo y por la vía exprés, sin ningún respeto por la otra mitad de la Cámara. Pues bien, en unos pocos días, algo tan grave ha quedado enterrado en la trepidante sucesión de acontecimientos gracias a las actuaciones del Gobierno de Rajoy, que corre el riesgo de perder la batalla del relato y el apoyo de una parte de los catalanes que no desean la independencia, pero que consideran inconcebibles los métodos aplicados para impedir el referéndum.
El PP siempre ha ido a remolque en este conflicto. “Esto no nos ocupa ni dos tardes al mes”, fue la respuesta de un alto cargo de la Moncloa preguntado en privado por el auge independentista allá por el 2013. Y ahora, cuando el choque llega a su clímax, se percibe que el Gobierno sigue sin tener un plan más allá de impedir lo que considera una humillación: que se coloquen las urnas. Ese ha sido el encargo preciso que ha recibido Soraya Sáenz de Santamaría, y en él se ha volca- do. Pero cuando se persigue un objetivo de forma obsesiva, se pierden los matices y se incurre en fallos. El independentismo ha fiado toda su estrategia al error que espera que cometa Mariano Rajoy: que la escenografía represora provoque sarpullidos entre una mayoría de los catalanes, más allá de los convencidos.
“Qué van a hacer: ¿enviar a la Guardia Civil?, ¿llevar a cientos de alcaldes a los tribunales? Que lo hagan...”. Es una frase repetida por dirigentes independentistas en los últimos meses. Los puntos suspensivos llevan implícito el deseo de convertir el 1-O
Puigdemont tiene un claro objetivo: que la actuación represora de Rajoy sume más catalanes a la protesta del 1-O, también a partidarios del no, sea en forma de papeletas o de movilización en la calle. Para ello, ha pactado con Colau.
en una protesta contra Rajoy, sea con una papeleta o con una pancarta en la calle. Carles Puigdemont espera que si el Gobierno del PP aplica una “persecución” indiscriminada, le ocurra como en la sentencia de Keynes: “Si yo te debo una libra, tengo un problema; pero si te debo un millón, el problema lo tienes tú”.
En los primeros mítines de esta campaña imposible (una campaña es un espacio en el que confrontar ideas, no un bombardeo de pensamiento monolítico), Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han enviado dos mensajes básicos: el primero consiste en ridiculizar las actuaciones judiciales y policiales encaminadas a impedir el referéndum como propias de una dictadura bananera, y el segundo se dirige a captar a quienes se sientan violentados por esa actitud aunque no deseen la independencia, ya que su voto por el no contribuye a legitimar el 1-O como un deseo transversal de la sociedad catalana.
A ese objetivo va a contribuir Ada Colau. Los comunes mantienen la ambigüedad sobre el fondo –dada la división de su electorado– con argumentos formales como el de calificar el 1-O de movilización, olvidando que no son ellos los convocantes y que estos consideran que no sólo es un referéndum, sino además, vinculante. Pero lo cierto es que, después de meses de cortejar a los comunes, Puigdemont se ha cobrado la pieza.
La alcaldesa no aportará locales para la votación. No pondrá en riesgo a funcionarios ni su carrera política, pero ejercerá de altavoz del relato independentista. El acuerdo entre Puigdemont y Colau no consiste en abrir locales para colocar urnas. La Generalitat ya cuenta con edificios de su propiedad para la votación, como ocurre en Tarragona o Lleida. Pero los alcaldes de estas poblaciones ven cómo el president llama a los ciudadanos a presionarles mientras se fotografía con la edil barcelonesa. El pacto entre Puigdemont y Colau es político. La alcaldesa permite al president decir que en Barcelona también se podrá votar el 1-O con normalidad, y él la sitúa fuera del bloque del PP. Un acuerdo de conveniencia con mucha escenificación: la carta pidiendo el referéndum a Rajoy con copia al Rey, la recepción del Ayuntamiento de Barcelona a los alcaldes citados por la justicia y, probablemente, veremos la foto de Colau votando el 1-O.
Los comunes no desean una victoria de ninguno de los dos bandos. Alegan que es lo mejor si luego hay que dialogar. Pero aún quedan dos semanas y unos y otros van a emplearse a fondo, a la espera de un error del rival que le lleve a capitular. Quizá después haya espacio para negociar porque, como escribió Stephan Zweig, “forma parte de la esencia de las concesiones políticas que lleguen siempre demasiado tarde”.